PUEBLA, Pue. (apro).- Activistas, políticos y organizaciones poblanas conformaron un frente para pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que investigue el espionaje presuntamente practicado por el exgobernador Rafael Moreno Valle como un caso de violación generalizada de derechos humanos. La exdiputada federal Violeta Lagunes, quien ha aparecido en las listas de las personas que presuntamente fueron espiadas, dijo que ya presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH, así como escritos ante diputados, senadores y gobierno estatal en los que exigen que el caso de espionaje en Puebla no quede impune. La legisladora indicó que el panista Hilario Gallegos y ella misma se presentaron ante la PGR para denunciar a Moreno Valle, actual aspirante a la candidatura presidencial; al diputado federal Eukid Castañón, a Roberto Rodríguez Acosta y a José Antonio Celorio Mansi, por un total de 15 delitos cometidos en su contra al ser sometidos a espionaje. En 10 días, agregó, acudirán a ratificar estas denuncias, mientras que en la CNDH ya se abrió el expediente número 74390/2017 sobre dicha queja. Acompañados por Rodolfo Raúl González Vázquez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Violeta Lagunes dijo que la denuncia que éste presentó ante la PGR el pasado 24 de agosto sólo corrobora lo que desde hace años sabían: “que durante el periodo morenovallista muchos fuimos espiados”. González Vázquez informó que la semana pasada se presentó ante la PGR para entregar 453 audios de llamadas interceptadas, así como más de 200 transcripciones, y recordó que hay periodistas poblanos que aseguran tener en su poder más de mil audios de llamadas. Lagunes agregó que en 2015 quedó confirmado que, en su caso, con el equipo Galileo que compró el gobierno de Moreno Valle, violaron los códigos de sus correos electrónicos e ingresaron a su computadora. En respuesta al llamado que hizo el senador Luis Miguel Barbosa para que las personas que fueron afectadas por este espionaje presentaran denuncias, dijo que ellos han dado el primer paso y han convocado a formar el “Frente Ciudadano por México, Artículo 16” para agrupar a los actores políticos que fueron víctimas de estas escuchas y pedir que se castigue a los responsables. “Estamos pidiendo a los senadores y diputados poblanos que cumplan con sus obligaciones y presenten un punto de acuerdo en el que le pidan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que este tema de espionaje en Puebla sea analizado como un caso de violación generalizada a los derechos humanos”, expresó. La exdiputada federal aseguró que, entre audios, transcripciones y testimonios, hay suficientes pruebas de que Moreno Valle violó sistemáticamente los derechos constitucionales plasmados en los artículos 6 y 16 constitucionales, que protegen la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, de decenas de ciudadanos. La activista agregó que también han pedido a los legisladores que soliciten el apoyo del Alto Comisionado de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Relator Especial contra Delitos de Espionaje para que formen una comisión de expertos internacionales que analicen el caso. El activista Ricardo Jiménez aseguró que el gobierno de Moreno Valle usó este sistema de espionaje para desgastar, dividir y cooptar a las movilizaciones sociales que surgieron entre 2014 y 2015. “Todo este aparato de espionaje y persecución tuvo que ver con el chantaje, la compra de líderes y desviación del movimiento social”, afirmó.