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Manuel Velasco, exterminio racial por “inferioridad”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para nadie es un secreto que el sur del país es, en buena medida, tierra de nadie. Y esa circunstancia tiene pleno sentido en Chiapas, donde los nodos centrales de la corrupción y la impunidad cruzan el sistema nervioso de la actividad estatal. El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, representa la cúspide del desaseo político. Un grupo de abogados defensores de derechos humanos está integrando un abultado expediente contra el gobernante surgido del Partido Verde –el único gobierno que tiene formalmente– para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Y los delitos de los que se le va a imputar hacen que el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sea un juego de niños, a pesar de la gravísima corrupción que devastó a esa entidad. Y es que no es para menos.

Si Duarte dejó en la calle a miles de veracruzanos, robó, en apreciable medida, la paz social y aumentó sustancialmente el peligro para ejercer el periodismo independiente, nadie en su sano juicio podría afirmar que él buscó el exterminio de uno de los pueblos originarios de México. Lo suyo era –es– un asunto de caja, no de exterminación racial, como sucede con Velasco, quien, todo indica, se ha ido con todo contra los “indios tzotziles, tzeltales y choles” que –de acuerdo con un documento filtrado a los abogados activistas salido de la oficina del gobernante chiapaneco– “se trata de grupos inferiores que no desarrollaron plenamente sus funciones cerebrales y, por esa razón, se han convertido en una amenaza al desarrollo del Estado”, espeta de manera literal el “análisis” que se supone fue hecho en su coordinación de asesores.

La principal estrategia para “abatir” esa “amenaza histórica que los gobiernos anteriores dejaron crecer” se encuentra en “menguar y eliminar su reproducción al introducir factores inversos de transferencia para hacerlos más sensibles a enfermedades comunes para evitar su visibilización pública” así como “encarecerles los servicios médicos básicos”. Estas expresiones que podrían ser sacadas del nazismo o de algunos pueblos africanos que tienen desencuentros letales por diferencias raciales –como Liberia o Namibia–, no se habían dado en el curso de la historia de México. No, al menos, que hubieran trascendido a la opinión pública. Algo surgió en los ochenta para combatir el crecimiento poblacional, pero sin destinatarios raciales hasta donde se supo.

Y, en efecto, bajo el disfraz de la corrupción e impunidad común –es decir, sin tener a grupos específicos como objetivos sino únicamente con el ánimo de incurrir en delitos e ilícitos para provecho personal– se enfocan las baterías en esa “política pública” para sacar a Chiapas del “subdesarrollo” en que vive.

Ese ánimo de exterminio parece tener sentido por el “casual” bloqueo de 12 comunidades de Chiapas para atención médica. Históricamente por los accidentes orográficos de las zonas, el estado otorgaba apoyos a través de dos vías: el envío de médicos para tareas de prevención (como vacunas) y tratamientos de primer nivel o medicina familiar, así como servicio aéreo para casos de enfermedades que sólo pueden ser tratadas en hospitales de segundo nivel o partos con alguna complicación. Hoy eso ha dejado de suceder. Los médicos ya no van físicamente, pero firman que sí fueron. Y las empresas de servicios aéreos no los prestan más porque “no hay dinero”.

Así lo revela, por ejemplo, un documento de la empresa Servicios Aéreos San Cristóbal, SA de CV, que deja al descubierto un adeudo no pagado por el gobierno de Manuel Velasco. Ese hecho deja en estado de indefensión a estas comunidades, cuyos enfermos deben ser trasladados a pie en jornadas de más de 14 horas (siete horas por veredas y otras tantas por terracería) a la cabecera municipal más cercana, Ocosingo, donde gran parte no llega y quienes lo hacen, arriban con diagnósticos de pronóstico reservado. Por supuesto, es grave que se incurra en estas omisiones asesinas del estado de Chiapas, pero lo es más que esto tenga lugar como parte de un conjunto de acciones concertadas para eliminar a ¡pueblos originarios!

Esta descabellada campaña –que presuntamente es encabezada por el gobernador Velasco– tiene un efecto transexenal para cumplir su cometido, de ahí que el conspicuo senador Luis Armando Melgar Bravo, directivo también de TV Azteca (viva el estado de derecho), quien se había mantenido con bajo perfil parece ser parte de este peligrosísimo plan.

De entrada, la Cruz Roja Internacional debería hacer inspecciones aleatorias a vacunas y todo tipo de medicamentos dirigidos a estos grupos raciales que forman parte de la diversidad pluriétnica del país para detectar y sancionar cualquier irregularidad. Lo peor que se puede hacer en estos casos, por más absurdos que parezcan, es quedarse callado esperando que alguien haga algo. No es ese nuestro caso. Pasaremos de la prédica a la práctica contra estos planes de exterminio inaceptables aun en un país tan corrupto como México.

@evillanuevamx

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