CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una reducción en el número de recomendaciones de la CNDH dirigidas a dependencias federales, el aumento de las medidas de protección a periodistas y activistas, así como de las mesas de trabajo con familiares de desaparecidos, son algunos de los avances en materia de derechos humanos considerados en el Quinto Informe de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con las cifras del gobierno de la República, durante 2016 decreció en 30.2% el número de quejas emitidas por la CNDH desde 2012 a la fecha, al pasar de 66 en 2017 a 44 del año pasado. Pese a que están pendientes recomendaciones importantes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto considera un logro que durante su administración se hayan recibido 182 amonestaciones de la CNDH contra las 209 dirigidas al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, en la revisión por año de la emisión de recomendaciones se observa un crecimiento entre las enviadas por la CNDH a la Administración Pública Federal. En 2015 el número de recomendaciones dirigidas sólo a instancias federales fueron 29, a las que se suman cinco si se considera que los documentos del organismo se dirigieron en un mismo documento a instancias federales y estatales, con lo que sumaron 34, en tanto que el año pasado la proporción fue de 33, más once, lo que da un total de 44 recomendaciones en 2016 para instancias federales y estatales. En relación con la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, el Informe señala que, de diciembre de 2012 a junio de 2017, cerca de 739 personas fueron motivo de protección, de las que 421 son activistas y 318 comunicadores. En cuanto a la atención a familiares de desaparecidos, se sostiene que durante el año de referencia se realizaron 108 mesas de trabajo “para coadyuvar en a la investigación, búsqueda y localización” de personas en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Guerrero, y que se atendió a mil 418 familiares de víctimas o denunciantes De dichas reuniones se sostiene que 31 familias de desaparecidos accedieron al programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que en 2016 publicó 66 acuerdos en la materia contra 44 en 2015. Se destaca que, en 62 mesas de trabajo realizadas en la Ciudad de México, se realizaron acciones que permitieron la localización de tres mujeres con vida, en tanto que “se atendieron 153 casos de víctimas directas de violaciones a derechos humanos, a quienes se les brindó asistencia integral”. Se asegura que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio asistencia psicológica a integrantes de “Los Otros Desaparecidos de Iguala. Hasta Encontrarte” en 21 sesiones, con asistencia promedio de 35 personas en cada una. El documento enlista decenas de cursos de capacitación a personal policial y castrense en materia de derechos humanos, así como a servidores públicos federales. El Informe también incluye como logro del gobierno peñanietista la publicación reciente de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como algunas reformas en materia de telecomunicaciones y la Ley General de Víctimas.