En el tramo final de su sexenio y a unos meses de las elecciones, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez implantó en la entidad el Mando Único Militar. Lo obligaron el implacable avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación y la violencia por el negocio del robo y trasiego de hidrocarburos, que ha cobrado cientos de vidas en lo que va del año. Sin embargo, el exprocurador guanajuatense Juan Manuel Alcántara también responsabiliza del auge del crimen organizado a las omisiones del gobierno federal y los inoperantes encargados de las corporaciones locales. IRAPUATO, Gto. (proceso.com.mx).- El gobierno estatal abrió la puerta a la militarización de la seguridad: por primera vez, operará en la entidad un mando único coordinado por el Ejército. El jueves 14, dos días después de la más reciente ejecución múltiple en un bar de Irapuato y luego de consecutivos ataques contra policías en varios municipios, el gobierno del estado presentó el esquema al que se supeditarán por lo pronto cuatro municipios de las regiones Sur y Laja Bajío, asolados por el robo y trasiego de hidrocarburos. Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca (este último, sede de la Refinería de Pemex Ing. Antonio M. Amor) acordaron formalizar la entrega del mando de policía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al Ejército. Al frente del Mando Único estará el general Juan Manuel Díaz Organitos, quien el 8 de agosto asumió la comandancia de la XVI Zona Militar procedente de la Comarca Lagunera, donde estuvo al frente del Mando Especial durante poco más de año y medio. Los cuatro municipios fueron visitados por una comitiva en la que se incluyó al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera (antes titular de la procuraduría estatal de derechos humanos), al propio general Díaz Organitos y al secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien explicó que en el Grupo de Coordinación Guanajuato se determinó que las acciones operativas de los diferentes cuerpos de seguridad sean lideradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de dictar las políticas públicas que seguirán las autoridades federales, estatales y municipales en la materia. “El mando lo tendrá, como corporación, la Secretaría de Seguridad”, dijo Cabeza de Vaca, quien luego explicó que el modelo de Mando Único tendrá una variante: “En los acuerdos del gobernador con el Grupo de Coordinación se determinó que estarán efectivos de la fuerza estatal y municipal, comandados en una estrategia o liderazgo por mi general Juan Manuel Díaz Organitos o por el Ejército a través de él”. El secretario aprovechó estas presentaciones para ofrecer como resultado del nuevo esquema “mejores condiciones de tranquilidad, de paz, que fomenten la libre convivencia”. Pero también hizo una invitación a utilizar el número 089 de denuncia anónima en estos términos: “Sabemos en Seguridad Pública que la población es nuestra guía, nuestro faro, nuestra luz; es la que nos puede estar indicando de situaciones relacionadas a delincuencia, a faltas administrativas, actividades sospechosas, para poderlas verificar”. Con el séptimo lugar en la estadística nacional en homicidios dolosos en los primeros siete meses del año, Guanajuato escaló todos los lugares posibles y en el último reporte mensual quedó en la cima en cuanto a ejecuciones. La percepción ciudadana sobre la violencia y la inseguridad tampoco ha dejado de incrementarse. En la encuesta de seguridad pública urbana más reciente, presentada en junio pasado, 78% de los habitantes de León (la ciudad más poblada del estado) dijo sentirse inseguro; es un porcentaje cuatro puntos mayor que la media nacional. “La situación actual del estado es crítica y tenderá a ser aún más dolorosa para la población en las próximas semanas o meses... porque la federación no tiene entre sus prioridades que Guanajuato sea seguro, y por la incapacidad de las policías preventivas municipales y las fuerzas reactivas estatales y ministeriales”, dice en entrevista el exprocurador estatal y exsecretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien horas antes había exigido públicamente la renuncia del procurador guanajuatense, Carlos Zamarripa Aguirre. Frente a la decisión de dejar en manos de los militares la estrategia y la coordinación operativa en la región Sur de Guanajuato, Alcántara Soria habla de ineficiencia, falta de profesionalización y corrupción en la Secretaría de Seguridad y la procuraduría estatales: “En este momento los alcaldes y el estado no tienen con qué. Hay que partir de un sano realismo, no del cinismo, y decir que de manera subsidiaria y con la debilidad legal de que el Ejército entre a realizar las tareas de civiles, hay un bien