CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posibilidad de que el PRI utilice su mayoría simple en el Senado para imponer a Raúl Cervantes como el primer fiscal general de la nación para un periodo de nueve años, organizaciones sociales han elaborado una propuesta para rediseñar de fondo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la puerta de salida del gobierno de Enrique Peña para enfrentar los escándalos que han marcado a su gobierno y a su partido. Aunque la corrupción permea a todas las fuerzas políticas, como partido en el poder el PRI es el más interesado en asegurar impunidad ante casos como Odebrecht, OHL, el socavón, Javier Duarte o Roberto Borge, por mencionar sólo los más recientes escándalos que han abonado a la impronta de la corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Si algo puede hundir al PRI en las elecciones del próximo año es precisamente esa larga y pesada cadena de abusos de los gobernantes de ese partido. Hay que insistir en que la corrupción no es exclusiva de ese viejo partido nacido en el autoritarismo. Los gobiernos panistas, perredistas o verdes también han dado carta cabal a lo que el periodista estadunidense Alan Riding escribió en los años ochenta en su libro Vecinos distantes, que la corrupción es el aceite y el engrudo del sistema en México. El escándalo en torno a las propiedades del presidente del PAN y su familia es la muestra del día en el catálogo de la corrupción en el país. Cuando juró como presidente, Peña se comprometió a crear una comisión anticorrupción como una de sus propuestas más importantes de gobierno. El próximo 1 de septiembre, en su Quinto Informe de Gobierno podrá referirse al SNA como una institución creada durante su gestión. Pero es un organismo atado y cooptado por la clase política y gobernante en los tres poderes del Estado, en el que el tema de la participación ciudadana es una mera formalidad, casi casi anecdótico. Uno de los ejes del SNA es la Fiscalía General de la República (FGR), que reemplazará a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR). El ideal para el presidente y los priistas es que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, el responsable jurídico de la campaña presidencial de Peña Nieto, se convierta en el primer fiscal general del país. Por eso es que un amplio sector social, compuesto por más de un centenar de organizaciones no gubernamentales, académicos, profesionistas, empresarios y víctimas de la violencia han elaborado un “dictamen ciudadano” para reformar el diseño de la FGR. Es una propuesta impulsada por los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMas que recoge las nueve iniciativas que han sido presentadas en el Congreso de la Unión desde 2015, y que será presentada este martes 29 en un acto simbólico en el Ángel de la Independencia. El principio fundamental del dictamen es la creación de una FGR con verdadera independencia política, lo que a todas luces Raúl Cervantes no garantiza. La idea es que el fiscal no hay sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; lo que tampoco garantiza Cervantes Andrade porque fue senador del PRI en la actual legislatura. Los colectivos proponen también reducir de nueve a seis años improrrogables la duración en el cargo y que inicien el 1 de octubre del quinto año de gobierno, para reducir el grado de influencia del presidente de la República en la FGR. Aunque deja en el Senado la facultad de proponer al Ejecutivo federal una lista de seis candidatos a fiscal, para que sean los senadores los que finalmente elijan, buscan que la postulación sea mediante concurso público, tomando en cuenta la trayectoria, en especial en las áreas de seguridad pública, procuración o impartición de justicia. El actual diseño deja en el FGR la facultad de designar a sus dos fiscales especializados: de delitos electorales y combate a la corrupción. Lo que las organizaciones proponen es la creación de una fiscalía de Derechos Humanos y otra para Asuntos Internos o Inspección General. Sus titulares serían designados por el Senado por convocatoria pública y a través de una Comisión de Designaciones, integrada por nueve ciudadanos seleccionados también por el Senado. Cuando el próximo viernes comience el antepenúltimo periodo ordinario de sesiones del actual sexenio, el PRI estará obligado a definirse: si reafirma su vocación antidemocrática y corrupta o contribuye a la construcción de las bases mínimas para castigar los agravios que la corrupción causa a la vida pública, como sucede en casi todo el mundo, incluidos muchos de América Latina que han destituido presidentes o ministros y los han llevado a la cárcel por abusar del poder. Aunque no habrá que esperar demasiado, ya sabemos de qué lado está esa fuerza política. Comentarios: @jorgecarrascoa