TOLUCA, Edomex. (apro).- Antes de dejar la gubernatura, el priista Eruviel Ávila empleó su encomienda pública para el “pago de favores” a empresarios, notarios, iglesias y amigos, a través de la promoción de iniciativas y promulgación de decretos, acusaron diputados locales de Morena. De prisa y a escondidas A propuesta de Ávila Villegas, la noche del jueves 14, unas horas antes de dejar el cargo, la Legislatura mexiquense aprobó, por mayoría de votos, la desincorporación de cinco terrenos de Cuautitlán Izcalli --considerados área común, deportiva o natural protegida-- para su venta, y dos más en Huixquilucan para edificar el parque ecuménico en beneficio de la Iglesia católica y la comunidad judía. En ambos casos, Morena votó en contra, tras denunciar que las propuestas fueron sometidas a consideración del pleno “al cuarto para las doce” (de concluir la saliente administración estatal), sin ser dictaminadas en comisiones (con dispensa de trámite) y por la noche (la sesión se tenía considerada para comenzar a las 17:00 y los puntos se discutieron alrededor de las 23:30 horas). En el caso de los predios de Izcalli, el diputado Marco Antonio Ramírez Ramírez acusó que Ávila Villegas se despidió de la gubernatura “robándole a los mexiquenses cinco predios, de prisa y a escondidas, y sin discutir”. La justificación para la donación fue la falta de recursos del ayuntamiento y la necesidad de “atender las crecientes necesidades de movilidad de su población” a partir de lo recaudado con la venta de los inmuebles. No obstante, Marco Ramírez advirtió que uno de los predios es una cancha de futbol, un espacio deportivo necesario para combatir la obesidad y la inseguridad; no hay razón, consideró, para destruir los pocos espacios deportivos de la ciudadanía. Otro más es un área natural protegida de 75 mil metros cuadrados –como lo reconoce el Plan de Desarrollo Urbano de Cuautitlán Izcalli publicado en la Gaceta de Gobierno estatal, número 6, el 13 de enero de 2014--, lo que para el legislador también echa por tierra los discursos a favor del medio ambiente. Un tercer terreno fue donado por los ejidatarios de San Mateo Xoloc para dedicarlo a dotación de recursos públicos, y conforme al artículo 64 de la Ley Agraria no se puede enajenar ni dedicar a un fin distinto. “No se puede entender que un exmedallista olímpico, Víctor Estrada –alcalde por Nueva Alianza--, promueva acabar con espacios deportivos”, dijo. Su correligionario Abel Valle lamentó que la justificación del Ejecutivo y el ayuntamiento radique en que esos terrenos estaban en el abandono histórico, lo que muestra que a Estrada Garibay no le interesa rescatarlos, a pesar de que es deportista. “Parece que le interesa más obtener recursos para el año de Hidalgo”, señaló. La contratación de obra pública con los recursos de la venta de estos terrenos, destacó el diputado de Morena, viola la ley, que permite la venta de inmuebles sólo para adquirir otros necesarios o pagar pasivos. “No se justifica, (Eruviel Ávila) le quiere hacer el último favor a su amigo Víctor Estrada. Son 102 mil 325 metros cuadrados que a razón de 3 mil pesos el metro en promedio arroja un costo de 306 millones 973 mil 350 pesos. Si quiere obra pública, mejor que contrate Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, sugirió. También PAN, PRD y PT votaron en contra de la donación de predios a Izcalli, mientras Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo. El panista Raymundo Guzmán Corroviñas advirtió que para justificar la desincorporación y enajenación hicieron falta los dictámenes técnico, económico y de procedencia obligados por la ley. “Respetemos el juramento que hicimos de defender la Constitución. La crisis del municipio no responde a factores externos –como se argumenta en la exposición de motivos--, pues la recaudación en 2015 fue de 820 millones de pesos y pasó a 660 millones en 2016 (mil 690 menos), mientras el gasto en servicios personales creció de 152 millones a 567 millones (415 millones más). La aprobación de la iniciativa, dijo, fue un “acto ilegal, injusto e inmoral”. Morena, PRD y PT también votaron en contra de la desincorporación de dos predios para donarlos en favor de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, Institución de Asistencia Privada, y de la Arquidiócesis de Tlalnepantla AR para la construcción de la primera plaza ecuménica en el Estado de México y en el país. Los terrenos implican 10 mil 687 metros cuadrados ubicados en Bosque Real, una de las zonas más exclusivas de Huixquilucan, cuyos precios incluso se fijan en dólares. Estas donaciones públicas en especie benefician a la Iglesia católica y a la comunidad judía, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga en su artículo 130 a la separación Iglesia-Estado. La oferta de Ávila Villegas fue presentada de manera pública unas horas antes, en presencia del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo metropolitano de Tlalnepantla; Moisés Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México; Max El-Mann Arazi, presidente de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, y el presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar. Allí, el entonces mandatario afirmó que la donación de los inmuebles “es un ejemplo claro de trabajo en equipo, en el que participan no sólo las autoridades eclesiásticas, sino también el gobierno municipal y estatal para hacer realidad este evento histórico para el estado y el país, que es la unión de diferentes credos con el objetivo común de reforzar los valores”. Pago de favores A principios de septiembre, a través de