Con presencia en el estado desde el sexenio pasado, como parte del Operativo Chihuahua, el general Alejandro Sandoval decidió asentarse en la entidad. Ya retirado, creó ahí una empresa de seguridad privada, para cuyos agentes la Sedena ha surtido un gran número de licencias para portación de armas. Otros empresarios del ramo se quejan: sólo a él, al militar, se le dan todas las facilidades para adquirir esos permisos y por ende, su compañía ya domina el mercado local de la seguridad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El general de Infantería Alejandro Sandoval Torres llegó a principios de 2009 a Ciudad Juárez como comandante de la Guarnición Militar local. Acababa de ser ascendido a brigadier por el entonces presidente Felipe Calderón y pasó a formar parte de los mandos del Operativo Chihuahua, que el Ejército encabezó por orden del mandatario. A pesar de la retirada de los militares el siguiente año, por el marcado incremento en las violaciones a los derechos humanos en el estado, el jefe castrense se mantuvo en el mando y hasta aspiró a ser jefe de la policía de Ciudad Juárez. Hoy, ya retirado, de la mano de exfuncionarios de la secretarías de la Defensa (Sedena) y de Gobernación (Segob), es amo y señor de la seguridad privada en esa estratégica localidad fronteriza. Cuando Ciudad Juárez vivía su peor época de violencia, en el gobierno de Calderón, por la disputa de los cárteles de la droga y la respuesta represiva gubernamental, una disposición de la Sedena –que se adelantó a una reforma de la Ley Federal de Seguridad Privada que estaba por votarse en el Congreso de la Unión– ordenó que para el último día de agosto de 2011 todos los guardias privados de la ciudad entregaran sus armas. Pese a sus quejas, los empresarios que contrataron guardias privados en momentos en que Juárez era considerada la ciudad más violenta del mundo, lo único que ganaron fue tiempo. La Fiscalía General del Estado cifró entonces la existencia de más de mil armas en manos de unos 800 guardias privados; los calibres eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros, que habían sido compradas por los propios empresarios. La ASI Durante años, los empresarios que contrataban escoltas en Chihuahua pagaban para portar armas bajo la licencia colectiva de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde quedaban registrados como “agentes Clase E” de la policía del estado. Con el cambio, ya no serían considerados agentes policiacos, sino empleados de empresas de seguridad privada. La Sedena ordenó que todos ellos entregaran sus armas y estableció que los permisos de portación se tendrían que gestionar a través de empresas privadas, según dio a conocer en ese momento la Fiscalía estatal. Como guardias privados, de acuerdo con la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, sólo pueden utilizar pistolas calibre .380 y escopetas calibre 12 milímetros. Los empresarios dijeron estar en desventaja ante los grupos de delincuencia organizada que en ese momento habían hecho de Juárez la referencia mundial del crimen. A partir de esa medida, quienes quisieran tener guardias armados debían contratar a compañías privadas para tramitar la licencia. Así, de golpe, se creó un gran nicho de mercado en la seguridad privada de Chihuahua. El gran beneficiado fue el general Sandoval Torres, un profundo conocedor de la actividad delictiva en Ciudad Juárez y quien se había retirado del Ejército en junio de 2011, tres meses después de crear la empresa Agencia de Seguridad Integral (ASI), en la que reclutó a exjefes policiales. La ASI, en la que su esposa, Patricia Álvarez Rivera, aparece como propietaria y el general retirado, como apoderado legal, es la única en Chihuahua que ofrece el servicio de gestión ante la Sedena para la portación de armas por parte de los guardias privados. En su portal asegura que es también “una de las pocas empresas en el país que cuenta con la autorización en Sedena para portar dos armas en todas las modalidades”, es decir: seguridad y vigilancia. En Ciudad Juárez, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la instancia de la Segob que tiene entre sus funciones el control de las empresas de seguridad en el país, en Chihuahua