MADRID (apro).- La Guardia Civil incautó este martes abundante documentación relacionada con el censo del referéndum de independencia de Cataluña programado para celebrarse el 1 de octubre (1-O), suspendido por el Tribunal Constitucional. Durante un cateo en la empresa de mensajería Unipost, en la comunidad de Terrasa, los agentes de la corporación incautaron notificaciones para las mesas electorales para la consulta y se siguen buscando las tarjetas censales. Este es el hallazgo más importante en los registros realizados en los últimos días de cara a frenar el 1-O, según fuentes de la investigación citados por la agencia EFE. Ciudadanos a favor de la independencia se reunieron afuera de la compañía registrada para protestar contra la operación de la Guardia Civil, que es dirigida por la fiscalía. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los ciudadanos recibirán “muy pronto” las tarjetas censales. Hasta ahora, la Guardia Civil había incautado alrededor de un millón 300 mil carteles y material de propaganda del referéndum, en operaciones realizadas en días recientes. Asimismo, hoy inició la pasarela por la fiscalía de los 712 alcaldes catalanes que apoyan la organización del referéndum, pero se negaron a declarar. Fueron los alcaldes de tres ayuntamientos que hicieron público que apoyarán el proceso de votación con instalaciones municipales, desobedeciendo la prohibición del Tribunal Constitucional. Los alcaldes independentistas respondieron así a la convocatoria lanzada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para la celebración del referéndum. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó la semana pasada que los fiscales jefes de las provincias catalanas citen a declarar “como investigados a los 712 alcaldes” que han mostrado disposición a ceder locales municipales a la Generalitat el 1-O, que supone la posible comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Asimismo, ordenó a los Mossos d`Esquadra, la policía catalana, que si los alcaldes –que representan al 75% del total de alcaldes catalanes—se niegan a comparecer voluntariamente, deben ponerlos a disposición de los fiscales. Los alcaldes que comparecieron hoy son el de la localidad de Mollerusa, Marc Solsona; de Pont de Suert, José Antonio Troguet, y el de Oliana, Miguel Sala. Ninguno de ellos mostró disposición a declarar.