Una regresión laboral largamente anunciada

El 23 de enero último, apenas llegó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirarse del Tratado de Asociación Transpacífico, creado para formar la zona de libre comercio más amplia del mundo. En México, gobierno, empresarios y corporativistas aprovecharon para reformar la ley laboral, pero para que nada cambie. Esta nueva reforma sería inconstitucional, comentan a Proceso tres especialistas en la materia. Los entrevistados desmontan las maniobras del Ejecutivo, justo ahora que se abrieron las rondas para la revisión del TLCAN.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El próximo mes el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el propósito de empatarla con la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana aprobada en 2016.

También propone crear una suprainstancia que se encargue de vigilar al Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos que se planteó en la Constitución como un organismo autónomo.

Entrevistados al respecto, los abogados laboralistas Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas, así como Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, hablan sobre las presiones del sector empresarial y del corporativismo sindical al gobierno federal para seguir controlando el registro sindical y la contratación de protección.

Según Alcalde, la propuesta es totalmente ajena al tripartismo –gobierno, trabajadores y empresarios–. “Ahora se regresa al tripartismo, pero en peores condiciones que antes; serán tripartitos temas como el registro sindical, que antes no lo era”.

Bouzas lo secunda: “En esta reforma a la ley van a hacer maravillas. Si nos dijeran que hay un director del Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos y para que actúe con apego a los intereses de los sectores productivos para vigilar, eso sería violatorio de la ley.”

Bensusán, por su parte, sostiene: “Lo que hemos podido saber es que los empleadores no están de acuerdo en que el organismo que se va a encargar del registro de sindicatos y contratos colectivos sea autónomo…

“Es autónomo porque lo señala la Constitución, no lo pueden cambiar, pero creo que van a tratar de poner una especie de cuerpo de vigilancia, como en el Instituto Nacional Electoral, donde los partidos están presentes, pero sólo tienen voz, no voto. No sé qué esquemas se inventaron, pero creemos que es un retroceso.”

El miércoles 2, durante la sesión de la Comisión Permanente, se repartió una copia de la propuesta con punto de acuerdo urgente y de obvia resolución para que el Congreso se pronuncie respecto a estos cambios a la LFT y garantice que cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que les dieron origen.

En las consideraciones de esa propuesta elaborada por los diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refieren que les han dado a conocer un proyecto de reforma laboral promovido por la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) “con el apoyo del sector empresarial y que va en contra de los buenos propósitos que. se supondría, vendrían con la reforma constitucional en materia de justicia laboral” y se aplicarían a partir de febrero de 2018.

“Con esta propuesta –añaden– se vuelve a revivir la discusión, supuestamente ya salvada, de reformas que trataron de imponer cuando se analizó la iniciativa de Felipe Calderón”, como la promoción “de nueva cuenta” de los contratos colectivos de protección patronal, “al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no”.

Además, indica el documento, se impide a los trabajadores cambiar del sindicato impuesto por la empresa, “por todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento”. También se les niega la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el país y donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales, al incluir condiciones que no se pueden cumplir para depositar un contrato colectivo.

“De nuevo se protege a las empresas de subcontratación (outsourcing) cuando se señala que deben considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en los casos en que las personas morales no tengan empleados, cuando esto no debe existir”, se indica en las consideraciones.

El estilo priista

Alcalde Justiniani afirma que incluso ya se anunció la distribución de los espacios en el futuro instituto tripartito: “Tres para las grandes centrales obreras –CTM, CROC y CROM; otras tantas para el sector empresarial –Coparmex, Concamin y Concanaco, y tres para el gobierno –Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, así como un presidente con voto de calidad”.

A eso suma que el Senado continúe negándose a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la sindicalización y contratación colectiva, pese a que fue avalado por el gobierno federal.

Alcalde agrega: “El Convenio 98 está archivado porque el sector empresarial no lo quiere (avalar). ¡Cómo si el Senado requiriera de su autorización para la ratificación! Es la primera vez en la historia que un convenio internacional firmado por el presidente es detenido en el Senado. En este caso, desde diciembre de 2015.

“Es la crónica de una regresión anunciada. Todos los elementos indican que las intenciones que fueron plasmadas en la iniciativa de reforma constitucional no se cumplirán.

“El gobierno está atrapado en un verdadero dilema porque primero avanzaron las quejas internacionales, la exhibición del modelo laboral mexicano como corrupto –contrario a los derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional–, y luego da un paso atrás, porque aparentemente con el TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) se alejaba la ratificación y ahora está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en la mesa está el tema de los salarios mexicanos que son insultantes.”

También critica a los gobiernos priistas porque, dice, siempre han estado dispuestos a sacrificar la calidad de vida de la población porque tienen una idea equivocada del manejo de la economía del país. Piensan que lo único que México le puede ofrecer al mercado internacional es mano de obra barata.

“Es el mundo al revés. La posición del gobierno mexicano es: ‘Déjame explotar a los trabajadores como yo quiera; ese es mi derecho’. Esta posición se explica porque el grupo gobernante está obteniendo ventajas al repartirse las ganancias; en este momento, el de los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, señala.

Bouzas explica que la nueva ley debe empezar a operar en febrero del año entrante, pues las juntas ya no deberán operar y el Poder Judicial debe encargarse de los juicios laborales.

