CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá sustentar los próximos 6 y 7 de septiembre ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (CMW, por sus siglas en inglés), su tercer informe sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas que ha adoptado para garantizar los derechos humanos de la población migrante y sus familiares en el país. Dicho informe fue entregado al CMW el pasado 19 de mayo, pero organizaciones de la sociedad civil afirmaron en un comunicado que no observan un balance real del impacto de los marcos normativos y políticas públicas en materia migratoria, en la población migrante, sujeta de protección internacional y sus familiares. Señalaron que, si bien se han promulgado leyes y programas, “no se han cumplido en la práctica”, lo que continúa generando una violación sistemática de derechos humanos de la población migrante y sus familiares. Prueba de ello, son los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), según los cuales, del total de personas migrantes detenidas anualmente se deporta al 90%. Además, indicaron, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados señalan que apenas el 11% de las solicitudes de asilo se resuelven favorablemente. “Esta política de detención sin excepción, no identifica casos que requieren protección internacional, ni garantiza el ejercicio de derechos, lo cual, potencializa el panorama desfavorable para la población migrante y refugiada”, subrayaron. Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil realizaron un Informe Alternativo al presentado por el gobierno mexicano, mismo que se envió al Comité, el pasado 14 de agosto. Con este documento, explicaron, se busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, y mexicanas en otros países, a fin de abonar a la emisión de recomendaciones puntuales dirigidas al Estado mexicano, por parte del CMW, que se traduzcan en acciones concretas para garantizar el acceso y protección de derechos de las personas migrantes, refugiadas y sus familiares, así como para eliminar la xenofobia, discriminación y criminalización hacia estas poblaciones. En 1999, México ratificó la CMW y entre los compromisos que asumió está el de presentar informes periódicos sobre las acciones implementadas y sus avances en favor de la población migrante y sus familiares. La CMW fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y a la fecha ha sido ratificada por 50 países.