operan 15 de éstas. Siete tienen matriz en Ciudad Juárez. El resto son sucursales de compañías abiertas en otros estados. Pero la empresa del general retirado, que tiene autorización para operar en todo el territorio de la República, tiene el control del mercado en Ciudad Juárez gracias a las facilidades que ha encontrado en la Sedena para obtener las licencias de portación de armas. La Sedena no sólo creó las condiciones para el crecimiento de su empresa, sino que le ha facilitado la entrega de cientos y cientos de permisos para portación de armas. Ahora la ASI cuenta con una fuerza de más de mil 800 hombres armados, casi el doble de los que existían antes de los cambios ordenados por Sedena, de acuerdo con documentos de la propia Secretaría obtenidos por Proceso. Es una fuerza de hombres armados a disposición del general retirado, sin contar aquellos a quienes, fuera de su empresa, les ha tramitado la portación. Para sus gestiones, Sandoval cuenta con un hombre clave: el teniente retirado Andrés Bautista Bautista, quien fue jefe del módulo de registro de Armas de Fuego y Explosivos de la Sedena. El teniente retirado está registrado ante el Dirección General de Seguridad Privada, de la CNS, como persona autorizada de la ASI para tramitar los permisos. Según empresarios de seguridad privada entrevistados por Proceso, otra persona fundamental para el éxito empresarial del general retirado ha sido Marco Antonio Illescas Alonso, exdirector del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada de la CNS y quien de acuerdo con su información curricular fue coordinador de finanzas en la campaña electoral del PRI de marzo a agosto de 2012. Licencias a destajo Con el conocimiento de la operación de las empresas de seguridad privada en la Sedena y la Segob, el general retirado ha obtenido grandes beneficios para su empresa. No sólo se le han facilitado los trámites, sino la obtención de las licencias más allá de los requisitos de ley. De acuerdo con los empresarios del sector –quienes pidieron el anonimato por temor a represalias burocráticas hacia sus compañías–, personal de la empresa ASI ha obtenido licencias sin haber recibido capacitación ni haber acreditado los exámenes médicos, psicológicos ni psicométricos. Oficios de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la subsección Licencias Particulares Colectivas, de la Sedena, demuestran que sólo en mes y medio, del 15 de octubre al 3 de diciembre del año pasado, la Defensa Nacional le otorgó a la empresa del general retirado 145 licencias de portación de armas para su personal. “Cuando otras empresas tardan hasta tres meses para obtener el alta de un solo elemento y le entreguen su arma, la empresa del general Sandoval dispone de numerosas licencias y es capaz de entregar armas el mismo día, amparadas con una credencial que dice ‘CUIP en trámite’, lo cual no está previsto ni en la Ley Federal de Seguridad Privada ni en su reglamento. La CUIP es la Clave Única de Identificación Policial y decir que está en trámite es algo que no está permitido por la Sedena ni por la CNS. “La CUIP se tiene o no se tiene. No se puede decir que está en trámite”, aseguran. Sin embargo, las credenciales de la empresa del general retirado tienen esa leyenda, según copias de credenciales conocidas por este semanario. Es decir, que una cantidad desconocida de guardias de la ASI portan armas sin los permisos de la Segob ni de la Sedena. Los denunciantes aseguran que también algunos de los empleados de la ASI cuentan con credencial en la que se especifica una determinada función, pero desempeñan otra. De acuerdo con la CNS y la Sedena, la empresa ASI está autorizada para prestar tres tipos de servicio: de seguridad a personas (escoltas), seguridad de bienes (intramuros) y traslado de valores, en sus modalidades de especial y vigilancia. En el caso de traslados, está permitido el uso de armas largas y supone el uso de vehículos blindados. La Ley Federal de uso de Armas de Fuego y la Ley Federal de Seguridad Privada establecen que para la portación de arma autorizada por la Sedena se requiere de una opinión favorable de la Segob. Mediante la CNS, Gobernación evalúa los antecedentes de los guardias a los que las empresas