La 72 y la Estancia del Migrante, bajo asedio con todo y mecanismo de protección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a formar parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, los integrantes de los albergues de migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, y la Estancia del Migrante González y Martínez, de Tequisquiapan, Querétaro, siguen sufriendo hostigamiento y acoso.

En La 72, los responsables del acoso traen uniformes, ya sea de la policía o del Instituto Nacional de Migración (INM), y en Querétaro los agresores son empleados de compañías de seguridad privada, contratadas por la compañía Ferromex, denunciaron hoy organizaciones defensoras de derechos humanos.

En abril pasado, por ejemplo, el INM interpuso una denuncia por tráfico de personas contra fray Bernardo Molina Esquiliano, uno de los voluntarios del albergue, recordó la hermana Diana Muñoz Alba, abogada de la 72.

En una ocasión, el religioso transportaba a un grupo de personas en su camioneta hacia el albergue, cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del INM le detuvieron. Le preguntaron si las personas que viajaban con él eran indocumentadas, les contestó que sí, probablemente, pero que él no había revisado sus documentos.

Los uniformados le dejaron ir y posteriormente llegó la denuncia al albergue. Cuando Muñoz trató de obtener una copia del expediente, los agentes de la PGR le mintieron, pues aseveraron que los documentos estaban en la Ciudad de México, “pero sabemos que sigue en Tenosique”, insistió la abogada.

Muñoz informó que el fraile recibió un apoyo del obispo de Villahermosa, pero que las máximas autoridades católicas del país –la Nunciatura y el Episcopado– mantuvieron silencio al respecto.

Los integrantes del albergue están acostumbrados a tener una relación ríspida con las autoridades, principalmente las migratorias. “El INM descalifica nuestro trabajo, dice a los migrantes que fabricamos documentos falsos y que lucramos con ellos”, denunció Muñoz.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupa a 84 organizaciones mexicanas, recordó que la situación de los albergues es particularmente grave, ya que ambas se encuentran supuestamente protegidas por el Mecanismo, operado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

E insistió en que este Mecanismo ya demostró su ineficiencia, ya sea porque no da seguimiento a los casos –algunos de los cuales ocurrieron hace varios años– o porque no hace llamados a los gobiernos locales o al INM para que cesen los hostigamientos.

En los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto, la Red TDT registró 918 delitos perpetrados contra defensores de derechos humanos, y Ríos estimó que la situación se agravó para los activistas que operan a lo largo de la ruta migratoria desde que el mandatario implementó el Programa Frontera Sur, en verano de 2014. “De Sur a Norte, la ruta migratoria es un continuo de agresiones”, lamentó.

La académica Mariana Zaragoza, que integra el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, insistió en la “gran preocupación” de su casa de estudios ante el padrón de “criminalización y amenazas” que sufren los albergues por parte de actores estatales y privados.

A lo largo del año pasado, los integrantes de La 72 aportaron documentos –entre ellos números de placas y vouchers de cobros–, a las autoridades para desmantelar las redes criminales que realizaban secuestros masivos y asaltos contra migrantes en la región.

Según Muñoz, las autoridades hicieron caso omiso a las evidencias, y el pasado 6 de octubre, apenas tres días después que el albergue publicó un comunicado para denunciar el repunte de secuestros masivos en la zona, un individuo llamó al refugio y amenazó a sus integrantes.

Desde hace 17 años, la estancia de migrantes González y Martínez, ubicado en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro, aporta ayuda humanitaria a los migrantes que cruzan México encima de los vagones del tren de mercancías, recordó Martín Martínez Ríos, el fundador de la estancia.

Sin embargo, desde hace tres años, la compañía ferrocarrilera Ferromex contrató a empresas de seguridad privada para vigilar las vías del tren. En un primer tiempo fueron los polémicos Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem), una entidad pública “rentada” por el gobierno mexiquense a empresas e instituciones públicas.

La empresa que opera ahora es Multisistemas de Seguridad Industrial, la cual continuó con las malas prácticas de sus antecesoras: Los voluntarios del albergue ya vivieron varias situaciones dramáticas, en las que agentes de seguridad privada les dispararon. Estos agentes “no saben de derechos humanos ni portar un arma”, aseveró Martínez.

Es más: el activista sostiene que los agentes despojan a los migrantes de sus mochilas y zapatos, las primeras vacías y los segundos inservibles.

Recientemente, la empresa instaló cámaras de vigilancia dirigidas hacia el local que el albergue abrió en las inmediaciones de las vías. “El gobierno va a fabricar algo contra nosotros”, sospecha Martínez.

Otro detalle llama la atención de Martínez: militares, gendarmes y empleados de las empresas de seguridad suelen postrarse con todo y armas largas cerca del local, con el argumento de que protegen al tren. Sin embargo, el activista asegura que “nunca hubo robo al tren en este tramo”.

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