un comunicado, el grupo parlamentario de Morena responsabilizó a Eruviel Ávila de promover diversas iniciativas para el pago de favores electorales a empresarios, y no para el beneficio ciudadano. Por ejemplo, plantearon, las recientes reformas al artículo 204 del Código Penal del Estado de México para despenalizar la venta de alcohol a menores de edad y dejarla solamente como una falta administrativa, “es el pago por el apoyo electoral que los empresarios dieron al candidato a gobernador de su partido”, señalaron. En la discusión de la iniciativa, dijeron, los priistas reconocieron que la propuesta fue hecha por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac). “Nos queda claro que con el aval de dicha propuesta están pagando el compromiso con los empresarios restauranteros”, manifestaron. A la fecha, la reforma no ha sido promulgada en la Gaceta de Gobierno y, por tanto, tampoco está en posibilidades de entrar en vigor. También acusaron que, con las últimas reformas al Código Administrativo del Estado de México para establecer la obligación de los automovilistas de respetar los carriles de transporte público, masivo o de alta capacidad, el otrora mandatario mexiquense pagó el apoyo de este sector al candidato priista. Días más tarde, se sumó la aprobación oficial al incremento de 25% en la tarifa mínima de transporte público (de 8 a 10 pesos), y de un peso en el Mexibús y Maxicable. Ávila Villegas, sugirió la bancada de Morena, también fue condescendiente al permitir los incrementos al peaje en diversas autopistas de la entidad, como el Viaducto Elevado Bicentenario y del Circuito Exterior Mexiquense. “Pretenden pagar el apoyo de la empresa OHL a la campaña del candidato a gobernador”, lamentaron. A estas propuestas, indicaron los morenistas, se suma la donación de un predio para construir el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, las reformas a la Ley del Notariado para extender facultades de los notarios, y la reforma para que se incorpore al Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México la figura del Divorcio Notarial. “Es evidente que con esta aprobación buscan dar trabajo a los notarios nombrados hace unas semanas, en los que se incluyen familiares de panistas y perredistas”, insistieron. Herencia notarial De los 11 controvertidos notarios designados el 12 de julio por Ávila Villegas, Mario Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del entonces secretario general de Gobierno –quien fue juez y parte en la designación--, inició funciones el 31 de agosto, conforme a la propia Gaceta oficial estatal. Los demás, familiares de panistas (la hija de Francisco Gárate, exrepresentante ante el INE, y la esposa del diputado federal Ulises Ramírez) y perredistas (el hermano de Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del CEN), amigos de Ávila Villegas (Erasto Martínez Rojas), hijos de gobernadores y de funcionarios cercanos al presidente Enrique Peña, se encuentran en litigio. En junio, el mandatario estatal otorgó la titularidad de las notarías 182 de Metepec a Ernesto Santín Quiroz, hijo del notario René Santín Villavicencio; Hazael Torres Huitrón en la 174 de Ecatepec, Gabriela Lechuga Valdés en la 7 de Toluca y Aída Chávez Magallanes en la 88 de Izcalli. A pesar de que la ley prohíbe “heredar” las notarías públicas, el 8 de septiembre Ávila Villegas aceptó la solicitud para separarse de la función por un año de una decena de fedatarios en edad avanzada. No obstante, en su lugar designó de forma provisional a sus hijos quienes, al cumplir 12 meses en la encomienda, podrán ser nombrados titulares de las notarías sin necesidad de presentar y aprobar los exámenes correspondientes. Entre los herederos de facto se encuentran la notaria 10 de Chalco, Liliana Mendoza Herrera, hija de Roberto Mendoza Nava; la 68 de Toluca, Ivonne Libién Ávila, descendiente de Franklin Libién Kaui; José Luis Vázquez Pozo, quien suplirá a su papá Salomón Vázquez Varela en la 70 de Atizapán, y Luz María Franco Ortiz, hija de Andrés Franco Espinoza para la 77 de Otumba. En la 97 de Valle de Bravo el notario provisional será Arturo Santín Quiroz, hijo de René Santín Villavicencio; en la 121 de Tejupilco ejercerá Francisco Arce Arellano, hijo de Francisco Arce Ugarte, y en la 127 de Ixtapaluca quedará al frente Martha Monserrat Maldonado Farías en sustitución de su padre Francisco Maldonado Ruiz. También a través de la Gaceta de Gobierno del 8 de septiembre se designan notarios titulares de la 15 en Toluca a Evelyn Lechuga Gómez, hija del exnotario Carlos Lechuga; Mauricio Trejo Navarro en la 18 de Tlalnepantla; Leopoldo López Benítez en la 25 de Ecatepec, y Alfonso Flores Macedo en la 28 de Nezahualcóyotl. También se reconoció la titularidad de Arcadio Sánchez Henkel Gomeztagle (exfuncionario del Instituto Electoral del Estado de México) en la 41 de Toluca; José Antonio Armendáriz Munguía en la 60 de Ecatepec; Marlene Salas Villicaña en la 69 de El Oro; Enrique Aguilar Godínez en la 74 de Naucalpan; José Ruiz Ortega en la 99 de Izcalli, y Mariana Sandoval Igartúa en la 33 de Naucalpan. En la misma publicación se renovó la licencia de Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador priista de Oaxaca, quien es titular de la notaría 175 de Izcalli desde el 26 de septiembre de 2012, pero se encuentra en permiso desde diciembre de 2015 con motivo de su encomienda pública. En reciprocidad por los beneficios recibidos, el Colegio de Notarios acuñó ex profeso, pues es la primera ocasión que la entrega, la Presea Andrés Molina Enríquez que otorgó a Ávila Villegas el 13 de septiembre.