Instan a Peña a reconocer competencia del Comité de ONU sobre desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A ocho años de que el gobierno de Felipe Calderón firmara el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano sigue negándose a reconocer la competencia del Comité de Trabajo de la ONU para recibir y examinar denuncias individuales de ciudadanos mexicanos.

Como cada año, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó hoy al gobierno de Enrique Peña Nieto para que reconozca la competencia de este Comité, con lo cual permitiría a los mexicanos “recurrir a una instancia internacional especializada en el legítimo reclamo de sus derechos”.

La ONU-DH también “exigió” a la Cámara de Diputados que apruebe la Ley General sobre Desaparición de Personas en los primeros días del próximo periodo de sesiones, que inicia este viernes 1 de septiembre.

A través del reconocimiento de la competencia del Comité de Trabajo, “el Estado mexicano daría una muestra adicional y concreta de querer atender el crítico problema que padece mediante la cooperación de los organismos internacionales”, planteó un comunicado que emitió hoy la dependencia de las Naciones Unidas.

De reconocer el ejercicio del Comité, se permitiría a las víctimas de desaparición forzada solicitar la apertura de una investigación y eventualmente obtener una reparación.

Jan Jarab, el titular de la oficina de ONU, subrayó que, en un país donde existen oficialmente más de 30 mil víctimas de desaparición, “es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo”.

La negativa del gobierno de Peña Nieto a reconocer la competencia del Comité tiene una larga historia, e incluso fue motivo de intercambios ríspidos entre la diplomacia mexicana y los órganos de derechos humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

Los 2 y 3 de febrero de 2015, por ejemplo, Juan Manuel Gómez Robledo –entonces representante de México ante la ONU en Ginebra— trató de justificar la decisión de la administración priista al aseverar que el Comité era “una institución reciente”, a la que habían adherido “apenas” 44 países.

Diez días más tarde, en lugar de aceptar las observaciones y recomendaciones que emitió el Comité, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –entonces dirigida por José Antonio Meade Kuribreña– optó por descalificar al organismo: declaró que sus planteamientos “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

Y la administración de Peña Nieto no sólo despreció a la ONU: también hizo caso omiso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que le instó el año pasado a reconocer la competencia del Comité, así como a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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