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Denuncian por “omisa y negligente” a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Colima

COLIMA, Col. (apro).- A casi dos años y medio de haber sufrido un accidente automovilístico que le dejó secuelas importantes en su salud, Apolonio Núñez Anguiano denunció ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) diversas anomalías y omisiones por parte de las autoridades estatales responsables de garantizarle la reparación del daño en su calidad de víctima.

En la carpeta de investigación NA/COL/COL/0001209/2017, Núñez advirtió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha funcionado conforme a la ley en la materia, pues la actuación en su caso ha sido “omisa y negligente”.

La víctima Apolonio Núñez Anguiano. Foto: Especial

La víctima Apolonio Núñez Anguiano. Foto: Especial

Refirió que el percance, ocurrido el 25 de abril de 2015, le dejó graves y múltiples lesiones que requirieron de una cirugía que no fue exitosa, por lo que tuvo que permanecer postrado nueve meses en silla de ruedas.

Ante la agente del Ministerio Público federal Adriana Elizabeth Contreras Heredia, el afectado narró que posteriormente acudió al Juzgado Segundo de lo Penal en esta ciudad, para solicitar –con base en la legislación sobre víctimas– que se le permitiera acceder a los fondos que el presunto responsable de los daños había depositado ante ese juzgado, ya que necesitaba una nueva operación de manera inmediata.

Sin recibir respuesta positiva en esa instancia, dijo, acudió al gobierno del estado, donde se dio cuenta de que el funcionario encargado de gestionar las pólizas a favor de las víctimas en la Secretaría de Planeación y Finanzas actuaba a la vez como defensor particular de su demandado.

De acuerdo con Apolonio Núñez, esa situación la denunció a través de un oficio dirigido al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien también pidió apoyo, pero éste no se pronunció respecto del primer punto y únicamente lo canalizó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, instancia que, abundó, “ha fallado en brindar todos y cada uno de los apoyos que la ley contempla a mi favor”.

Desde el 15 de agosto de 2016 el afectado recurrió a esa comisión, donde pidió su inscripción en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas, además de los apoyos inmediatos a que se refiere la ley, pero entonces “empezó esta revictimización y violación a mis garantías de no repetición”.

Según Núñez Anguiano, esa comisión “confunde los apoyos de ayuda inmediata con la reparación integral del daño, ya que en el acta de comparecencia que me entregaron dicen que no es el momento procesal, ya que no contaba con una sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, aclaró, “en ese momento no solicitaba la reparación integral, sino los apoyos de ayuda inmediata contemplados en el Artículo 9 de la Ley Estatal de Víctimas”, por lo que promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, pero al no contar con la asesoría jurídica que requería en su calidad de víctima, no tuvo los elementos técnicos necesarios para sustentar el caso y terminó por ser sobreseído.

Después pidió el apoyo de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, donde pidió subsanar las “omisiones y negligencias” de su homóloga estatal, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, y tras una visita del representante del organismo nacional, el 20 de junio de 2017 se le incluyó en el Registro Estatal de Víctimas, con carácter retroactivo al 15 de agosto de 2016.

En su denuncia, Apolonio Núñez también pidió a la PGR que solicitara un informe del monto económico presupuestado para 2017 a favor de las víctimas, así como un informe sobre la forma como se hace cumplir la ley, ya que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas “dice no contar con los fondos”.

Ante la instancia federal, Núñez Anguiano también se quejó de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), pues si bien emitió una recomendación a su favor, ésta fue “muy a modo para todos y no menciona la resolución a todas las partes de las cuales me estoy quejando y, de igual manera, sin investigar a fondo y velar por el más amplio interés de las víctimas violaron mis derechos”.

Además, agregó, “todos y cada uno de los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura local, a los cuales hice conocedores de las violaciones a mis derechos, fueron omisos y negligentes en velar por el mayor interés de las víctimas”.

Actualmente, como consecuencia de ese accidente que le ha impedido trabajar, Apolonio Núñez tiene empeñadas las escrituras de su casa por una deuda que rebasa los 200 mil pesos y que sigue creciendo debido a los intereses.

 

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