Yunes y Campa “plantan” a familiares de jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, “plantaron” a los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente “levantados” por policías estatales y entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los asesinaron y calcinaron en el rancho “El Limón”.

En el acto de una “disculpa pública” por la desaparición y asesinato de los jóvenes, y cuando recién pasó el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, Yunes y Campa mostraron su desdén al enviar a “sus segundones, que no trajeron ni resultados ni nada que nos sirva”, reprochó Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes en entrevista con Apro vía telefónica.

“¿A qué vienen?, sólo a ofrecer una disculpa de parte de la Federación y el gobernador. Mejor que se vayan, no traen resultados; su presencia de nada nos sirve?”, fustigó Benítez González.

En un video grabado por el portal e-consulta, se observa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez Marie, y al fiscal general Jorge Winckler Ortiz ofrecer una “disculpa institucional” por la desaparición y posterior asesinato de los jóvenes José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años, quienes según investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR fueron llevados al narco-rancho “El Limón”, donde fueron desnucados y luego incinerados.

A 19 meses de ocurridos los hechos, aunque hay una docena de detenidos, sólo se ha podido encontrar un fémur de Bernardo Benítez y manchas hemáticas que pertenecerían a Mario Arturo Orozco.

“Tenemos pendientes, y avances en la investigación que no llega. Una disculpa no sirve de nada; nos molestó muchísimo que nos hagan hincapié en que es una disculpa por hechos que no ocurrieron en esta administración. Qué carajos me importa a mí si fue la policía de (Javier) Duarte o ésta quien desapareció a mi hijo, nada me lo va a regresar, pero te lo restriegan como si en una desaparición se jugara un partido político”, criticó Bernardo Benítez al teléfono.

Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos optaron por correr a Winckler y a Téllez Marie del malogrado acto de disculpa pública, debido a que no se han dado avances en las investigaciones de la desaparición y posterior asesinato de los jóvenes ocurridos el 19 de enero de 2016.

“Yo no dudo que el gobernador Miguel Ángel Yunes quiera hacer bien las cosas, el problema es que tiene un fiscal y un titular de Seguridad Pública muy incapaces; les queda grande el puesto, vemos duplicados los asesinatos y la inseguridad a como estábamos antes”, acusó.

Apenas en febrero pasado los padres de los cinco jóvenes habían acudido a la FGE a demandar por “desaparición forzada” al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita.

Bermúdez, conocido como “Capitán Tormenta” al interior de la corporación, se encuentra actualmente con prisión preventiva en Pacho Viejo, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y de tráfico de influencias.

José Benítez Herrera, padre de otro de los cinco jóvenes “levantados” en Tierra Blanca, detalló que sólo poniendo esa denuncia se podría presionar para hacer justicia.

“Lo que quiero es que se haga justicia sobre los hechos de nosotros, nada más, lo demás no me interesa”.

Celestino Espinosa, abogado de los padres de las víctimas de Tierra Blanca, expuso que la intención de esta ampliación de denuncia es que Bermúdez Zurita sea acusado por desaparición forzada, donde se le podrán imputar hasta 45 años de prisión.

Actualmente por este delito sólo se encuentra en prisión Marcos Conde Hernández, exdelegado de la SSP en Tierra Blanca, indiciado en la investigación ministerial FGE/FIM/IM/01E/2016.

“Marcos Conde fue detenido antes de ser policía estatal portando armas, estuvo preso en Villa Aldama, que no pasaron los exámenes de control y confianza, que fueron cambiados de área o región junto con un grupo, y quien hacía los cambios era el secretario de Seguridad Pública”, explicó el apoderado legal.

Luego denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) ha abandonado el caso, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha dejado de hacer diligencias, y que la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) no los ha atendido.

En Veracruz, durante el sexenio de Duarte, hubo más de 3 mil 600 desaparecidos; incluso cifras oficiales de la FGE dan cuenta que en cien denuncias de desapariciones fueron resueltas las querellas, pues se encontró a dichas personas sin vida.

El caso de José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arróniz y Susana Tapia (de 16 años) sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, pues en entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los cinco jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de que les regresaran con vida a sus hijos. Dos semanas y media después se confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.

Hoy, frente al desdén tanto del gobierno de Yunes Linares como del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Bernardo Benítez se mostró negado a la resignación.

“¿Que sigue?, no lo sabemos, la Federación sólo nos da largas y largas, el gobierno de Yunes se excusa que no fue en su administración, tal vez quieran que nos resignemos, pero no, queremos justicia”, clamó.

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