MADRID (apro).- El gobierno español que encabeza Mariano Rajoy promovió este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de paralizar todas las actuaciones para que se celebre el referéndum en Cataluña, el próximo 1 de octubre (1-O). El anuncio lo hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, luego de que el Parlamento catalán dio entrada a la ley para convocar a un referéndum por su independencia, que se prevé sea votada hoy mismo. La sesión de este miércoles en Barcelona estuvo marcada por la tensión, desde que la presidenta de la Cámara Carme Forcadell inició el trámite ante la petición de los dos partidos que forman el gobierno de la Generalitat, Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido antisistema, para presentar la iniciativa de ley de referéndum En el arranque de la sesión, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira pidió la modificación del orden del día para incluir la votación de la ley del referéndum, invocando un artículo del reglamento que permite esta modificación parlamentaria. Pidió una aprobación fast track de dicha norma, al solicitar que se suprimiera la mayoría de los trámites, incluida la petición del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. La presidenta Forcadell sólo permitió dos horas a la oposición para que presentaran enmiendas, lo que calentó el ánimo de los diputados que reclamaron que se estaba vulnerando el reglamento de la Cámara. Los portavoces de los partidos Socialista de Cataluña (PSC) y Popular (PP), así como de Ciudadanos (C´s), reclamaron a los independentistas por no respetar el reglamento de la Cámara al no disponer de 48 horas para examinar el texto de la ley del referéndum. Carlos Carrizosa, diputado de C´s, criticó a la mesa por considerarla una “gestoría del Govern de (el presidente Carles) Puigdemont”. El portavoz de Catalunya Sí que Es Pot, Joan Coscubiela, anunció que su formación se abstenía de esa votación por considerarla una “degradación” de la Cámara catalana. Acusó al gobierno de Puigdemont y a la CUP de romper la democracia catalana y situarla en un “estado de excepción”. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría calificó de “bochornoso” y “vergonzoso” que el pleno del Parlament haya dado “una patada a la democracia” al aprobar una legislación “ilegal”, debido a que el parlamento catalán no tiene facultades para convocar a un referéndum, ya que eso sólo puede hacerlo el gobierno central. Lo hizo en una conferencia de prensa donde dijo que se presentó un “incidente de ejecución de sentencia” ante el TC que sancionaría el hecho de que la mesa de la Cámara catalana diera entrada al trámite parlamentario de la ley, por la alteración del orden del día y por la negativa a la reconsideración de los diputados que se oponían. Este recurso abre posibles acciones judiciales contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, de los miembros de la mesa y otros gestores de la actuación parlamentaria. Sáenz de Santamaría anunció: “Hemos puesto en marcha todos los mecanismos contra esta barbaridad constitucional y democrática. Se mantendrá la dignidad de las instituciones”. Y añadió que van a “defender la Constitución, la democracia y las libertades”. A la par, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció que presentará una querella por “desobediencia” y “prevaricación” contra los miembros de la mesa del parlament por aprobar la admisión a trámite de la ley del referéndum. La medida se presentará contra cuatro diputados del partido Junts pel Sí, incluida la presidenta del parlament, Carme Forcadell, y contra el diputado de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet, porque esa legislación supone desarrollar la hoja de ruta independentista anulada por el Tribunal Constitucional. En esta sesión decisiva para el proceso soberanista se produjeron incidentes muy notorios, como el hecho de que previo al inicio, la presidenta del Parlament pidió la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, por considerar que se convirtieron “en una extensión más del gobierno del Estado y han perdido toda legitimidad”, según dijo en su cuenta de Twitter. En el escrito acusa al TC de “falta de imparcialidad” de los magistrados y para “garantizar” su derecho de defensa. Asimismo, que el secretario general del Parlament y el abogado mayor de la misma Cámara, Xavier Muro y Antoni Bayona, respectivamente, presentaron un escrito dirigido a la mesa en el que alertan que tramitar estas leyes de desconexión choca con las advertencias del Tribunal Constitucional. Derivado del informe, el TC podría actuar contra los miembros de la mesa, por considerar que tramitar estas leyes está afectada “por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula” la resolución de la consulta celebrada ya el 9 de noviembre de 2014, por lo que “el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la mesa”. El gobierno de Rajoy anunció que este jueves se reunirá de forma extraordinaria el Consejo de Ministros para pedir al TC la declaratoria de inconstitucionalidad a la ley de referéndum de Cataluña. Esta decisión estará respaldada por un informe jurídico que ya se elabora por parte del Consejo de Estado, que lo tendrá listo cuando se produzca la reunión del Consejo de Ministros. La sesión continúa, y se ha anunciado que hoy mismo será votada la ley de referéndum.