“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

El fiscal, la sucesión y la “protección” a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el inicio del periodo más delicado de la sucesión presidencial, los escenarios para el 2018 se le descomponen al primer mandatario. Todo parece indicar que al primer y último presidente del Grupo Atlacomulco le interesa más definir quién le garantizará la protección transexenal y no quién podrá mantener al PRI en la presidencia de la República.

Para lograrlo, está dispuesto lo mismo a sacrificar a su propio partido que a establecer una alianza con su antecesor Felipe Calderón o con quien le garantice lo mismo que él hizo con Arturo Montiel: la impunidad real.

La crisis derivada por la designación de un Fiscal General de la República transexenal sólo revela lo profundo de las divisiones y fracturas al interior del bloque peñista, de sus exaliados (incluyendo a los empresarios y organizaciones que siguen a Claudio X. González), de los panistas que habían apoyado a Peña Nieto en el Pacto por México y de los perredistas que enfrentan con poca dignidad el desfondamiento de su partido ante la imparable “cargada” hacia Morena y hacia Andrés Manuel López Obrador, como se demostró este domingo 3 de septiembre.

El nombre de la crisis no es Raúl Cervantes Andrade. El actual procurador general de la República ya era una pieza intercambiable como fiscal general transexenal desde que el escándalo Odebrecht demostró lo profundo de la corrupción entre los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ambos involucrados en esta red trasnacional de sobornos, así como otros expedientes que entrelazan a ambos mandatarios.

El nombre de la crisis es el “pase automático” hacia la construcción de un Fiscal General controlado por el peñismo. Ni los organismos empresariales, ni las organizaciones civiles firmantes del desplegado #PorUnaFiscalíaQueSirva, ni la corriente articulada en torno al lópezobradorismo aceptarán ningún pase automático. En otras palabras, están vetando una propuesta que surja de Los Pinos sin el consenso de otras fuerzas.

El último golpe mediático contra Raúl Cervantes se lo dio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La revelación del domicilio falso para documentar la propiedad de un Ferrari demostró las mañas y las manías propias de un abogado que debiera ser un auténtico cazador de corruptelas grandes y pequeñas y no parte de las sospechas. Cervantes forma parte, además, de un triángulo de poder familiar que no cuenta con el respaldo de los otros grupos priistas: el formado por sus primos Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de Los Pinos, y por Alfredo Castillo Cervantes.

Lo difícil en estos momentos de fracturas parlamentarias es lograr la mayoría calificada (dos terceras partes) para realizar la última reforma constitucional necesaria del sexenio: eliminar el transitorio décimo sexto del artículo 102 constitucional (el “pase automático”), así como redactar la ley de la fiscalía general que deberá aterrizar sus funciones y los alcances de sus dos fiscalías: la de delitos electorales (FEPADE) y la de Anticorrupción.

Paradójicamente, Peña Nieto quiso lograr lo que Javier Duarte consiguió antes de salir prófugo del país: nombrar un fiscal a modo que le cubra las espaldas, y las consecuencias en ambos están a la vista.

La paranoia peñista ha generado una profunda crisis coyuntural. El dirigente panista Ricardo Anaya capitalizó la incertidumbre y decidió encarecer su apoyo al gobierno federal, después de las crisis poselectorales del Estado de México y de Coahuila, para relanzar su candidatura.

El PRI y Peña Nieto decidieron endurecerse y las consecuencias se vivieron en estos últimos días: se fracturó el PAN en el Senado y la elección de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva ha degenerado en una crisis constitucional en la Cámara de Diputados que no han podido instalar su Mesa Directiva.

La alianza de facto que el peñismo ha decidido emprender con el calderonismo provocará una peligrosa polarización no sólo en el PAN sino en el propio PRI. Si el nombre del “protector” transexenal es José Antonio Meade –apoyado por Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero, los mismos calderonistas que crearon la fractura en el Senado- las consecuencias serán muy graves en el partido gobernante.

Al no tener claro quién será el candidato del PRI en el 2018, la incertidumbre se ha trasladado a los dos partidos que acompañaron al peñismo en el Pacto por México: el PRD y el PAN. Esta situación ha beneficiado más al único personaje que tiene hasta ahora el veto político de Peña Nieto para ser su sucesor en el 2018: el exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Este martes 5 de septiembre, en conferencia realizada en Washington, el dirigente y candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dejó muy claro que sí Peña Nieto impone al actual procurador general como fiscal transexenal, él pedirá al Congreso cambiar la ley para removerlo.

“Si se impone, esto va a ser motivo para llamar a que se tenga mayoría en el Congreso, modificar la ley y remover al fiscal”, afirmó López Obrador. Y “destapó” a Tatiana Clouthier, exdiputada federal del PAN e hija del excandidato presidencial blanquiazul de 1988, como su propuesta para fiscal general porque “es honesta, íntegra e independiente”.

Una vez más, López Obrador podría marcar la agenda en este tema, mientras el PRI en el Senado no toma una posición clara respecto al tema del fiscal, los cinco senadores panistas también se desmarcan del “Fiscal carnal” y Peña Nieto aún pretende deshojar una margarita para definir quién será su sucesor.

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