mayor a cuidar: la integridad de los guanajuatenses ante el riesgo creciente. Eso es lo que justifica, aun en el derecho internacional, que el Ejército asuma el mando de la seguridad”. Pero esta intervención tendrá que ser excepcional y limitada en tiempo, aclara, bajo un plan que determine plazos y zonas para la actuación de los militares, dadas las experiencias ya vividas en otras regiones del país: “No es posible jurídica ni políticamente que se queden por tiempo indefinido y eso lo tendrán que saber bien el gobierno estatal y los municipios para trabajar hasta tener una policía acreditable, lo que podría lograrse en no menos de tres años. Y el Ejército se irá cuando tenga que irse. “Esto debería de venir acompañado de una sanción política a quienes no supieron cumplir con una atribución legal y social que tienen”, dice el exprocurador, quien apunta a los tres niveles de gobierno. Huachicol desbordado El robo de combustible “es un problema que nos ha generado cada vez más violencia y es el tema número uno que tenemos en varios municipios, principalmente de la Región Laja-Bajío: el delito no es combatido a la misma velocidad con la que crece; tendríamos que hacerlo de una forma más eficaz y a una mayor velocidad”, reconoce a su vez Zamarripa. Los denominados “chupaductos” para la extracción ilegal de combustible se han encontrado disimulados en casas vecinas a gasolineras, bajo bodegas, en lechos de ríos, a unos metros de la refinería de Salamanca e incluso en planteles escolares. “Tenemos un problema grave allí con este tema –comenta el procurador–, ha sido muy complicado a nivel de campo, tendríamos que actuar con una mayor velocidad para estar bloqueando esta tomas que se han detectado y se han reabierto ‘ene’ número de veces. Si tuviéramos una actuación más rápida y eficaz de Petróleos Mexicanos” la situación sería distinta. Zamarripa se refiere a la falta de cooperación de los directivos de Pemex para actuar en el interior del sindicato y de las instalaciones a fin de investigar y proceder penalmente contra los trabajadores cómplices de este delito (Proceso 2115). E insiste: “Tendríamos que tener muchos policías a lo largo de todos los ductos para impedir cualquier sustracción ilegal, cuando podríamos tener a alguien confiable vigilando la baja de presión de los ductos (dentro de la paraestatal) para actuar”. A principios de julio, el gobernador Miguel Márquez Márquez tronó contra la empresa productiva del Estado después de que su director general, José Antonio González Anaya, dejó esperando al mandatario y al Grupo de Coordinación Guanajuato en una reunión en la que ellos le presentarían una campaña dirigida a disuadir el robo de combustible. “El principal responsable es Pemex, es el que debería de estar aquí”, reclamó. González Anaya visitó la entidad semanas después. Para Alcántara Soria, “el huachicoleo siempre ha existido en Guanajuato y particularmente en Salamanca. Todo mundo sabe que desde adentro del sindicato y de la refinería todo mundo ha lucrado con el combustible. “Pero el problema se agravó cuando la delincuencia organizada constató las omisiones de vigilancia en los ductos del país y buscó aliarse con grupos locales que han vivido del huachicoleo. Donde no han podido aliarse, hay una disputa abierta por el control de esta actividad muy lucrativa, una de las explicaciones de por qué la violencia en Guanajuato se ha elevado exponencialmente y se constata el incremento de los homicidios dolosos”. El exsecretario ejecutivo del SNSP afirma que “la autoridad federal ha sido omisa ante la presencia de los dos grupos delictivos importantes en la entidad: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con un dominio pleno por la vecindad con Jalisco, está presente en León, San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado, Cuerámaro y Comonfort; mientras que Los Zetas asentados en Zacatecas tienen su ruta a Lázaro Cárdenas: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Celaya, los Apaseos y el sur hasta Acámbaro. “Esta omisión federal es la primera condición que favorece el crecimiento de la inseguridad en el estado”. Después de la presentación del informe de acciones del gobierno federal en la entidad, a cargo del delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuet, Alcántara Soria reclamó la total omisión del tema de seguridad en el evento, al que asistieron una veintena de empresarios y políticos irapuatenses, incluidos varios exalcaldes. Aguirre Vizzuet argumentó “instrucciones superiores” de pasar por alto el tema “mientras el gobernador no asuma públicamente que es el responsable de la seguridad en el estado”. La respuesta de Alcántara Soria fue: “Como si el presidente Peña Nieto hubiera salido públicamente a