CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde hace más de dos años la organización ciudadana Suma Urbana denunció que existen alrededor de cuatro mil edificios ilegales en el Distrito Federal que fueron construidos con los beneficios de la norma 26, que favorece a las viviendas de interés social. Según esta agrupación, con este negocio se generaron 200 mil millones de pesos para los desarrolladores de vivienda. Por su parte, otra agrupación civil “Obra Chueca” desarrolló un mapa donde se han concentrado la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios irregulares los cuales están precisamente en las delegaciones donde los sismos de 1985 y el reciente tuvieron mayor impacto: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Centro. Josefina Mac Gregor, de la red Suma Urbana aseguró desde entonces que estamos frente a un caso de impunidad, corrupción y leyes a modo. El 12 diciembre 2016 la Asamblea Legislativa de Ciudad de México aprobó una nueva Ley de Vivienda “que busca combatir la segregación, la desigualdad social y la especulación”. La nueva Ley de Vivienda fue promovida por la diputada Dunia Ludlow, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por el diputado Leonel Luna Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes defendieron el dictamen asegurando que fue producto de casi un año de trabajo mediante la consulta de académicos, especialistas, organizaciones de vivienda, desarrolladoras, vecinos organizados, notarios, institutos de investigación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y ONU-hábitat, entre otros. Según esta la ley se obliga a las autoridades a que la vivienda tenga seguridad jurídica; servicios básicos y espacios públicos adecuados; espacio suficiente para garantizar el desarrollo familiar y personal y sea asequible al nivel de ingresos de sus ocupantes. La nueva norma señala que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), es el responsable de presentar el programa sectorial y las políticas necesarias para satisfacer las diversas necesidades de la población. Mientras, el Instituto de Vivienda será el único ente encargado de elaborar y aplicar el Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular. Con la ley también nace el Sistema de Información y Evaluación de Vivienda de la Ciudad de México, así como el Consejo de Vivienda, el cual tendrá que planear y evaluar la política en la materia. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México se ha negado a dar a conocer el Atlas de Riesgos que por lo menos 113 ciudadanos han solicitado que se les entregue vía la ley de transparencia. La Secretaría de protección Civil a cargo de Fausto Lugo García, ha contestado que dicha información “está reservada” y que es imposible entregar una copia alegando que únicamente tendrán acceso a quienes acrediten “interés jurídico”. Mientras tanto, el mercado inmobiliario de vivienda y de oficinas se mantiene como el mejor negocio, principalmente en las zonas de alto riesgo identificadas por la agrupación “Obra Chueca”. Francisco Martín del Campo, director general de Grupo Arquitectoma, dijo en una entrevista en la revista Expansión que el mercado inmobiliario de oficinas ha inundado la Ciudad de México con alrededor de seis millones de metros cuadrados y que la oferta es aumentar en los próximos años más de dos millones de metros cuadrados en nuevos proyectos. Uno de esos nuevos proyectos es Chapultepec Uno, ubicado en avenida Reforma y que terminará de construirse en noviembre de 2018. El proyecto considera 30 mil metros cuadrados rentables: tres mil para zonas de servicios que ya están colocadas y 27 mil metros para renta. Diego Mariscal Lozano, director general de Grupo Marca, desarrollador de Chapultepec Uno, indicó que este edificio se hizo con inversión de 135 millones de dólares y se pidió un financiamiento por otros 135 millones, para dar un total de 270 millones de dólares. Su valor comercial es de 360 millones de dólares: el del hotel es de 85 millones de dólares, otros 85 millones del área residencial y 190 millones de las oficinas. El retorno de inversión proyectado es de 20% anual. Según las agrupaciones civiles Suma Urbana y Operación Chueca, muchos de los permisos que se han otorgado son falsos o tienen irregularidades porque no contemplan las medidas de seguridad necesarias como el rebase de los pisos de construcción.