TOLUCA, Edomex. (apro).- Con el voto de Morena en contra por considerar que sólo se busca incrementar los ingresos de los fedatarios, la Legislatura mexiquense aprobó, a propuesta del gobernador priista Eruviel Ávila, la implementación del divorcio notarial y la donación de un predio en favor del Colegio de Notarios del Estado de México. A pesar de la molestia provocada con la designación de 12 nuevos notarios cercanos al sistema, el pasado 14 de julio, y aparte de ser impugnados por presunto incumplimiento de requisitos, el mandatario mexiquense propuso ahora ampliar las facultades de los fedatarios e incluso donarles un inmueble propiedad estatal. Las iniciativas fueron avaladas por mayoría de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (Panal), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). En tribuna, el diputado morenista Abel Valle aclaró, no obstante, que con las modificaciones el titular del Ejecutivo pretende beneficiar a un gremio reducido de amigos notarios. “Son favores que llegan a la Legislatura disfrazados de buenas intenciones”, destacó. Con la implementación de la figura del divorcio notarial, en lo sucesivo los cónyuges podrán tramitar su separación de mutuo acuerdo ante un fedatario, siempre y cuando no tengan hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieren liquidado su sociedad. Valle Castillo advirtió que la atribución es innecesaria, pues ya existe el divorcio administrativo, una figura idéntica que se tramita ante una dependencia de gobierno: el Registro Civil. La propuesta, consideró, “no incide en la mejor calidad de vida de los mexiquenses” y, por el contrario, incrementa los costos del beneficio al agregar el pago de honorarios a un notario. Ni siquiera, dijo, responde a una demanda o dinámica social, pues del boletín de estadísticas vitales del gobierno del Estado de México se desprende que esta clase de divorcios no tiene gran demanda: En 2015, destacó, en toda la entidad se tramitaron 623 divorcios administrativos; “no se justifica tramitarlos en otras dependencias, menos tratándose de notarías con otras funciones… Sólo quieren beneficiar los ingresos de las notarías estatales, de la élite de la sociedad mexiquense. Mejor que se difunda la tramitación del divorcio administrativo que no tiene costo de honorarios”, propuso sin éxito. Tras la designación, algunos aspirantes a notario en el Estado de México tramitaron diversos recursos en contra de las designaciones del 14 de julio, entre las que se encuentran las de Erasto Martínez Rojas, incondicional de Ávila Villegas; Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino José Manzur, secretario general de Gobierno; Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del presidente Enrique Peña, Erwin Lino, y Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona Méndez. Además, fueron nombrados Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador priista de Guerrero, y Gustavo Fernández Sauri, exsubdirector de Asistencia Alimentaria en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte y la presidencia de Karime Macías en el DIF, después coordinador de asesores en la Consejería Jurídica de Presidencia. De igual manera se convirtió en fedatario a Lorena Gárate, hija de Francisco Gárate Chapa, representante del PAN ante el INE depuesto tras la designación; Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del diputado federal panista Ulises Ramírez Núñez, y Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, secretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD. También se otorgaron notarías a Francisco Xavier Borrego Hinojosa, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas; Marcelo Rossetto Armida, exdirector jurídico de la empresa ICA, y a Alejandro Agundis Arias, exdirigente estatal y exdiputado del Verde, y también hermano de Francisco, coordinador parlamentario del PVEM en la Legislatura mexiquense. La mayoría de las solicitudes fueron desechadas arguyendo falta de interés jurídico; sin embargo, una demanda fue aceptada pero después remitida al Tribunal de Justicia Administrativa para su análisis –por promoverse en contra del Poder Legislativo– y ya se dio entrada a una de las quejas contra la negativa de amparo.