asumirse como el responsable de la seguridad del país”. En la entrevista agrega que esa no es la única omisión, pues falta “un verdadero plan de prevención de la violencia en el estado. No hay una referencia científica seria para conocer cómo se está previniendo el delito en Guanajuato. Tenemos la estadística de incidencia delictiva del SNSP, que nos arroja que Guanajuato en los últimos meses viene incrementando su nivel de violencia y delincuencia, y dejó totalmente reprobados, desfasados e inútiles los temas de prevención”. Y aunque celebra el arranque de operaciones del cuartel de la Policía Militar, anunciada para diciembre próximo en la Zona Militar de Irapuato, pone bajo sospecha el modelo de prevención vigente: “En el estado, la prevención que escogió Álvar Cabeza de Vaca es la situacional, a través del sistema de videovigilancia con el multimillonario Programa Escudo, que no ha evidenciado el costo-beneficio para Guanajuato y que, dicen las malas lenguas, le dejó una muy buena comisión al compadre del gobernador”. El exprocurador alude así al empresario Rafael Gallo Barba, promotor financiero de la campaña de Márquez para la gubernatura, a quien en los círculos políticos locales se le atribuyen negocios al amparo de su cercanía con el mandatario. Policías y ciudadanos inermes Los miles de millones de pesos asignados a las dependencias estatales de seguridad para implantar programas como el mencionado Escudo, han servido de muy poco para hacer de Guanajuato una entidad segura. Al menos 30 policías municipales y ministeriales han resultado heridos o asesinados en ataques directos desde el pasado enero. Los jefes de policía de Apaseo el Grande y Celaya, así como el jefe de turno en Valle de Santiago figuran entre las víctimas. Uniformados de varias corporaciones municipales comenzaron a renunciar en masa, incluyendo los de Salamanca, donde tres policías fueron levantados y obligados a declarar en un video la supuesta complicidad de comandantes y colegas que trabajan para el crimen organizado. Este es otro motivo para que las corporaciones municipales se integraran en el esquema del Mando Único. En el sur de la entidad se ven en anuncios espectaculares y mantas en los semáforos las convocatorias para ingresar a las policías, que no llenan sus vacantes. Son demasiados peligros por poco sueldo. Es el caso de Irapuato, donde los uniformados ganan 13 mil pesos mensuales, o de Apaseo el Alto, recién incorporado al Mando Único Militar y cuyo alcalde, Miguel Ángel Sánchez Escutia, confiesa a la reportera que no tiene capacidad económica para pagar más de 7 mil 500 pesos a un patrullero. El funcionario agrega que hace poco se convocó a compañías aseguradoras a concursar por un contrato de seguro de vida para los policías preventivos, pero el proceso se declaró desierto. “Eso lo vimos en otros municipios; ninguna empresa le quiso entrar. Y eso que un seguro para policías municipales no rebasa los 50 mil pesos”. En Apaseo el Alto el crimen organizado ha cometido decenas de asesinatos pese a que, en enero de 2016, meses después de iniciar su trienio, el alcalde Sánchez Escutia solicitó su integración al Mando Único estatal, por lo que un comisionado de las Fuerzas de Seguridad Pública se quedó al frente de la policía municipal. No obstante, admite: “Definitivamente no ha sido suficiente, no podemos tapar el sol con un dedo”. Para él, la incidencia delictiva en su municipio “es parte de un problema nacional”. El gobernador también ha adjudicado el complicado entorno de seguridad del estado a “una emergencia nacional” y a otro factor, en el que ha insistido sistemáticamente: “Hay una puerta giratoria por la que entran los delincuentes y salen de los juzgados”, ha señalado. Sobre esa problemática, el gobernador atribuye la impunidad a la laxitud de los jueces, particularmente en el nuevo sistema penal acusatorio, y a la posibilidad de que los detenidos por el uso o posesión de armas de uso exclusivo del Ejército enfrenten sus procesos en libertad. De hecho, Márquez ha impulsado una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de eliminar esa flexibilidad y los detenidos se queden en prisión preventiva. Al respecto, Alcántara Soria sostiene: “Si se detiene a los autores intelectuales de los delitos, para ellos no hay libertad provisional, pero nadie toca a los líderes, a las cabecillas; las unidades de medidas cautelares no sirven para revisar la reincidencia; los jueces llegan sin elementos suficientes para actuar, todo en perjuicio de las víctimas de los delitos”. Así, concluye Alcántara, en Guanajuato “vamos sin carta de navegación en aguas turbulentas, con una tripulación comprobadamente incompetente para que nos lleven a puerto seguro en el tema de seguridad”.