BUENOS AIRES (apro).- “¿Dónde está Maldonado?”, entonaba una y otra vez el espontáneo coro de manifestantes, alrededor de una veintena de músicos que con sus trompetas, redoblantes y trombones imprimían al reclamo una cadencia contagiosa. La escena es una de las muchas que ocurrieron durante la concentración del pasado 1 de septiembre en Plaza de Mayo, con una concurrencia estimada en más de 200 mil personas. La abigarrada multitud exigía saber qué le pasó al joven Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de su desaparición, ocurrida durante un operativo de la Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de la Patagonia. “Estoy acá para saber qué pasó con Santiago Maldonado, porque no es una desaparición más, sino que acá actuó el Estado, a través de la Gendarmería, y también para acompañar a sus familiares, porque no reciben respuesta de ningún tipo”, dice a Apro Patricia L., de 43 años, madre de cuatro hijos, quien ha llegado a la plaza junto con una amiga. “Estoy acá para manifestar la gravedad de la violencia institucional que viene del Estado”, añade David G., de 40 años, docente universitario. “Es evidente que el gobierno está tratando de esconder lo que pasa y sacarse el problema de encima. No está claro si esto es el principio de una estrategia que va a seguir o si es un caso aislado”, destaca, elevando la voz por sobre el eco del sonido de una banda de rock que llega desde el escenario. La desaparición del artesano y tatuador de 28 años se produjo el 1 de agosto en Cushamen, provincia de Chubut, a mil 700 kilómetros de la capital argentina. En esta y otras regiones de la Patagonia se ha recrudecido la disputa por la tierra, que enfrenta a las comunidades indígenas con terratenientes y empresas petroleras y mineras. Tras el sometimiento mapuche por la vía militar en 1885, sus tierras fueron vendidas o entregadas a terratenientes e inmigrantes. La textil italiana Benetton posee un total de 924 mil hectáreas en cuatro provincias argentinas. En Leleque, provincia de Chubut, cría miles de ovejas para obtener la lana que procesa en sus fábricas de ropa. En marzo de 2015, una veintena de familias mapuches se instaló en una pequeña porción de estas tierras. Para Benetton y el gobierno se trata de una usurpación; para los mapuches es parte de una política de recuperación del territorio ancestral. Santiago Maldonado –un espíritu libre y viajero, que trocaba tatuajes por comida y llevaba en la mochila casi todas sus pertenencias– se acercó a la comunidad mapuche de Cushamen para apoyar esa causa. Hasta allí lo llevó el 31 de julio Claudina Pilkiman, según declaró ante el juez federal Guido Otranto. Ese mismo día Maldonado participó en el corte de la Ruta Nacional 40, un piquete hecho con piedras y ramas encendidas. Pedían por la libertad del lonko (líder) de la comunidad, Facundo Jones Huala, encarcelado en la cercana localidad de Esquel. El día siguiente, 1 de agosto, la Gendarmería cumplió la orden del juez Otranto de liberar la ruta. A continuación, varias decenas de efectivos irrumpieron sin orden judicial en la comunidad, disparando balas de goma y de plomo. Muchos indígenas, entre los que había mujeres y niños, se guarecieron del otro lado del Río Chubut. Maldonado no sabía nadar. El joven mapuche Matías Santana declaró ante el juez que vio cómo Maldonado se metió en el río, pero volvió sobre sus pasos e intentó esconderse entre la vegetación. “Escuché gritos y vi a tres gendarmes que arrastraron a alguien y lo empezaron a golpear en el piso. Me di cuenta de que era Santiago porque tenía la campera (chamarra) celeste que yo le presté esa mañana”, dijo. Contó que Maldonado fue metido en un camión de la Gendarmería y retirado del lugar en una camioneta blanca. “Brujo” Santiago Maldonado nació el 25 de julio de 1989 en 25 de Mayo, una localidad en la provincia de Buenos Aires situada a 200 kilómetros de la capital argentina. Amante del dibujo y la pintura, en 2009 partió hacia La Plata para estudiar Bellas Artes. En dos años aprobó cuatro materias. Su paso por la Facultad se evaporó sin lágrimas. De temperamento anarquista, reacio a cumplir horarios u obedecer directivas, comenzó a cambiar horas de trabajo por comida en una verdulería y una panadería. Aprendió a tatuar y a hacer artesanías. El tatuaje era su medio para vincularse con otras personas. Y para solventar los viajes que hizo por Uruguay, Brasil, Chile y por varias provincias de Argentina. En su pueblo, 25 de Mayo, vecinos de edad madura, insospechables de simpatía alguna por el hipismo, frente a las cámaras de televisión se muestran consternados, y sólo tienen palabras de cariño y de respeto para Enrique Maldonado y Stella Maris Peloso, para su hijo desparecido y el resto de la familia. Quienes conocieron a Santiago Maldonado en los últimos años, en alguno de los muchos lugares por los que anduvo, hablan de un joven divertido, cultor del rap a cappella, forjado en los ideales de la libertad y la autogestión. En la villa andina de El Bolsón, su último lugar de residencia, iba cada día a la feria de artesanos con su carpeta llena de dibujos y de fotos de tatuajes. Como medio de pago aceptaba dinero o alguna otra cosa. Sus celulares a botonera, viejísimos, expresaban su opinión acerca de las tentaciones de la sociedad de consumo. “No era para nada violento. Era un adulto con corazón de niño, muy tranquilo, un soñador, se