OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil demandaron la destitución del ombudsman Arturo Peimbert Calvo por “actuar contrariamente a su mandato”, al pedir al gobierno del estado la “militarización” en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde los pobladores han frenado proyectos mineros, eólicos y otros planes extractivistas. Mas de 30 organizaciones calificaron de “inaceptable” la anuencia del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que favorecen las políticas públicas federales y estatales de despojo, cuya última manifestación es la estrategia de Zonas Económicas Especiales. Por separado, tres integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría también cuestionaron al ombudsman por solicitar la intervención del Ejército, cuando tiene instrumentos jurídicos que le permiten ser una voz contundente para denunciar y exigir el respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, puede emitir alertas tempranas, recomendaciones e incluso solicitar la coadyuvancia de otras instancias nacionales e internacionales. Una semana después del sismo y tras las lluvias torrenciales que devastaron la región del Istmo de Tehuantepec, los inconformes manifestaron: “Nos preocupa sobremanera la postura emitida mediante el boletín 077 por parte la Defensoría pidiendo al gobierno del estado la militarización de la zona.” Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Lunas del Sur y Tequio Jurídico, entre otras organizaciones, señalaron que la sociedad civil ha sido testigo de la falta de capacidad y grave voluntad política del gobierno para atender las grandes necesidades de la gente que enfrenta los estragos que dejaron las lluvias y el sismo. Frente a estas dramáticas circunstancias se han multiplicado los esfuerzos de solidaridad ciudadana para suplir la ineficiencia gubernamental, añadieron la Limeddh-Oaxaca, Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Nueve Lunas, Centro Calpulli, Piña Palmera, Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir en Oaxaca y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio. Sin embargo, advirtieron, “es grave, es incongruente que el titular de la Defensoría solicite de manera temporal la colaboración del Ejército Mexicano para que mantenga una constante vigilancia y cumplan con labores de seguridad pública cuando el Istmo de Tehuantepec es una de las zonas del país que despierta los intereses económicos más voraces de empresas trasnacionales y nacionales. “Pero la organización y resistencia de los pueblos zapotecos, huaves y mixes en defensa de su territorio es lo que hasta la fecha ha impedido el control del territorio y ha frenado los proyectos mineros, eólicos y otros planes extractivistas; dicha resistencia es la que también ha permitido evitar la militarización de la zona como mecanismo de control para la explotación territorial”. En un comunicado, consideraron que la postura expresada por Peimbert Calvo “es muestra de su servicio y complicidad con el Estado. Es aberrante que el organismo autónomo cuya misión es velar por el respeto de los derechos humanos, sean quien aliente a la militarización”. Lo cuestionable –subrayaron-- es que esta petición se hace “pese a que a lo largo de décadas se han documentado las graves consecuencias que arrastra la militarización, lo que al parecer es ignorado por el titular de la Defensoría, dejando al desnudo su acuerdo con el gobierno para maquillar que dicha militarización es en beneficio propio”. Añadieron: “La Defensoría ha conocido las graves violaciones a derechos humanos y criminalización de la protesta que existen en contra del pueblo organizado en la región istmeña, por lo que no puede ignorar las graves implicaciones de la militarización del territorio”. Esta postura, recalcaron, contraviene absolutamente las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos, así como de organizaciones nacionales, “de no utilizar al Ejército en labores de seguridad pública de civiles para lo que no están preparados”. Finalmente, las organizaciones de Espacio Civil firmantes alertaron sobre el alto riesgo que implica la militarización del territorio istmeño colocándolo “en un estado de excepción de facto”. En ese sentido, reiteraron su condena a la posición de la Defensoría y exigieron que el Congreso local tome con seriedad dicha actuación e inicie el procedimiento de destitución del titular “por contravenir con esta acción el mandato de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”. Por su parte, Sara Méndez, María Eugenia Mata y Pedro Matías Arrazola, integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría, se deslindaron de la postura del ombudsman porque, subrayaron, “no podemos seguir aceptando decisiones que no fueron oportunamente consultadas y consensadas por el Consejo”. Agregaron: “No ponemos en duda los argumentos ante la grave situación de inseguridad que se vive en la zona, así como sobre las solicitudes que han hecho sectores de la población, que suponen que estarán protegidos por la presencia militar”. Y resaltaron su coincidencia con las voces que han expresado su desacuerdo de que sea el órgano autónomo de Derechos Humanos del estado la instancia que lo solicite, cuando a su vez es receptora de quejas o denuncias sobre las graves y sistemáticas violaciones que han sufrido en esa región, instancias y comunidades organizadas.