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República Centroafricana: del genocidio al Estado de derecho

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En junio se acentuó nuevamente la violencia en la República Centroafricana. A diferencia de Ruanda, la comunidad internacional reaccionó de inmediato.

Ya desde 2014 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francia y la Unión Africana enviaron tropas y especialistas en ayuda humanitaria para evitar más matanzas, desarmar a los bandos, estabilizar la situación y coadyuvar en la formación de un gobierno con instituciones eficaces.

El abogado mexicano Luis Benavides, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad de Ginebra, se encuentra en la República Centroafricana como uno de los cinco expertos que envió el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Hay una experta en armas (Bélgica), un experto en grupos armados (Argelia), un experto regional o político (Camerún), un experto en cuestiones financieras (Francia) y yo, que soy el experto en cuestiones humanitarias y derecho internacional humanitario”, dice en entrevista con Apro.

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El trabajo de Benavides es investigar quiénes son los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, así como supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la ONU; éstas consisten en el embargo de armas, congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de viaje de algunas personas.

“Son sanciones limitadas, porque algunos de los señores de la guerra no viajan en avión, no usan pasaportes ni tienen cuentas bancarias”, comenta Benavides, quien también participa en la creación de instituciones en la RCA.

“No hay instituciones, no hay estado de derecho, partimos de cero, pero poco a poco vamos avanzando; de hecho, hace un par de semanas tomaron juramento los primeros jueces y fiscales. La ONU y la Unión Europea también están creando un cuerpo de policía centroafricana.”
Benavides tiene experiencia en zonas de guerra y crisis humanitaria como Darfur y Sudán; este es su segundo año en la República Centroafricana.

“El grupo de expertos somos los ojos y los oídos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad”, señala el abogado y explica que actualmente las misiones son más complejas de lo que fueron hace 50 años cuando sólo se enviaba soldados. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) llegó en el 2014. Los franceses también enviaron tropas a su excolonia en la Misión Sangaris.

“La misión de la ONU es multidimensional. Se hace una labor político-civil-militar. Hay un componente para derechos humanos, hay otro para reforzar el estado de derecho. También nos ocupamos del desarrollo económico con proyectos de infraestructura. El componente militar (los Cascos Azules) protege a la población”, explica.

Benavides deja claro que el Consejo de Seguridad no puede enviar una misión sin el consentimiento del Estado afectado; si éste no quiere, no hay misión, no se puede imponer.

Guerra civil

En el 2013 los Séleka, una coalición de grupos armados musulmanes de origen árabe, dieron un golpe de Estado al presidente Francoise Bozizé y obtuvieron el control de la capital Bangui, pero no del resto del país.

Bozizé había llegado al poder también por un golpe de Estado y quería convertirse en presidente vitalicio del país. Su guardia pretoriana cometió los peores crímenes y saqueó lo poco que había, por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU le aplicó serias sanciones.

Para derrocar a Bozizé, los Séleka usaron mercenarios de Sudán, Níger y Chad, pero una vez cumplida su encomienda, los soldados de fortuna se dedicaron al pillaje, al robo, al secuestro, a violar y a matar. El presidente impuesto Michel Djotodia, no pudo controlarlos. La población cristiana católica y animista se organizó en autodefensas llamadas Antibalaka y después cobró venganza atacando a sus compatriotas musulmanes.

En 2014 Michel Djotodia totalmente desesperado pidió ayuda a la comunidad internacional. Djotodia fue tan inepto que en enero de 2014 fue obligado a dejar la presidencia. El Parlamento nombró a Catherine Samba-Panza como presidenta interina. En el 2016 hubo elecciones y el ganador fue Faustin Archange Touadéra, el actual presidente que en realidad sólo gobierna en la capital Bangui. Fuera de Bangui no hay sistema judicial, ni servicios básicos. Los enfrentamientos armados son cotidianos, no hay estabilidad social y las masacres continúan.

En mayo del 2015 las partes firmaron un acuerdo de paz para el desarme de las milicias y la devolución de miles de niños que fueron robados para convertirlos en soldados, pero esto no sucedió.