“¿A poco de aquí a septiembre van a reformar?, se pregunta. A no ser que ya tengan el proyecto armado y lo quieran pasar fast track como iniciativa preferente y mantengan el tripartismo; es decir, que pongan una instancia superior al director del instituto, de carácter tripartito, y con ese esquema mantengan el corporativismo en las relaciones laborales”, sostiene el entrevistado, quien, junto con Alcalde, participa en el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que el jueves 17 pidió tiempo para debatir los cambios a la ley en la materia.

Bouzas añade: “Para que la reforma a la ley laboral sea compatible con la constitucional los pasos deben ser planeados, programados. Eso no se hará en mes y medio, tardará años. Y para que esto sea así, el secretario del Trabajo debe informar a la sociedad qué se está haciendo en este sentido”.

En estos momentos, dice, el gobierno tiene que empatar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la promulgación de la ley reglamentaria y a nivel internacional es sumamente censurada la política laboral mexicana por este esquema tripartito que crea los contratos de protección patronal.

“¿Qué va a pasar con el TLCAN?, se pregunta. Es una incógnita. El señor Trump dice que no va a haber, pero los funcionarios mexicanos dicen que están avanzando. ¿A quién le creemos?

“Si hay TLCAN, seguramente va a presionar mucho en México para que haya un proceso de nivelación salarial. Los trabajadores estadunidenses tienen razón cuando dicen que la mano de obra barata mexicana les está afectando, por la fragmentación de los procesos productivos.

“El sector obrero oficial no quiere una reforma democratizadora porque se harían el harakiri; por el otro lado, el gobierno mexicano no sabe cómo convencer a los cabilderos de Estados Unidos de que no se metan en el aspecto laboral en México, que nos dejen como estamos.”

Bouzas acepta que ya no se puede ocultar la situación laboral en México. “Es escándalo internacional la cuestión de los salarios, la simulación contractual, las direcciones sindicales. Estamos en un momento muy difícil”, expresa.

Detalla que cualquier cambio a la ley en este sentido implicaría más flexibilización laboral, aumentaría el control del corporativismo –es decir, el tripartismo–, pero no saben cómo mantenerlo si la Constitución ya lo desconoció.

Para Bensusán, es un retroceso porque el sentido de la reforma constitucional era garantizar que este organismo fuera imparcial para garantizar que los trabajadores tuvieran la posibilidad de votar antes de que se celebre un contrato colectivo, ponerle fin a los sindicatos que no son representativos, así como a los contratos de protección.

“Y, otra vez, volvemos a dejar entrar a los interesados en que no cambie nada, que serían los empleadores y los sindicatos que ya están registrados; es decir, las grandes centrales sindicales. Y les volvemos a dar presencia. Entonces el objetivo que tenía la reforma se irá para atrás”.

El problema, dice, es que el organismo se integrará conforme a la ley secundaria de la LFT “y ahí es donde ellos, seguramente, van a querer justificar que la ley reglamentaria va a volver a determinar que, de una u otra manera, los empleadores y los sindicatos estén presentes. No conozco ningún lugar del mundo donde los empleadores o los sindicatos puedan tener algo que decir acerca de si se pueden o no formar los sindicatos”.

Mucho de lo que está pasando en el país desde la firma del TPP es que desde el extranjero le están diciendo al gobierno qué debe hacer en materia laboral para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. No hay contrapesos, las empresas no están pagando salarios remuneradores; tampoco capacitan a sus empleados, hay altas tasas de rotación laboral.

“Tenemos un gran problema no sólo de justicia, sino de hacer una verdadera revolución laboral. Pero como no tenemos contrapeso, nos hemos seguido 30 años con la política de los bajos salarios y ahora viene Trump y nos dice desde afuera: ‘¿Sabes qué? Aquí no juego más’.”

Bensusán considera que debe aprovecharse la coyuntura para cambiar el modelo laboral mexicano.

Secrecía gubernamental

El jueves 17, miembros del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral propusieron ampliar el plazo establecido para la reglamentación del artículo 123 constitucional que entrará en vigor en febrero de 2018, ante el riesgo de que los patrones intervengan en la contratación colectiva y que el gobierno quiera controlar los registros sindicales, pero las autoridades siguen en silencio.

Esta actitud gubernamental ha prevalecido desde 2015. En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana, necesaria para que México se ajustara al TPP, firmado el 4 de febrero de ese año en Nueva Zelanda. Nunca se supo el contenido de ese acuerdo signado junto con 11 naciones (Proceso 2050).

El 28 de abril del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y de la Constitución con demandas que sindicatos independientes habían exigido desde hace más de 30 años y que fueron conquistadas gracias a la presión del gobierno de Barack Obama, y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, con el fin de acabar con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal, que son un escándalo a nivel internacional (Proceso 2064).

Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron. Por primera vez en este sexenio hubo manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores, sino para no perder sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores–, el tripartismo en los juicios laborales, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción (Proceso 2083).

Sin embargo, el 23 de enero último, el presidente Trump, recién elegido, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo. Aquí, el gobierno, los empresarios y los corporativistas vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie. Esta nueva reforma sería inconstitucional, consideran Alcalde, Bouzas y Bensusán.

Este reportaje se publicó el 27 de agosto de 2017 en la edición 2130 de la revista Proceso.

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