CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el voto mayoritario, el Parlamento de Cataluña aprobó hoy una ley para amparar el referéndum secesionista programado para el próximo 1 de octubre. La medida abre la puerta a que el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, firme de inmediato la convocatoria oficial a la consulta soberanista que prometió hace un año y que abrió una crisis institucional de final imprevisible. A su vez, instaura “un régimen jurídico excepcional” para regular y garantizar el referéndum, e incluye la pregunta que se planteará el 1 de octubre a los catalanes: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el “sí” a la independencia, se abriría “un proceso constituyente”. La ley ha obtenido 72 votos a favor de los grupos independentistas, ninguno en contra y 11 abstenciones, mientras que los diputados de la oposición abandonaron el hemiciclo antes de la votación. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió hoy al Tribunal Constitucional que anule las decisiones del Parlamento catalán que han permitido debatir y votar una propuesta de ley que el Ejecutivo español considera ilegal. El “Parlament” aprobará también estos días otra norma clave conocida como “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana”, con la que pretende garantizar la legalidad durante el periodo comprendido entre la supuesta celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el “sí”. Crisis constitucional La convocatoria del referéndum y el rechazo del gobierno central abre lo que algunos analistas consideran la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España y plantea un escenario imprevisible para las tres semanas que restan hasta el 1 de octubre. Mientras Puigdemont ha dejado claro que seguirá adelante con el plan soberanista pese a las impugnaciones de la justicia, el gobierno de Rajoy insistió hoy en que tiene “todo preparado” para impedir la consulta, pero no aclaró aún con qué herramientas lo hará. Una vía posible es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar “las medidas necesarias” para hacer que una comunidad autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias. Otra es acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que busca “proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos”. Aplicada al caso catalán, permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la policía regional y los empleados públicos e incluso sustituir a funcionarios políticos. (Con información de agencias)