Denuncian irregularidades en el paquete del Sistema Anticorrupción de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Morena en esta capital anunció que impugnará el paquete de leyes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de porque considera que contiene diversas irregularidades.

A las denuncias que los legisladores de ese partido ya habían hecho por la aprobación de artículos anticonstitucionales en el paquete de las 11 nuevas leyes y reformas que dan vida al Sistema Anticorrupción local, el pasado 17 de julio, se sumó la publicación de artículos que no se dictaminaron.

Ayer, las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana, Ruta Cívica, México Evalúa, Visión Legislativa, Suma Urbana y Mejor Ciudad, entre otras, alertaron que en la publicación del 1 de septiembre en la Gaceta Oficial existen cambios entre los dictámenes de ley que aprobó la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF-CDMX) y el documento difundido.

Lo aprobado podría considerarse un error humano, sin embargo, el equipo de abogados de la diputada del distrito electoral XXIX, Aleida Alavez, quien presentó 114 reservas para el paquete legislativo, encontró al menos tres diferencias sustanciales entre ambas publicaciones, por lo que ya trabaja en la observación de más anomalías.

La principal de ellas –que se dio a conocer esta mañana en diferentes medios de comunicación– hace referencia al procedimiento de aprobación en el nombramiento del nuevo fiscal Anticorrupción y el secretario técnico, las figuras principales encargadas de investigar y castigar los delitos de corrupción.

El pasado 17 de julio, las comisiones de Transparencia y Gestión, Administración Pública Local, Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad Legislativa de la ALDF-CDMX –presididas por el PRI, PAN y PRD–, aprobaron que el fiscal anticorrupción local fuera nombrado por mayoría simple del pleno, tras una terna enviada por el jefe de gobierno.

En la Ley del Sistema Anticorrupción, también votada ese día, se acordó que el secretario técnico sería nombrado igualmente por la mayoría del pleno, luego de conocer la propuesta de las recién creadas comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior local.

Sin embargo, en la publicación del pasado 1 de septiembre en la Gaceta Oficial, donde se da vigencia al Sistema Anticorrupción, el artículo sexto transitorio señala que para ambas figuras (fiscal y secretario técnico) el procedimiento arrancará de una terna del jefe de gobierno, y las comisiones de transparencia y rendición de cuentas someterán la decisión al pleno de la ALDF. Con ello, la decisión se deja prácticamente en manos del actual jefe de gobierno.

Además, el mismo artículo aprueba la posibilidad de reelección en periodos de tiempo impensables: para el fiscal siete años, con posibilidad de otro periodo del mismo tiempo –es decir, 14 años en total–, y para el secretario cinco años, con posibilidad de quedarse 10.

Como lo dio a conocer Apro el pasado 25 de julio, este tiempo es incluso mayor al que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elemento que evidentemente, según señaló Aleida Alavez, es anticonstitucional.

Más “errores”

Otra de las diferencias publicadas en la Gaceta Oficial local tiene que ver con el nombramiento del Comité Coordinador, la instancia facultada para coordinar al comité de participación ciudadana y al comité rector del Sistema Local de Fiscalización.

Y es que en la publicación oficial se eliminó por completo un párrafo del Artículo 40 de la Ley del Sistema Anticorrupción en el que se faculta a las comisiones parlamentarias de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para proponer a los integrantes del comité, que posteriormente serán votados por el pleno de la ALDF. Queda en duda, pues, quién elegirá a los responsables para esos cargos.

Hay más. En la fracción IV del artículo noveno se omitió el principio de publicidad de las recomendaciones del Comité Coordinador para las medidas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción de los entes públicos, por lo que no serán públicas.

Esta reportera pudo constatar cada una de estas observaciones tanto en la consulta directa de los dictámenes, como de la publicación en la Gaceta Oficial.

El día en que los legisladores aprobaron el paquete legislativo (17 de julio) en una sesión de más de 10 horas y a un día de que se venciera el plazo legal para adecuar el sistema local al federal, también eliminaron atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, se violaron artículos de la Constitución de la Ciudad de México y se hizo coincidir el tiempo de 142 nombramientos para que, paradójicamente, la mayoría se determinen antes del último informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y del arranque de su campaña para buscar la candidatura presidencial de 2018.

Denuncias

Para la diputada Aleida Alavez, la publicación de modificaciones que no se aprobaron coincide con el anuncio de supuestas observaciones a los dictámenes que haría el consejero jurídico de la capital, Manuel Granados Covarrubias.

En entrevista con Apro, Alavez denunció que el funcionario capitalino no envió esas observaciones y, por el contrario, “en lugar de enviarlas de manera formal a la Asamblea, lo que hace es publicar modificaciones a leyes distintas a las aprobadas en el cuerpo legislativo”.

Añadió: “Nosotros siempre hemos tenido esa preocupación de la poca transparencia en el proceso legislativo, en donde se aprueban algo y resulta algo distinto”.

Por esta razón, advirtió que mañana presentarán una denuncia vía administrativa contra Granados por exceso en sus facultades y atribuciones como consejero jurídico.

De manera paralela, agregó, presentarán tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las violaciones en el total del paquete de leyes, además de que interpondrán un amparo indirecto “para proteger los intereses de la ciudadanía”.

Remató: “Es una ley a modo para proteger a Mancera cuando se vaya”.

Comentarios