MADRID (apro).- España atraviesa la peor crisis política e institucional con la desobediencia del gobierno de la Generalitat, que encabeza Carles Puigdemont, a la resolución del Tribunal Constitucional que ordenó paralizar el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre (1-O). Puigdemont y el resto de fuerzas independentistas prometen que instalará 6 mil urnas y que el referéndum se va a celebrar. En la otra esquina, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, advierte que bajo ningún concepto se celebrará, porque es ilegal. Políticos como el líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol, consideran que es la peor crisis política desde el fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Quizá esa frase sea un exceso, porque los hechos y los contextos son muy distintos: aquel fue un envite de los militares franquistas y este es un anhelo que, eso sí, amenaza con arrancar a 7 millones y medio de ciudadanos de los más de 40 millones que pueblan el país ibérico, una ruptura de consecuencias aún desconocidas. La festiva celebración de la Diada, el Día de Cataluña, celebrado el lunes 11, mostró por sexto año consecutivo que el ánimo de desconexión con España está ampliamente enraizado en la calle y los ayuntamientos de esta comunidad autónoma mediterránea, y no es solo el discurso de un sector de los políticos catalanes. Es en realidad en los ayuntamientos de donde surge este impulso soberanista, al que luego se montaron los estamentos de los partidos políticos catalanes. El mensaje central de esta festividad fue el derecho a decidir si quieren permanecer en España y conminar a salir a las urnas el 1-O. Pero el problema es que desde Madrid --principalmente el gobierno de Mariano Rajoy—se desatendió durante años ese reclamo ciudadano y solo se parapetó en que por la legislación vigente no es posible el derecho a decidir. El presidente español ha sido absolutamente omiso en hacer política para conseguir que Cataluña tenga un mejor tejido con el resto de España. Ese enorme desprecio anticatalanista mostrado por Rajoy y la decisión del Tribunal Constitucional, en 2010, de trocear el Estatut de Cataluña, la norma fundamental de la comunidad, ha generado un nivel de desafección hacia Madrid que es alimento para el independentismo. Ese año solo el 13% de los catalanes pedían abiertamente un Estado independiente de España, pero la soberbia del gobierno en Madrid y una persistente campaña retórica de las fuerzas independentistas han propiciado que estos números aumenten hasta el 41.1%, y otro 30% simpatiza con la celebración del referéndum (incluidos los que no quieren romper con España), según una encuesta de julio pasado del Centro de Estudios de Opinión (CEO), un organismo público catalán. Según esta consulta a la pregunta directa de si quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente, el 49.4% respondió que no, frente al 48.5% de marzo. Por su parte, los partidarios del sí bajaron de 44.3% a 41.1%. Esto también ha sido alimentado por una estrategia política de los políticos catalanes, ampliamente documentada en la prensa, que rechazaron sistemáticamente cualquier tipo de avance con Madrid en materias de responsabilidad autonómica, si antes no se aceptaba el referéndum unilateral. Y ahí se ve una clara intención de seguir controlando el relato soberanista y que “España nos roba”, nos impone, nos hace súbditos. La frase de “España nos roba”, repetida por años en Cataluña, ha calado en la ciudadanía, sin que en contraparte haya un discurso articulado desde Madrid para dar respuesta a esto. También es cierto que las cuentas alegres de los independentistas suenan a engaño. Solo un ejemplo: Una vez desconectados de España, dicen, la Unión Europea se verá obligada a sentarse a negociar y reconocerlos como un Estado europeo más, cosa que es falsa, según los líderes europeos. Se irían a la cola a esperar reingresar a la UE, explican. Cataluña no tiene y difícilmente tendrá el reconocimiento de los otros miembros de la UE, si se vulnera la ley española. Aunque los argumentos son muy parecidos, hay condiciones y contextos distintos a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, que se decidió en un referéndum legal. En este caso, los principales impulsores del Brexit, como Nigel Farage, dirigente del Partido por la Independencia del Reino Unido, acusaban que “la Unión Europea nos roba”, porque se enviaba semanalmente una x cantidad a Bruselas y no era recíproco lo que recibía a cambio. Por lo pronto, tras la aprobación en el Parlament de Cataluña de las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica, ya se puso en marcha la maquinaria jurídica de Madrid para parar este propósito. La mesa del Parlament ya recibió la notificación del tribunal de que fueron aceptadas las querellas contra sus miembros por tramitar la ley del referéndum. Los Mossos d´Esquadra, la policía autonómica, ya recibió la orden de la fiscalía de no permitir la celebración del referéndum e incautar urnas y boletas electorales, disposición que ya transmitió a toda su estructura. Este es un punto muy polémico, porque se trata de un duro revés contra el gobierno de Carles Puigdemont, quien tenía la pretensión que esta estructura policial sirviera a los ánimos soberanistas. Pero desobedecer una orden de un tribunal, a los mossos les podría acarrear problemas judiciales. Asimismo, la pelota está en el campo de los ayuntamientos. En el plazo de 48 horas puesto por el gobierno de Puigdemont, 668 ayuntamientos habían autorizado poner sus locales para celebrar la consulta, que representan el 40% de la población. Ocho ayuntamientos mostraron su rechazo, entre ellos Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet y Gimenells i el Pla de la Font. Estos suponen el 34% de la población, siendo el caso de Barcelona el más notorio. Un último bloque de 271 ayuntamientos, que engloban el 26% de la población, aún no hacen pública su decisión. Las presiones ciudadanas contra los alcaldes que no se han decidido son muy fuertes, incluso con acusaciones de traición y amenazas. De entre los grupos independentistas, como la CUP, también recibieron amenazas de muerte. El termómetro subió más aún cuando este miércoles 13, la Fiscalía General del Estado ordenó tomar declaración como imputados a todos los alcaldes que ofrecieron participar en el referéndum. Todos ellos deberán comparecer ante las sedes de la fiscalía para ser interrogados por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. El fiscal general José Manuel Maza ordenó a los Mossos d´Esquadra detener y presentar ante la fiscalía a aquellos alcaldes que se nieguen a comparecer. A reserva de conocer lo que suceda el 1 de octubre, llevará años restaurar las heridas que este proceso cause. Lo que es impostergable para el gobierno de España es atender los reclamos de los catalanes, de los miles que año con año, como en la pasada Diada, quieren reivindicar su derecho a decidir. Algo se tendrá que hacer.