SAN LUIS POTOSÍ, SLP, (apro).- Con una votación dividida, el Congreso local aprobó iniciar juicios de procedencia en contra de dos magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE), acusados de violencia de género, acoso y discriminación contra la magistrada Yolanda Pedroza Reyes. Desde 2015, mediante un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada denunció violencia política por parte de sus pares en el TEE, los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, así como el secretario de Acuerdos, Joel Valentín Jiménez Almanza. El 30 de marzo de 2016, la Sala Superior del TEPJF resolvió que fue acreditada la violencia política en contra de Pedroza Reyes, a quien se le impidió ocupar la presidencia del órgano jurisdiccional electoral de esta capital. Además, la afectada expuso que se le negaba el acceso a documentación y se dispuso de un bono de productividad que a ella le fue negado. El caso fue enviado al Senado de la República y a la Contraloría interna del Tribunal para que se ordenara sancionar a los magistrados y se exigiera el cese de las conductas tipificadas como violencia política y violencia de género. De manera paralela, la magistrada interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), donde interpuso una denuncia. Como consecuencia de estos procesos, el Senado determinó turnar el caso al Congreso local, al considerar que éste cuenta con las atribuciones para sancionar a los magistrados, en tanto que un juez federal determinó que el expediente abierto en la FEPADE debería de pasar a una autoridad local, con facultades para investigar y fincar responsabilidades. La Procuraduría de Justicia del estado recibió el expediente en noviembre de 2016 e inició investigaciones. En agosto pasado la CEDH recomendó a la PGJ integrar la averiguación a la brevedad. “La carpeta está integrada de tal manera que no creo que los diputados tengan alguna duda o crean que se está exagerando con el tema; se tiene por acreditado que hubo mobbing laboral, una acción concertada de mis compañeros hacia mi persona que obstaculizaban mis labores como magistrada; se me negaba información o documentos para hacer mi trabajo. Ahora el propósito es imponerles una sanción. Ha sido un camino muy largo, de más de un año para lograrlo”, dijo a Apro Yolanda Pedroza. En entrevista telefónica, la magistrada explicó que si bien la resolución del TEPJF ordenó que cesaran las conductas discriminatorias por parte de sus compañeros eso no ha ocurrido. “Bajaron de intensidad, pero siguen, de manera discreta. Hay pruebas y elementos que no dejan lugar a dudas de la conducta irregular de mis compañeros”, agregó. En sesión privada del Congreso, la tarde de ayer, se presentaron a votación los dictámenes para instalar las comisiones encargadas de dar trámite a los juicios de procedencia, a fin de eliminar el fuero a los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez. La votación quedó con 11 diputados a favor y 10 en contra. Después de que se notifique a las partes, se desahogará el ofrecimiento de pruebas y los alegatos, para que posteriormente el pleno del Congreso vote por el desafuero o en contra del mismo. Cualquier resultado deberá contar con las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. En caso de que los dos magistrados queden sin fuero, deberán enfrentar el proceso penal iniciado en la PGJ por abuso de autoridad, discriminación y falsificación de documentos. “Yo pido el apoyo de las diputadas en el Congreso… los votos en contra favorecen la impunidad. Sé que hubo dos abstenciones y dos excusas al decidir los juicios de procedencia. Espero que para entonces los diputados se sensibilicen con el tema y se pueda obtener una votación contundente por el desafuero”, señaló la afectada. El magistrado Oskar Kalixto se negó a comparecer ante la FEPADE e interpuso un juicio de protección de los derechos ciudadanos, pero fue desechado. También se negó a recibir la notificación de la PGJ, según indicó Yolanda Pedroza. “Se ha tratado de demeritar mi persona haciendo alusiones a una falta de capacidad o mediocridad en mi trabajo, pasando por alto que la mayoría de mis resoluciones han sido confirmadas, y durante el proceso electoral se me turnó una carga mayor de trabajo”, expuso. Por su parte, el magistrado Rigoberto Garza de Lira interpuso una acción de inconstitucionalidad acusando a la FEPADE de vulnerar la autonomía del TEE. También fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En total, el Congreso local dio trámite a seis dictámenes, uno de los cuales se refiere al juicio de procedencia del diputado Enrique Flores Flores –expulsado del PAN-- por los escándalos derivados de un video en el que admite cobrar “comisiones” junto con otros diputados del PRI, el PRD y el PVEM, a cambio de ‘limpiar’ las auditorías a los alcaldes.