Consideraciones sobre el fiscal general

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la República, hacia donde transitará la actual PGR, ha generado un amplio debate. Y no es para menos.

El fiscal no sólo debe ser sino parecer independiente, lo que no se lograría con el “pase automático” del actual procurador, Raúl Cervantes, por su afinidad partidista. Esto en sí mismo sería un caso de conflicto de interés, una de las formas en que se expresa la corrupción.

Por esa razón y por la exigencia de un número creciente de personas y organizaciones, a sus promotores se les ha encarecido el costo para que Cervantes sea ungido fiscal general. Pero el tema no se agota con que el extitular jurídico del PRI no llegue a ese puesto. Hay dos problemas, al menos, que deben ser zanjados.

Es probable que Raúl Cervantes sea sustituido por otro personaje que tiene los mismos impedimentos, el señor Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, ahora dedicado a la actividad privada. Esta diferencia de personas deja el problema intacto, porque tanto Cervantes como Castillejos no sólo son presuntamente familiares, sino tienen una clara afinidad partidista y, en el caso del segundo, incluso una cercanía especial con el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que se debe hacer, en consecuencia, es designar a alguien que reúna no sólo los requisitos legales, sino las exigencias mínimas de ética pública para que la Fiscalía sea en realidad una verdadera instancia de procuración de justicia. Conviene recordar que México es el único país donde el Ministerio Público Federal está adscrito a la Administración Pública Federal en un diseño institucional disfuncional al ser juez y parte. La autonomía de las fiscalías generales o sus equivalentes en América Latina es disposición constitucional desde hace más de 10 años. México es el cabús del desarrollo democrático en este rubro, como en otros más.

Es plausible que haya organizaciones sociales y gremiales que busquen incidir para que el Senado cumpla con sus atribuciones constitucionales, a la luz de las mejores prácticas internacionales. Pero de ahí a que esas organizaciones, todas ellas muy respetables, se quieran convertir en comité de “acompañamiento”, de “selección” o de “veto” de quienes sean candidatos o candidatas a titulares de la Fiscalía General de la República hay un gran trecho. Estas organizaciones de entrada no representan, en modo alguno a la sociedad civil, se representan únicamente a sí mismas. Es imposible que puedan acreditar un mandato de la sociedad simple y sencillamente porque no existe.

Bienvenidas las propuestas, la retroalimentación, para que los senadores hagan mejor su trabajo. Pero resultaría inaudito que se quiera sustituir de facto al Senado de la República. Bien o mal, los senadores tienen en su haber una representación ciudadana y están ahí porque, se supone, llevan con ellos un número de votos que, como es lógico, no los tienen esas organizaciones que, dicho sea de paso, detentan el monopolio, en los hechos, en estos casos.

Tanto es grave que el Senado no ejerza con pulcritud sus atribuciones en este y otros temas, como que un  grupo de personas suplan al Estado bajo el argumento de que el Senado debe ser “ayudado” y la mejor “ayuda” es que ellos “acompañen”, designen y generen un consejo “ciudadano” para que el fiscal general cumpla sus atribuciones. Una idea en ese sentido se generó hace algunos años, cuando hubo quienes proponían que los juzgados de distrito y los tribunales de apelación contaran con un consejo “ciudadano”. Sobra decir que en las mejores experiencias democráticas no existen ese tipo de consejos. Sólo falta que bajo el pretexto de la debilidad de las instituciones, un grupo de activistas profesionales y empresarios decidan a quién ponen para procurar justicia donde se pasaría del control del gobierno al control de una pequeña parte de la iniciativa privada, dejando vacío el sentido de Estado y su diseño institucional que, sin duda, requiere muchas reformas, pero en el marco del diseño previsto por la Constitución para crear normas jurídicas.

@evillanuevamx

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