la pasaba hablando de sus ideales”, contó a Perfil su amiga Indira el 3 de septiembre. “El Brujo me había comentado que quería ir a la comunidad mapuche a dar una mano”, apuntó. “Le decíamos Brujo, con cariño, por las plantas: le gustaba hacer hierbas medicinales, siempre andaba con frasquitos con hierbas medicinales para el resfrío, para dormir bien”, contó su amigo chileno Marcos Ampuero al canal Todo Noticias el 31 de agosto. Santiago Maldonado solía trabajar en la tienda de tatuajes que Marcos Ampuero tiene en la isla de Chiloé. Este amigo lo describe como “una persona demasiado buena”, solidario con las causas que le parecían justas, muy tirado por la naturaleza e incapaz de hacerle daño a otras personas. Ampuero no tuvo ninguna duda al ver el video en que se ve a siete encapuchados sobre la Ruta 40, durante el corte del 31 de julio. “Cuando lo vi caminar, dije: ‘¡ah! ya, es él, porque tiene una manera de caminar bastante particular, da saltitos, como que se balancea hacia los lados”, sostuvo. Desde los grandes medios se vincula a la comunidad de Cushamen con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Se los acusa de diferentes actos de violencia contra terratenientes de la región, afirmando vínculos con las FARC o la ETA. Los mapuches sostienen por su parte que si esconden la identidad es por temor a represalias de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, el juez Guido Otranto demoró diez días en allanar los escuadrones de Gendarmería intervinientes en el operativo. Para entonces los vehículos utilizados habían sido lavados. La fiscal Silvina Ávila cambió la caratula del caso de “Extravío de persona” a “Desaparición forzada” el 24 de agosto. Pero en su informe posterior, que elevó al gobierno argentino para que éste responda ante el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que las pruebas contra los gendarmes son débiles. El juez demoró más de 30 días en tomar declaración, en calidad de testigos, a los jefes de Gendarmería que participaron del operativo. No allanó la base logística que la fuerza federal tiene dentro de la estancia de Benetton. El perito consultor de la Justicia Federal, Ariel Garbarz, denunció que el Juzgado sigue sin llevar a cabo la triangulación fina de los celulares de Santiago Maldonado y de los gendarmes, que permitiría geolocalizar dónde estaba cada quien en qué momento. Pistas falsas El gobierno de Mauricio Macri defendió durante un mes a rajatabla el accionar de sus funcionarios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó en varias ocasiones que la fuerza federal bajo su mando hubiera detenido a Maldonado. Todo indica, sin embargo, que su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, no sólo estuvo presente en el lugar, sino que tuvo a su cargo el mando estratégico del operativo. Uno de los comandantes de Gendarmería que intervino, Diego Balari, dijo haber seguido “órdenes precisas” del Ministerio de Seguridad. Desde el gobierno y los medios afines se difundieron sucesivamente pistas falsas. Se puso en duda la presencia de Santiago Maldonado en la comunidad mapuche. Un “camionero” aseguró haber llevado al joven en la provincia de Entre Ríos. Un “testigo” sostuvo haberlo visto en un convento en Mendoza, otro en una estación de buses en Salta, otro en Chile. Se infirió su “paso a la clandestinidad”. “Cada noticia es un suplicio”, dijo la madre del joven desaparecido al diario La Nación el 25 de agosto. “Ayer dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estuvimos pendientes toda la tarde, con el corazón en la boca”, contó. La propia ministra Bullrich afirmó que Santiago Maldonado pudo ser herido el 21 de julio, en un supuesto ataque de la Resistencia Ancestral Mapuche contra un puestero de la estancia de Benetton, que dijo haberse defendido con su cuchillo. Para desechar esta hipótesis se recurrió a un análisis de ADN. No se le dio entidad a los muchos testimonios de amigos de Santiago Maldonado que compartieron momentos con él en los diez días posteriores, hasta su desaparición el 1 de agosto. Tampoco a los familiares con los que el joven intercambió saludos y mensajes de texto el 25 de julio, el día en que cumplió 28 años. Tras asumir la presidencia en 2015, Mauricio Macri quitó entidad a la política de derechos humanos hasta entonces vigente. Se otorgaron beneficios a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Se puso en duda el número de desaparecidos. El propio Pablo Noceti, presumiblemente a cargo del operativo contra la comunidad mapuche, había defendido como abogado a militares luego condenados por sus crímenes. Los organismos de derechos humanos argentinos, con enorme experiencia en este triste rubro, tuvieron una posición unánime desde el primer momento. El presidente Macri demoró más de un mes en referirse al tema. “Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó”, subrayó. Para el gobierno argentino el caso Maldonado se ha convertido en una crisis política, no sólo de cara a las elecciones primarias del 22 de octubre. El 6 de septiembre, el fiscal federal Federico Delgado abrió una investigación acerca del supuesto encubrimiento de la desaparición forzada del joven. Un crimen de lesa humanidad, que no prescribe. La denuncia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre presupone un pacto de silencio de las autoridades estatales, involucra al presidente y a varios ministros.