CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PRI, PAN, MC, PRD, Morena y PES pasaron, de la puja por ver cuál partido aportará más a la reconstrucción, a las mutuas descalificaciones. En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, ofreció una decisión intermedia e inmediata: que en el decreto de presupuesto del 15 de noviembre los partidos renuncien a los 6 mil 800 millones de pesos y se establezca que su único fin es para la reconstrucción de las entidades afectadas por sismos y huracanes. El PRI, mediante su coordinador César Camacho Quiroz, propuso que los nueve partidos renuncien a los mil millones de pesos que les resta por recibir este 2017, una reforma constitucional que elimine el 100% del financiamiento público y se supriman las diputaciones federales, locales y senadores de representación proporcional. El PAN, junto con MC y PRD, se manifestó por “una reforma legal” que elimine el 100% del dinero público y se haga efectiva al momento de su publicación. Además, que se elimine 50% de la burocracia de los tres poderes de la República. Todo ese ahorro, plantea el Frente, se redireccionaría a la reconstrucción del país, y para ello la Cámara de Diputados nombraría un fiscalizador de la aplicación de esos recursos. Además, el PAN propuso una reducción de la Cámara de Diputados a 300 legisladores, donde 250 serían uninominales y 50 de representación proporcional. Morena, a su vez, presentó una iniciativa para crear la “Ley para atender la reconstrucción y la emergencia nacional”, la cual plantea una “redistribución” del Presupuesto de Egresos, que es de 5 billones de pesos. Además, propone la creación de un fondo de reconstrucción con 302 mil millones, recursos que provendrían de los remanentes del Banco de México. El primero en iniciar la tanda de descalificaciones fue el coordinador priista César Camacho Quiroz, quien desde el jueves pasado se anticipó al resto de los partidos al renunciar a 258 millones de pesos que se les entregarían la semana entrante. Desde la tribuna, cuando anunció la reforma constitucional, Camacho Quiroz dijo que ellos han decidido presentar un cambio a la Constitución --“no un cambio legal y menos cosmético”— con modificaciones al financiamiento para los partidos políticos. Luego arremetió: “Con una mezcla de ignorancia o mala fe, hay quienes han planteado una reforma legal, cuando bien saben que la Constitución impide una modificación legal cuando el proceso ha empezado. Por eso, pretender sorprender a algunos diciendo que si esta reforma prospera tendría efectos el año próximo, es falso. Los tendrían en el año 2021, con una buena dosis de demagogia”. Enseguida insistió en que, así como el PRI ya renunció a 258 millones que el INE le entregaría la próxima semana como parte del último dinero correspondiente al 2017, lo hiciera el resto de los partidos para, juntos, alcanzar una suma de mil millones de pesos y aplicarlos a la reconstrucción del país. Al presentar la iniciativa de Morena, su coordinadora en San Lázaro, Rocío Nahle, dijo que “se necesita muchísimo dinero (más que los casi mil millones de pesos que propuso el PRI), y qué bueno que lo van a entregar, qué bueno que lo van a donar, lo aplaudimos, pero se necesita más. Ese dinero ya está, es el dinero de los mexicanos, del presupuesto”, aclaró. Pero en Morena, prosiguió, “proponemos aplicar más recursos, como la creación de un Fondo de Reconstrucción y eliminar el fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que es de 38 mil millones de pesos, además de cancelar el contrato de servicios para el avión presidencial y que anualmente tiene un costo de dos mil millones de pesos”. La diputada por Veracruz retó luego a los demás partidos: “¿De veras quieren entrar, de veras nos enredamos en la Bandera de México? A Ver, vamos por la iniciativa, vamos por un fondo de rescate. Si hubo para rescatar bancos por 120 mil millones de pesos, por qué entonces se presta a que se diga que nos quedamos sin dinero o a lo que ustedes llaman populismo, pero que el populismo se hace desde las entrañas del propio Estado”. A su vez, Marko Cortés, coordinador del PAN, y quien junto con MC y PRD ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar su propuesta de reducción de 50% de la burocracia y otros gastos en los tres poderes de la Unión, advirtió que no se debía caer en la “simulación” y que no bastaba con los 7 mil 800 millones de pesos que se darán a los partidos en 2018, “sino que se tiene que llegar a los 60 mil millones de pesos”, los cuales se obtendrían con los diversos ahorros que proponen. “Tenemos inscrita esta iniciativa, buscando no sólo contar los centavos, que es en lo que el PRI y el gobierno se quieren enfocar, que es lo que significa el gasto de los partidos políticos. Nosotros queremos que haya un verdadero plan de austeridad”, sostuvo. A su vez, Encuentro Social (PES), que fue el primero que propuso modificar el financiamiento a los partidos políticos, desde el inicio de la legislatura, calificó las propuestas de eliminar al 100% las prerrogativas de “advenediza y repentina, que es casi imposible de aplicar, ¿cómo vas a cambiar todo el sistema en unos días?”, se preguntó el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores Ccervantes, quien estuvo acompañado del coordinador de ese partido, Alejandro González Murillo. “Dinero hay, sólo hay que reasignarlo”, sostuvo luego de considerar las otras propuestas como “oportunistas y arrebatadas, queriendo engañar a la gente de que hoy somos diferentes”. A los coordinadores de PAN, MC y PRD se les preguntó si estarían dispuestos a entregar el dinero que les resta recibir en 2017, y nunca lo aceptaron. La vocera del PRD, Cristina Gaytán, dijo que su partido se niega a ello porque si renuncian, entonces el gobierno federal se quedaría con el dinero y desconfían de él, pues podría utilizarlo para otros fines. El Frente tampoco se quiso sumar a la propuesta del PRI de eliminar a los 200 diputados de representación proporcional. Al final del día, cada uno de los partidos políticos en San Lázaro, lugar donde se pueden reasignar los recursos u otros gastos de los tres poderes de la Unión para aplicarlos a la reconstrucción del país, no quisieron sumarse en una sola propuesta y se dedicaron cada uno a descalificarse entre sí. Incluso, la organización civil “Somos más” se unió a la cascada de propuestas y entregó al presidente de la Mesa Directiva la iniciativa ciudadana “Gobierno sin privilegios”, que plantea la eliminación de las pensiones para los expresidentes Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Luis Echeverría, quienes anualmente consumen unos 290 millones de pesos. También proponen la eliminación de la pensión a exmagistrados y exministros. Entregaron la iniciativa ciudadana acompañada de 220 mil firmas cuando la ley sólo demanda 190 mil.