CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción total por 191 millones 686 mil 394 pesos a cinco partidos, luego de resolver el origen y destino de los recursos utilizados en las campañas electorales de 2012. De acuerdo con el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, la medida derivó del acatamiento de diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenadas el 16 de agosto del año pasado. En ese sentido, el Consejo General impuso al PRI una sanción de 78 millones 950 mil pesos; al PVEM, 19 millones 520 mil 153; al PRD, 46 millones, 603 mil 684 pesos; a Movimiento Ciudadano (MC), 22 millones 369 mil 592 pesos, y al PT, 24 millones 233 mil 870 pesos. A propuesta de Andrade, dichas sanciones empezarán a cobrarse hasta después del día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Por otra parte, se informó que el Consejo General recibió siete informes sobre el desarrollo de los procesos electorales locales 2016-2017 celebrados en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que dan cuenta de diversos aspectos que el INE deberá mejorar para los próximos procesos electorales. Entre dichos informes destacan temas como el registro de representantes generales y ante casilla, la instalación y funcionamiento de las casillas en la jornada electoral 2017, y el seguimiento y operación de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares. Este martes, al desahogar el orden del día, el pleno del Consejo aprobó los criterios del Registro Federal de Electores en materia de verificación de apoyo ciudadano para las peticiones de consulta popular. Al respecto, el consejero Benito Nacif afirmó que los criterios aprobados en materia de verificación del apoyo ciudadano servirán de base para brindar certeza y claridad a los procedimientos y resultados en el ejercicio de este derecho ciudadano de participar en la vida democrática del país. “Estos criterios van a permitir al Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevar a cabo las actividades referentes a la verificación de los registros de aquellos ciudadanos que apoyan la consulta popular y la comprobación de la autenticidad de las firmas, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación que, en materia de consultas populares, le confiere la Constitución y la ley”, añadió.