La República Centroafricana tiene una mayoría cristiana (70%) y una minoría musulmana (30%) que siempre habían convivido en paz hasta la llegada al poder de los Séleka, nombre que en el idioma sango significa, alianza; ella está formada por la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR), la Unión de Fuerzas Republicanas, y la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz.

Benavides analiza: “Esta disputa por el poder tiene un tinte genocida y de crímenes de lesa humanidad. Aparentemente es un pleito entre cristianos y musulmanes pero es mucho más complejo, más grave, más profundo, aunque internacionalmente se vea como una confrontación religiosa. Las familias son una mezcla de cristianos, animistas y musulmanes”.

–Si durante tantos siglos convivieron en paz, ¿qué fue lo que detonó la violencia?, se le pregunta al experto de la ONU.

–Tradicionalmente los cristianos eran los que manejaban el país; gobernaban la capital Bangui y tres ciudades, todo lo demás lo dejaron a su suerte. Llegó un momento en que los demás se hartaron. Hay causas legítimas en la sublevación de los musulmanes. Es una cuestión económica y de desarrollo, no religiosa. Muchos se hartaron de no tener escuelas, caminos, hospitales, nada. Fue una sublevación popular por una redistribución de la poca riqueza. Se trata abiertamente de una lucha de clases entre los que tienen algo y los que no tienen nada.

La República Centroafricana es uno de los países más pobres del planeta. La esperanza de vida es de 48 años y el analfabetismo alcanza al 90% de la población. La parte oriental del país carece de toda infraestructura.

Benavides conoce la zona y cuenta: “En la parte central de la RCA el sango es la lengua oficial; en la parte del Este no se habla porque el Estado nunca llegó allá. No hay escuelas, no hay infraestructura, no hay un solo policía. Los únicos que llegan allá son los mercaderes de Sudán que hablan árabe. Para muchas personas ellos son el único contacto con el mundo. La gente ni siquiera sabe que vive en la República Centroafricana”

El síndrome del pánico

La República Centroafricana tiene una población de 4.8 millones de personas y desde el 2004 la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) calcula en 481 mil los expatriados en los países vecinos: Camerún, Sudán, Sudán de Sur, Uganda, República Democrática del Congo, Congo-Brazzaville y República de Chad.

Benavides afirma que actualmente más del 10% de la población está en campamentos de refugiados. Tan solo Camerún tiene más de 250 mil refugiados centroafricanos y hay más de 120 mil en la República Democrática del Congo y en Chad.

El movimiento de personas es permanente. También hay refugiados del Congo y de Sudán del Sur en la República Centroafricana.

Algunos están en campamentos de la ACNUR, la mayoría llega a donde puede. Todos dependen de la ayuda internacional para su sobrevivencia y sólo se han conseguido fondos para cubrir el 30% de las necesidades humanitarias de los desplazados.

Las víctimas de la violencia de la RCA cruzan las fronteras para llegar a los campos de refugiados en Chad, Camerún y Congo. Según los reportes de Médicos Sin Fronteras, son interceptados en el camino por las milicias que los atacan a machetazos, violan a las mujeres, matan a los hombres, se llevan a las niñas para convertirlas en esclavas sexuales y a los niños en soldados. Todos los bandos en guerra cometen las mismas atrocidades. Los que logran sobrevivir, llegan a los campamentos de la ACNUR exhaustos, hambrientos, deshidratados y sobre todo aterrorizados. Todos tienen el síndrome de pánico.

Médicos Sin Fronteras los atiende y recoge sus testimonios que forman parte de los informes. Los reportes de MSF son una importante fuente directa de información para conocer las rutas de huída, saber qué grupo está actuando en qué lugar y qué armas usa.

Ya desde septiembre del 2014 el informe de Human Rights Watch titulado Estado de Anarquía: Rebelión y Abusos Contra Civiles, documentó detalladamente los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por las fuerzas gubernamentales como por los rebeldes. “La destrucción de 10 mil hogares fue el punto de partida del desastre humanitario”, sentencio el informe y señaló que ningún perpetrador fue castigado.

Como un detective

Benavides explica que su trabajo consiste en “identificar aquellos casos que son más paradigmáticos en cuanto a violaciones de derechos humanos, hacer una evaluación de las violaciones cometidas y tratar de identificar a los responsables para eventualmente someter sus nombres a consideración del Comité de Sanciones”.

