Organismos internacionales expresan respaldo en San Lázaro a familiares de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exigencia para que en la primera quincena de septiembre los diputados aprueben el dictamen de la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares, y que México admita la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU para la atención de casos individuales, congregó a representantes de organismos internacionales para respaldar a familiares de desaparecidos en el recinto de San Lázaro.

En un acto convocado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por 49 colectivos de familiares de víctimas, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), Jan Jarab; la relatora especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamenta de Troitiño, y el delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Juan Pedro Shaerer, exhortaron a los legisladores a aprobar el dictamen enviado por el Senado a la Cámara de Diputados en abril pasado, así como “blindar” la ley con presupuesto para operar a la altura de la crisis humanitaria.

En participaciones por separado, los representantes de organismos internacionales hicieron eco del pronunciamiento de los integrantes de los colectivos de que el proyecto legislativo enviado por el Senado no responde del todo a las exigencias expuestas por los familiares en los últimos dos años y medio de negociaciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que aquél podrá perfeccionarse posteriormente, como ocurrió con la Ley General de Víctimas.

Los representantes de ONU, CIDH y el CICR asistieron puntuales al encuentro en el que familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México instalaron en una explanada interior del recinto de San Lázaro una representación del “árbol de la vida”, con fotografías de personas desaparecidas, acción que forma parte de la campaña “Mírame y dime que te importa”, para promover la aprobación de la legislación en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares.

Jarab invitó a los legisladores federales a “colocarse del lado correcto de la historia” para aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares enviada por el Senado, “con plena conciencia de sus limitaciones, pero ante todo de un conocimiento de sus fortalezas y potencialidades”.

Al sostener que la aprobación de dicha ley se convertirá en la “herencia legislativa más importante en el ámbito de derechos humanos”, Jarab reconoció que la legislación es “fruto del dolor y de un proceso de trabajo colectivo e inclusivo que alberga la gran esperanza de contribuir en romper los patrones existentes de impunidad y de revictimización de las familias”.

Tras anunciar el arranque de la campaña para que México acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para abordar casos individuales, Jarab también destacó que la voluntad política del gobierno federal y de los legisladores para atender el problema se podrá reflejar no sólo en la aprobación del proyecto, sino en “garantizar las partidas presupuestales necesarias para la implementación de la ley”.

En nombre de la CIDH, la comisionada Esmeralda Arosamenta hizo un reconocimiento al esfuerzo de las familias en la construcción del movimiento nacional de familiares de desaparecidos “en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, como una respuesta de amor, pero también de dignidad humana”.

Coordinadora también del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH para el caso Ayotzinapa, Arosamenta dijo tener el visto bueno del organismo para “levantar la voz haciendo un llamado de atención a México y a toda la región sobre la deuda pendiente que en esta materia tienen muchos de nuestros países, la desaparición forzada es un hecho delictivo, fenómeno cruel y perverso, pero es una realidad que está ocurriendo en la región”.

Al enlistar los desafíos de los Estados para abordar el problema –desde “las estructuras estatales, en la normativa penal en el propio manejo y comprensión del fenómeno y en el campo de la prevención, en la investigación, en la sanción y en la reparación”–, Arosamenta recordó que durante la visita in loco de la CIDH a México en 2015, el organismo recibió “cientos de testimonios de familiares desaparecidas”, lo que impactó en la emisión de medidas cautelares.

El representante del CICR, Juan Pedro Schaerer, trajo a colación las cifras ignominiosas que han distinguido a México en los últimos años: más de 30 mil desaparecidos registrados oficialmente, 855 fosas clandestinas con mil 548 cuerpos, de los cuales sólo han sido identificados 796, en los últimos diez años, de acuerdo con el último informe de la CNDH.

Schaerer apuntó algunos de los impactos que el drama mismo de la desaparición de personas genera en las familias y en la sociedad, como lo es la falta de reconocimiento de estatus jurídico, sumado al drama emocional.

También destacó que “la aprobación de la ley deberá garantizar la búsqueda inmediata de las personas que han desaparecido con investigaciones imparciales y diligentes que permitan identificar a los perpetradores de delitos y sancionarlos”.

No sólo eso, también llamó a “incidir en la práctica de servicios forenses en el país, en donde muchas personas fallecidas han sido inhumadas de manera contraria a los estándares internacionales sin tener información sobre su identidad, hecho que causa que los familiares se enfrenten en búsqueda continua sin respuesta”.

El representante de la CICR recomendó programas nacionales de búsqueda en vida, así como de exhumación e identificación, además de “planes y procesos estatales que permiten programar y concretar exhumaciones tanto en fosas clandestinas como en fosas comunes de panteones municipales”, agregó.

Al evento de exigencia de aprobación de la ley y de presupuesto para su implementación asistieron decenas de familiares de desaparecidos de varios estados de la República, así como el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, representantes de organizaciones civiles como Amnistía Internacional, entre ellos Chasel Colorado Piña; de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos; del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, May-ek Quereles, así como de la Cátedra Unesco de la UNAM, Gloria Ramírez, y de la Universidad Iberoamericana, Pablo Reyna.

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