CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juez de Control Napoleón Rayas vinculó a su segundo proceso penal a Jaime Agustín Fong Ríos, empresario y colaborador del exgobernador priista César Duarte Jáquez, por el delito de peculado y el presunto desvío de 15 millones de pesos derivado de un proceso de licitación efectuado en 2016. Fong Ríos fue vinculado a proceso ayer, en la causa penal 2422, por el delito de peculado en calidad de cómplice auxiliador en el desvío de 15 millones que presuntamente fueron utilizados para la campaña a gobernador del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Cruz Pérez Cuéllar, con el fin de evitar a toda costa que ganara el aspirante panista Javier Corral. En la segunda causa penal, la 2675/2016, el MP se basó en los señalamientos de testigos protegidos, quienes denunciaron que los otros 15 millones fueron desviados a través de la coordinación de Comunicación Social. La acción, aseguraron, evidencia que Duarte Jáquez pretendía desviar entre 600 y 800 millones a través de cuatro empresas para pagar las campañas electorales de 2016, pero no alcanzó a hacer los desvíos antes de que concluyera el ejercicio fiscal 2015, y así evitar los filtros de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, con el fin de que aprobaran sin problemas las cuentas públicas. Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría Hacienda (también procesado y preso por peculado), se encargó de conseguir las empresas y “arreglar” lo necesario para simular contratos y demostrar los gastos. La carpeta de investigación indica que el 13 de enero de 2016, la Secretaría de Hacienda expidió un dictamen de excepción a la licitación pública y un fallo de adjudicación directa a favor de la empresa Consultoría de Gobernanza, de Fong Ríos. En el contrato SH/AD/008/DA/2016 se simuló la contratación de servicios profesionales de asesoría en comunicación institucional y planeación estratégica, con el fin de desviar el dinero de las arcas públicas. El 25 de mayo de ese mismo año, la empresa expidió una factura por 15 millones a favor de gobierno del estado, que realizó la transferencia del dinero desde la cuenta 6550110256863-07 de Santander. Jaime Agustín Fong, en su calidad de socio fundador y apoderado legal de esa empresa, coadyuvó a consumar la operación. El empresario obtuvo 6% del monto, equivalente a 900 mil pesos. Las pruebas que presentó el MP indican que Antonio Tarín García contactó al imputado para cometer el ilícito, ya que existía una estrecha relación desde 2009, cuando ambos pertenecían a las Juventudes priistas. De acuerdo con las indagatorias, no existe evidencia que acredite que los servicios supuestamente contratados fueron prestados a la coordinación de Comunicación Social. En las declaraciones de testigos protegidos, se destaca que Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración, ambos funcionarios entonces de primer nivel de la Secretaría de Hacienda, fueron los encargados de simular las contrataciones de servicios y desviar los recursos por instrucción de Duarte Jáquez. Ellos escondían los contratos y “entregables”, con los que supuestamente demostraban los servicios prestados, en una vivienda del fraccionamiento Campanario y, desde el 2016, en una bodega de Villegas Madriles. Aun en febrero pasado ambos buscaron ocultar los contratos simulados, aseguró uno de los testigos. A Jaime Agustín Fong lo ubican como intermediario del proceso de irregularidades, y también se reveló que las personas involucradas en los procedimientos ficticios por la supuesta contratación recibían dicho dinero y se quedaban con un porcentaje para posteriormente regresarlo a Antonio Tarín, y éste a su vez lo entregaba a César Duarte en la Casa de Gobierno o en el lugar que el entonces mandatario indicara. El testigo dijo que, con el cambio de administración, Gerardo Villegas lo contactó para que buscara a la exdirectora administrativa de Comunicación Social, con el fin de que firmara el contrato a través del que desviaron 15 millones con la empresa Consultoría en Gobernanza, ya que las autoridades del gobierno panista les pidieron copias de los contratos, que eran simulados. La exfuncionaria ayudó a responder el segundo oficio para las nuevas autoridades, en el que explicaban que ella firmaba los contratos porque tenía la facultad para hacerlo y debido a que Federico Guevara, quien en la época del otorgamiento de contratos fue el coordinador de Comunicación Social, fue nombrado director del Registro Civil al final del sexenio duartista, y se había negado a firmarlos. En la comparecencia ante el MP, ese testigo dijo que a pesar de que la suficiencia presupuestal de 120 millones de pesos para la coordinación de Comunicación Social aparece aprobada y firmada en enero de 2016, la autorización se firmó en abril y junio del ese año. El dinero fue desviado a través de varias empresas, entre estas Consultoría en Gobernanza, y el intermediario fue Antonio Tarín, quien puso los montos y conceptos de los contratos. Los 120 millones fueron distribuidos a través de cuatro empresas, mismas que nunca prestaron los servicios. Los empresarios se prestaron a recibir todo el dinero y regresarlo a Villegas, sobrino político de Duarte, quien llevaba el recurso directamente al exgobernador. Otro de los testigos dijo que todos los procedimientos los hacían a través de intermediarios, a quienes mencionan como “brockers”, y por lo menos hubo cuatro personas --una de ellas Tarín-- que se encargaban de conseguir las empresas “fantasma” y facturadoras de servicios no prestados. mav