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Familiares de desaparecidos: entre el duelo y el miedo a represalias

ORIZABA, Ver. (Proceso).- Los familiares de los desaparecidos tienen miedo de posibles represalias del crimen organizado y también desconfían de las autoridades, de las que sospechan que están coludidas con la delincuencia. Por eso no denuncian, mientras las desapariciones no cesan en Veracruz.

Reunidas con reporteros de Proceso, integrantes del Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba alertan además acerca de una reciente “ola de desapariciones”, sobre todo de jóvenes.

Alicia Mendoza Castillo, madre de Joshua Aldair Mendoza Castillo, desaparecido en septiembre de 2012, explica que en lo que va del año unas 50 familias se han sumado al colectivo, que busca a 170 personas.

“En el periodo vacacional se registraron en promedio tres por día, se supo de la desaparición de seis jovencitos en un día en diferentes partes de la región, pero sólo uno apareció, y la mamá lo ocultó, no se pudo saber dónde lo tuvieron, si vio a más chicos, cómo es que lo liberaron”, apunta Mendoza, quien resalta que cuando desapareció su hijo, ocurrió lo mismo con 11 jovencitos, pero sólo denunciaron ella y Ana Lilia Jiménez Sandoval, madre de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desparecido también en septiembre de 2012.

La sospecha de posible implicación de autoridades con miembros del crimen organizado es una constante que paraliza a los familiares de las víctimas. Es lo que dice Paulina Teclatle Atlahua, esposa de Agustín Mata Covar, quien el 1 de abril pasado fue sacado de su domicilio, en el municipio de Ixhuatlancillo, por hombres armados. A ella le advirtieron que no diera parte al Ejército ni a la Marina.

“Después de que se lo subieron en una camioneta Jeep, pasaron patrullas de la policía estatal y de la municipal, mis vecinos me dijeron que no denunciara porque los policías trabajan para ellos (los delincuentes), lo mismo me decían de la Fiscalía”, agrega Paulina, quien trabaja en una tortillería.

Durante un mes Paulina calló por el temor a que el resto de la familia sufriera represalias, hasta que encontró el apoyo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

Apoyada por la coordinadora de la organización, Araceli Salcedo, Paulina presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas no Localizadas, de la procuraduría veracruzana, pero su marido no es buscado ni se ha realizado ningún tipo de investigación.

“Donde vivo hay también delincuentes, y me dicen en la Fiscalía si no tengo otro lugar a donde irme, porque si ellos entran a investigar podrían meterme en problemas. Pero, ¿a dónde voy a ir? Con lo que gano en la tortillería apenas sobrevivimos, mi esposo ya no está para apoyarme”, agrega.

Hostigamiento y errores

Otros familiares denuncian que los agentes del Ministerio Público sugerían desistir de buscar a sus desaparecidos, y en el peor de los casos fueron blanco de extorsión y hostigamiento por personal que continúa activo, pese a querellas presentadas.

Así lo expresan Laura Hernández Cano y Betzabé Pérez Hernández, madre e hija de Christian Orlando Pérez Hernández, desaparecido en Orizaba el 20 de julio de 2014.

Al señalar que sólo se les permitió interponer la denuncia por desaparición 72 horas después de los hechos, las mujeres aseguran que desde el primer momento agentes ministeriales les pidieron dinero “para la gasolina”, a fin de apurar la entrega de documentación a distintas dependencias; después se les aconsejó darles recursos para “mover a su gente”, a fin de localizar a Christian Orlando, y se agudizó el hostigamiento.

“Un agente, que se presentó primero como Gilberto Suazo y después como Gilberto Flores, me buscaba en mi trabajo para pedirme dinero, yo le decía que no tenía, y entonces me pidió que le mandara a mi hija a su oficina para platicar con él por la noche”, cuenta Laura.

Betzabé agrega que a la esposa de su hermano, que trabajaba en una tienda de empeño, Suazo o Flores le pidió que hiciera perdedizas algunas de las prendas que llegaban al negocio, o que al menos le diera descuento, todo supuestamente con el fin de acelerar la indagatoria.

A los pocos meses recibieron llamadas a su celular de personas que decían tener a Christian Orlando, por quien pedían rescate. “Lo curioso es que una de las personas que recibió llamadas a su celular fue mi cuñada, pero ese número sólo se lo había dado a la Fiscalía”, detalla Betzabé.

Laura Hernández y su nuera fueron despedidas de sus empleos, ante el acoso de los agentes ministeriales, en tanto que en la integración del expediente, el secretario de la Fiscalía, Jesús Huerta, cometió errores en la integración de la ficha, que fueron validados por la fiscal del gobierno de Duarte, Aurea Cortés.

“El secretario puso que mi hermano tenía ojos tristes, y que, en vez de medir 1.70, medía 1.40; cuando le comentamos a la fiscal ella dijo que no nos preocupáramos, que cuando las personas morían se encogían”, cuenta indignada Betzabé.

Mientras las investigaciones de la Fiscalía especializada caminan con lentitud, las integrantes del colectivo reciben constantemente comunicaciones anónimas sobre puntos en los que habría restos humanos, advierte Jiménez Sandoval.

“Hemos estado descubriendo restos que se han llevado la PGR y la Policía Científica, y ya colapsamos los Servicios Periciales; nos dicen ‘ya no destapen fosas porque no tenemos dónde ponerlos’. Puntos nos sobran, pero lo que está faltando es quién procese los restos, por eso estamos pidiendo auxilio internacional”, comenta Jiménez.

Aunque la mayoría de las mujeres que integran el colectivo están resignadas a que sus seres queridos puedan haber perdido la vida, y lo que esperan es encontrar sus restos, Araceli Salcedo sostiene que las familias de las víctimas también necesitan que se sancione a los funcionarios que les han fallado.

Madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, de 21 años, plagiada por cuatro hombres mientras departía en un bar en Orizaba, en septiembre de 2012, Araceli sostiene que la dimensión de las desapariciones y su vinculación con la trata de personas, sobre todo en el caso de jóvenes, no se ha dimensionado en la entidad ni se ha abordado de forma adecuada “por los grandes intereses económicos y políticos implicados”.

Para Salcedo, quien como coordinadora del colectivo dirige las búsquedas de fosas clandestinas, urge que la administración de Yunes Linares ajuste cuentas con quienes ignoraron el problema.

“Durante el gobierno de Duarte, fuimos negados, hostigados, criminalizados y amenazados; a más de ocho meses del nuevo gobierno, no vemos un cambio satisfactorio, aunque en esta administración se nos dijo que la toma de muestras de ADN ordenadas por el exfiscal Luis Ángel Bravo fue una farsa, los familiares queremos que esa acción sea sancionada”, resalta Araceli, quien se dio a conocer en los medios por haber increpado al entonces gobernador en un acto público en octubre de 2015.

La activista advierte que los juicios por malos manejos de fondos públicos no son suficientes para saldar la deuda con los desaparecidos de Veracruz. “Tienen que pagar los actores principales implicados en el tema. No me pueden decir que Duarte nomás cometió enriquecimiento ilícito, si su función era garantizar seguridad a los veracruzanos, y fue él quien nombró a Arturo Bermúdez Zurita (exsecretario de Seguridad Pública, procesado por enriquecimiento ilícito), a Luis Ángel Bravo… tienen que pagar”.

Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista Proceso.

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