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Colombia dice “No” a la obsoleta fórmula antidrogas de Trump

BOGOTÁ (apro).- Fiel a su estilo, el presidente estadunidense Donald Trump amenazó hace unos días a Colombia con “descertificar” su lucha antidrogas y designarlo como un país que no coopera en forma satisfactoria en el combate al narcotráfico.

Esto quiere decir que, si Colombia no hace lo que quiere la administración Trump en materia de combate a las drogas, el país será descertificado por la Casa Blanca y perderá 391 millones de dólares que recibe en asistencia anual de Estados Unidos.

La amenaza de Trump resultó una dolorosa bofetada para Colombia, el país del mundo que más alto precio ha pagado, junto con México, en la lucha contra el narcotráfico, y el más cercano aliado de Washington en temas de seguridad en la región.

Según estimaciones del gobierno, en las últimas tres décadas han muerto 20 mil colombianos por enfrentar a los cárteles de la droga. De ellos, 5 mil 200 eran policías. Algunas de las víctimas son el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; el procurador general, Carlos Mauro Hoyos; el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y el candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Ningún otro país de América Latina se ha plegado, como Colombia, a los lineamientos que dicta Washington en materia de combate al narcotráfico. Y en ningún otro país de la región las agencias antidrogas y de seguridad de Estados Unidos están tan involucradas en la operatividad y la logística de esa lucha.

Por eso llamó la atención que, en un memorándum que envió el miércoles 13 al secretario de Estado, Rex Tillerson, Trump haya amenazado con designar a Colombia “como un país que ha fallado de una manera clara en cumplir los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas debido el extraordinario crecimiento de los cultivos de coca y producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en los últimos 12 meses”.

Un día antes, el martes 12, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, había dicho en una audiencia en el Senado que Colombia descuidó su lucha contra el narcotráfico por concentrar sus esfuerzos en las negociaciones de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El trasfondo de estos duros cuestionamientos a Colombia es el deslinde que comenzó a hacer hace dos años el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos.

En mayo de 2015, en medio de las negociaciones de paz con las FARC, Santos decidió suspender la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca con glifosato, un herbicida que produce la multinacional Monsanto y que la Organización Mundial de la Salud considera “potencialmente cancerígeno”.

Y a pesar de que los halcones de las agencias estadunidenses de seguridad rechazaron la decisión de Colombia, la administración del entonces presidente Barack Obama, que mostró apertura para someter a revisión la fallida guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos en el último medio siglo, respetó la decisión.

Y es que, ¿con qué autoridad puede Estados Unidos obligar a Colombia a privilegiar políticas represivas y catastróficas para el medio ambiente y la salud humana cuando la tendencia en ese país es enfrentar el fenómeno de las drogas como un problema de salud pública y cuando las dos terceras partes de los estados de esa nación ya autorizaron el uso recreacional o medicinal de la mariguana?

Washington pretende que Colombia reanude las aspersiones aéreas con glifosato, que envenenan no sólo los cultivos de hoja de coca sino todo el entorno, mientras el estado de California ubicó a ese herbicida en una lista de sustancias químicas que pueden causar cáncer.

Coca y paz

Para Colombia, el problema de las drogas es un asunto de seguridad nacional no solo por la violencia desestabilizadora que ha provocado en el país ese fenómeno, sino porque el negocio de la coca ha sido el combustible del conflicto armado interno.

Con la coca, los grupos paramilitares de extrema derecha llegaron a tener un ejército de 30 mil hombres la década pasada. Con la coca y otros negocios ilegales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se mantiene en la lucha mientras negocia un acuerdo de paz con el gobierno en Quito. Y con la coca, las FARC financiaron la guerra contra el Estado.

Por eso el gobierno colombiano introdujo en el acuerdo de paz con las FARC, vigente desde diciembre pasado, un punto denominado “solución al problema de las drogas ilícitas” que tiene como propósito reducir en forma sustancial los plantíos de hoja de coca en Colombia, pero no con represión ni con glifosato —que nunca han sido eficaces para acabar con los cultivos— sino con inversión social.

Esto quiere decir que, como resultado de los acuerdos de paz, Colombia está desarrollando en las zonas cocaleras, con ayuda de las FARC, un programa de sustitución de cultivos ilícitos que busca acabar, de raíz, con este fenómeno.

“Nosotros creemos que esa es la estrategia correcta. Hay que darles alternativas a los campesinos que han sembrado coca y apoyarlos para que tengan opciones productivas. Llevamos décadas fumigando y los cultivos de coca no se acabaron”, dice el consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, quien está a cargo del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Este programa, en el que Washington no cree, tiene como meta sustituir este año 50 mil hectáreas cocaleras –-el 34% de las que hay en Colombia– por sembradíos de cacao, plátano, café, maíz y otros productos agrícolas.

Para ello, el gobierno proporciona a cada familia campesina que siembra coca unos 350 dólares durante 12 meses. Luego del primer pago, cada una de ellas deberá haber erradicado manualmente sus plantíos. Esto lo supervisan funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Después, el Estado le otorga a cada beneficiario del programa 660 dólares para desarrollar un proyecto productivo en la tierra donde había coca sembrada, además de asistencia técnica e inversión en caminos para sacar los productos a los centros de consumo.