privadas de seguridad les van a entregar armas. El proceso para obtener la opinión favorable, el permiso federal y la CUIP dura entre cuatro y seis meses. Los empresarios de seguridad consultados explicaron que la opinión favorable es esencial para el alta del personal en la subsección de licencias particulares de la Sedena, pues significa que se han cumplido con todos los requisitos ante la CNS. Sólo las personas con opinión favorable de Segob pueden obtener la licencia de la Sedena. Es decir, que las cifras de la Defensa Nacional y de la Dirección General de Seguridad Privada de la CNS respecto al número de elementos autorizados para portar armas deben de coincidir. Listas dispares Pero en el caso de la empresa de Sandoval Torres, los números ante una y otra autoridad son distintos, con una amplia diferencia por lo que hace a las licencias que le ha dado la Sedena. De acuerdo con los oficios de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego de la Sedena, la ASI tenía a diciembre del año pasado un total de mil 801 elementos; mil 512 habilitados como escoltas, 133 para el cuidado de bienes y 156 para el traslado. Para entonces contaba con 2 mil 761 armas; de las cuales mil 270 eran cortas y mil 102 largas. La mayoría de las armas (2 mil 282) las tenía asignadas a los guardias para la seguridad de personas. Sin embargo, para la Segob, la empresa del general en retiro tenía en esa fecha solo 694 armas autorizadas; es decir con CUIP. La diferencia respecto a la Sedena era de mil 107 armas. La lista consultada por Proceso refiere el nombre completo del beneficiario, su CUIP, su Clave Única de Registro de Población, la fecha de ingreso en el registro de la Secretaría de Gobernación, el puesto que tiene en la empresa y la fecha de captura. Los ingresos en Segob del personal de la empresa con licencia para portar armas van desde enero de 2011, poco antes de que empezara a funcionar la ASI, hasta fines de 2014. La diferencia de mil 107 licencias otorgadas por la Sedena, bajo el supuesto de que tuvieran la opinión favorable de Gobernación, supondría que en dos años la Defensa Nacional entregó ese número de licencias para que la empresa del general retirado se hiciera de tal arsenal. Los propios oficios de la Sedena reportan que la empresa del general retirado carecía para fines del año pasado de vehículos blindados, necesarios para el traslado de bienes y que le permiten la licencia para el uso de armas largas. Los documentos están firmados por el director general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, el general de brigada Rodolfo Prado Hernández, y el subdirector de esa misma oficina, el general Pedro Enrique Fernández Ortiz. Los oficios revelan también que la comandancia de la XI Región Militar –que abarca Coahuila y Chihuahua–, así como la propia Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, tienen conocimiento de las armas que tiene autorizadas la empresa del general retirado. La facilidad que ha tenido su empresa ha repercutido en la seguridad pública de Ciudad Juárez. Los medios locales han reportado en diversas ocasiones la participación de personal de la ASI en hechos delictivos, incluidos homicidios. Los involucrados han sido detenidos con armas bajo licencia amparada por la ASI, sin que hasta la fecha la empresa haya sido sancionada, de acuerdo con los registros de la CNS. Tanto la Fiscalía General del Estado como el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en administraciones pasadas han anunciado acciones en contra de la empresa, pero el general retirado sigue dominando en la distribución de licencias para la portación de armas. Apenas en marzo pasado, el Diario de Juárez reportó que en una reunión en la Quinta Zona Militar, jefes policiales federales, estatales y municipales se quejaron de la proliferación de permisos para portar armas en la ciudad, que han sido gestionados por la empresa del general retirado para escoltas de seguridad privada de empresarios y hasta de líderes de mercados. Proceso requirió a la ASI, pero ni el general Sandoval ni su esposa se reportaron hasta el cierre de la presente edición. Este reportaje se publicó el 3 de septiembre de 2017 en la edición 2131 de la revista Proceso.