CAMPECHE, Cam. (apro).- Pueblos mayas acusaron a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de sabotear el proceso de consulta en torno a la siembra de transgénicos en sus comunidades. La consulta pública fue ordenada hace año y medio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el contexto de la disputa legal que comunidades apícolas mayas emprendieron en contra de la introducción de semillas de soya genéticamente modificada a sus regiones. Sin embargo, tanto la realización de la consulta como la prohibición temporal para sembrar la soya transgénica en el estado no se han cumplido. Mientras la Cibiogem y la CDI, encargadas de organizar la consulta, han puesto trabas para su consumación, la Sagarpa y la Profepa han sido omisas ante la insistencia de los menonitas que, pese al mandato judicial, continúan sembrando y cultivando soya transgénica. Representantes de los pueblos mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo denunciaron que la Cibiogem rechazó ayer la propuesta que desde el pasado 23 de agosto le hicieron llegar para que se celebrara el sábado 9 en la cabecera del primero de los municipios la próxima sesión de acuerdos previos a la consulta indígena. Los inconformes dijeron que, mediante el oficio M000/775/17, la Cibiogem respondió que “…no es factible llevar a cabo la Séptima Sesión de Acuerdos Previos el día 9 de septiembre del año en curso, como se solicita, en razón del tiempo que conlleva la preparación de un evento de estas características…”. Y les señaló que “la Séptima Sesión de Fase de Acuerdos Previos se llevará a cabo una vez que se cuente con la acreditación de los representantes electos o designados por sus comunidades…”. Los quejosos señalaron que desde las primeras sesiones de consulta la gran mayoría de las comunidades acreditó a sus representantes por medio de actas y declaraciones en las sesiones. “El Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes cuenta con actas y documentos de las comunidades que así lo comprueban”, sostuvieron. Luego añadieron que la Cibiogem “no especifica qué documentos o constancias se le han perdido o no tiene, al tiempo que establece que se procederá a invitar a las comunidades para que lleven a cabo su proceso de designación”. Igual resaltaron que lo anterior contraría los acuerdos “tomados en el pasado en el proceso de consulta y es una muestra de la falta de buena fe con la que las autoridades se han conducido a lo largo de todo el proceso”. Además, recalcaron, “violenta uno de los derechos fundamentales que toda comunidad indígena tiene en un proceso de esta naturaleza: su autonomía y libre determinación para elegir, a partir de sus procesos internos propios, a sus representantes en el proceso de consulta”. También recordaron que esta “no es la primera vez que la Cibiogem atenta contra los principios básicos de la consulta”. Incluso señalaron que la dependencia “ha permitido en diversas sesiones agresiones e insultos de soyeros contra los representantes comunitarios y asesores legales, ha intentado deslegitimar a los representantes indígenas acudiendo a las comunidades y ejidos para intentar crear una representatividad a modo. “Ha proporcionado información tendenciosa hablando solamente de los beneficios de la siembra de la soya GM, a pesar de no estar en la etapa informativa, y ha intentado dividir a las comunidades y provocar conflictos internos”, agregaron. Asimismo, acusaron a su titular, Sol Ortíz García, de haber amenazado de manera directa a una de las asesoras legales de las comunidades, “por mencionar algunos de los eventos más graves”. Enseguida subrayaron que la actuación de la Cibiogem “violenta la Constitución federal, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y desacata una orden judicial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece como principio rector de la consulta la buena fe y el respeto a las prácticas culturales de las comunidades consultadas”. Además, comentaron que se detectó la siembra y comercialización ilegal de la soya genéticamente modificada en diversas comunidades de Hopelchén, “actos que han sido avalados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y justificados por la Cibiogem”. En ese sentido, concluyeron que “estas acciones comprueban que el gobierno federal no tiene intención alguna de llegar a acuerdos con las comunidades indígenas”. “Lo refleja la sistémica discriminación con la que se sigue tratando a los pueblos originarios y evidencia que la Cibiogem busca desgastar el proceso de consulta y mermar la capacidad organizativa y la resistencia que las comunidades mayas han opuesto frente a una política que les afecta cultural, económica, ambiental y socialmente”, argumentaron. También dijeron que “este nuevo hecho representa un insulto a las comunidades y pareciera demostrar una práctica sistemática del gobierno federal para sabotear y minimizar los diversos procesos de consulta que hay en el país, en beneficio de intereses económicos de grandes empresas”. No obstante, advirtieron que mantendrán su postura de continuar en el proceso y exigieron a las autoridades federales se apeguen a los estándares de la consulta establecidos en la Constitución y los tratados internacionales y reconocidos por la Suprema Corte en sus diversas sentencias. “Un primer paso para ello es el reconocimiento de la representatividad que las comunidades, en uso de su exclusivo derecho a la autonomía, han hecho de sus representantes en el proceso de consulta”, reclamaron. También conminaron al Poder Judicial y al ombudsman “a tomar medidas para requerir a estas autoridades que cumplen debidamente con la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte y la Recomendación 23/2015 de la CNDH”. Por último, solicitaron a la sociedad en general sumarse al movimiento “de resistencia pacífica mas no pasiva” #UnidosPorLaSelvaMaya.