Desde luego, la endémica ineficacia estatal siempre juega en contra de la implementación de este tipo de programas.

Pero Rafael Pardo, un experimentado político liberal y funcionario público con rango de ministro, cree que el programa dará resultados en su primer año de implementación, es decir, a finales de 2017.

Según las estimaciones del consejero presidencial, a finales de este mes se llegará a 17 mil 321 hectáreas de coca erradicadas mediante la sustitución voluntaria de cultivos, y en noviembre próximo se llegará a las 50 mil hectáreas programadas para este año.

Además, la policía y el Ejército desarrollan un plan de erradicación manual de cultivos cuyos propietarios no se hayan acogido al programa de sustitución voluntaria. La meta es erradicar, mediante esta modalidad, otras 50 mil hectáreas de cultivos de coca este año.

De acuerdo con estas proyecciones, Colombia deberá terminar el 2017 con 100 mil hectáreas menos de cultivos cocaleros. La ONU estima que 2016 cerró con 146 mil hectáreas de estos plantíos. Este año tendría que cerrar en 46 mil hectáreas, lo que significaría una reducción del 68% en un año.

La renarcotización de las relaciones

Pero con Donald Trump y el conservador procurador general Jeff Sessions la lucha antidrogas volvió a la visión de los 80, cuando la represión y ataque a la producción de estupefacientes era el eje de toda la estrategia que, a la postre, resultó un fracaso.

A los funcionarios del área de seguridad del gobierno colombiano les disgustó “la estridencia” del memorando de Trump en el que amenaza con descertificar el combate contra el narcotráfico de Colombia por el aumento de los cultivos de hoja de coca.

Primero, porque constata el regreso al viejo discurso de que la solución del problema de las drogas debe centrarse en los países latinoamericanos donde se produce y se transportan los estupefacientes.

Segundo, porque para la nueva administración estadunidense la inversión social asociada al combate del fenómeno no es eficiente.

Los halcones de Washington prefieren mandar las tropas de la policía y el Ejército a combatir a los campesinos que siembran coca que ofrecerles alternativas productivas, como lo está haciendo el gobierno colombiano en el marco de los acuerdos de paz con las FARC.

Además, el gobierno estadunidense parte del supuesto que una mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en Colombia significa más cocaína en las calles de Estados Unidos. Ese es un argumento falaz que esconde el viejo prejuicio de que los responsables del enorme apetito de los estadunidenses por las drogas son los campesinos que las producen y los mafiosos que las trafican.

Según un estudio del director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes de Colombia, Hernando Zuleta, tampoco es verdad que un aumento en los cultivos de hoja de coca signifique un incremento en la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos.

De hecho, Zuleta concluye que la cantidad neta de cocaína colombiana en los mercados externos ha caído desde 2011, cuando se ubicó entre 290 y 350 toneladas. En 2015, señala, la oferta de esa droga habría llegado a un máximo de 170 toneladas.

Esto, según Zuleta, porque aunque han crecido los cultivos también se han disparado las incautaciones de cocaína. El año pasado estas llegaron a 362 toneladas, una cifra superior en 2.2 veces a la registrada tres años antes. Y este año ya van 275 toneladas. Esto pega más a las mafias de la droga que destruir por la fuerza miles de hectáreas de hoja de coca.

Frente a la demagogia de Trump –cuyos enemigos favoritos son los inmigrantes, los mexicanos, los musulmanes y los “bad hombres” que producen y trafican drogas— Colombia ha sido contundente: “no vamos a cambiar la estrategia antidrogas”, dicen funcionarios del gobierno.

El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien la semana pasada visitó México como invitado a las fiestas oficiales de la Independencia, le echó en cara a Estados Unidos que por cada 44 toneladas que decomisa Colombia ellos incautan una.

Y en un comunicado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos señaló que “Colombia es, sin lugar a dudas, el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en este frente. Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar este desafío”.

El mundo, agregó la nota, lleva más de 40 años en la guerra contra las drogas y los resultados “son insatisfactorios”. Por ellos es necesario hacer “una reflexión de fondo sobre la forma más eficaz de combatir y superar este flagelo”.

Desde luego, la derecha colombiana, que históricamente ha sido dócil y sumisa con la línea más dura de Washington por interés y por ideología, ha criticado al gobierno colombiano por “hacerle reclamos” a un “aliado eficaz”, según señaló el expresidente Álvaro Uribe en referencia a Estados Unidos.

El doctor en relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington, Juan Gabriel Tokatlián, considera que la aspiración colombiana de tener una relación privilegiada con Estados Unidos es una quimera que naufragó igual que la de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La amenaza explícita de Trump de descertificar la lucha antidrogas de Colombia, indica el experto en un artículo en el diario El Tiempo, “muestra con toda crudeza que una superpotencia, así esté en declive relativo, no tiene ‘relaciones especiales’ con los países periféricos de lo que aún considera su ‘patio trasero’”.

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