Es como un detective que habla con las víctimas, escribe reportes, hace análisis que son enviados directamente al Consejo de Seguridad de la ONU. Todo ese material está en línea y cualquier persona puede leerlos en la página web del Consejo de Seguridad de la ONU en Comité de Sanciones.

“El grupo de cinco expertos es completamente independiente de la misión de Naciones Unidas. La información que obtenemos la reportamos directamente al Consejo de Seguridad. Todos los nombramientos del Grupo de Expertos los hace el Secretario General de Naciones Unidas personalmente, no por el Consejo de Seguridad, del que tenemos el consentimiento; éste puede vetar el nombramiento de alguno o de todos los expertos”.

–¿Los sancionados pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional?

–Algunos tienen sanciones y además son buscados por la Corte Penal en La Haya; otros simplemente reciben las sanciones de la ONU. Por ejemplo, el expresidente Bozizé está sometido a sanciones de la ONU pero no tienen ningún caso abierto en La Haya—responde.

–Los perpetradores saben que usted está allá y lo que hace. ¿Es un trabajo peligroso para usted y para sus informantes?

–Solo para mí; mis fuentes son confidenciales.

–¿Les debes avisar personalmente que son merecedores a sanciones?

–En algunos casos sí. Les notificamos que los estamos investigando y se les da la oportunidad legal y administrativa de que se defiendan. Hay criminales de guerra con los que no se puede hablar y mejor ni acercarse.

— Las sanciones de la ONU son algo muy distinto a un juicio en la propia República Centroafricana. ¿Pero que pasa con los perpetradores en un país donde no hay jueces, ministerio público o siquiera policías?

–El Consejo de Seguridad está formando en la RCA un gobierno, un ejército, una policía, un sistema judicial, en resumen, un estado de derecho”.

–¿Habrá que esperar a que haya un estado de derecho para llevar ante la justicia a dichos criminales?

–Naciones Unidas tiene una política clara en contra de la impunidad. Para la RCA se creó allí, dentro del sistema judicial del país, una Corte Penal especial, con un procurador y un fiscal especial que investigará los crímenes de 2013 a la fecha. Naciones Unidas ha ayudado mucho al establecimiento de esta Corte (edificio, salarios, apoyo logístico) para que eventualmente los jueces centroafricanos y jueces internacionales puedan juzgar a estar personas. Se les ayuda a construir instituciones. Tomando en cuenta que esto comenzó en el 2016, va bastante bien. Ya se designó al procurador; a principios de julio del 2017 prestaron juramento el fiscal y cinco jueces internacionales. Ya están trabajando y yo creo que habrá resultados a finales de este año. Tiempo récord en un lugar donde prácticamente partimos de cero.

–¿Ve usted odios arraigados entre los bandos?

–Sí, pero es mayor la sed de justicia.

–¿Sin justicia es posible la conciliación de las partes?

–Algunos grupos, incluso rebeldes, proponen la creación de una comisión de la verdad y de reconciliación nacional. Aquí hay un debate: ¿Es lo más importante llevar a los criminales a juicio? ¿Es esa la mejor solución? ¿Bastaría con que cada implicado confesara sus crímenes, qué hizo cuándo, con quién, contra quién? ¿O seguir el ejemplo de Sudáfrica que optó por una comisión de la verdad? Para los sudafricanos esa fue la solución. No hay una fórmula mágica para países en transición.

–¿Personalmente qué opción ve usted como la más adecuada para RCA?

–Yo creo que una combinación de comisión de la verdad y de llevar a juicio a los criminales. Hay un gran deseo de justicia, de que los crímenes no queden impunes, pero también es importante la reconciliación nacional y saber qué pasó en varios momentos de la historia de la RCA para evitar que se repita.

–¿Como mexicano, qué similitudes ve usted con México?

–Los dos países son muy diferentes en cuanto a su desarrollo y sería injusto equipararlos porque las historias son muy diferentes, sin embargo, yo diría que la ausencia del estado de derecho en muchas zonas y la falta de una autoridad confiable que pueda resolver los problemas es la similitud. Hay regiones en la RCA donde no hay un solo policía o un doctor. Hace falta un efectivo Estado de derecho tanto en la República Centroafricana como en México.

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