El fracaso del Operativo Chilapa

CHILAPA DE ÁLVAREZ, Gro. (apro).- Uno tras otro, en el salón de eventos Los Alcatraces, ubicado en el municipio guerrerense de Chilapa de Álvarez, mujeres y hombres de la región que bajaron de sus comunidades –a veces lejanas– se ponen de pie para narrar sus historias.

Pese a sus 62 años y su agotamiento físico, Lorenzo Santos Reyes lleva cerca de tres años buscando a Roberto, su hijo, víctima de desaparición por un grupo de hombres armados. El hombre explica que vendió su yunta para cubrir sus viajes a la cabecera municipal, donde siempre escucha de las autoridades que su caso no avanza, y que a raíz del crimen tuvo que suplir las labores que realizaba su hijo en el campo.

Detrás de él, cinco mujeres nahuas no paran ni un minuto de trenzar cintas de palma, de manera mecánica. De esta actividad sacan su ingreso principal: explican que suelen producir tres rollos de 20 metros de trenza por día, que pueden vender en Chilapa por 5.5 pesos cada uno y en sus localidades por apenas tres pesos.

Chilapa de Álvarez se encuentra a escasos 80 kilómetros de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y al igual que en el caso de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada hace tres años, los crímenes que ahí se perpetraron permanecen impunes.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que opera en Chilapa desde hace dos décadas, además de los más de 170 homicidios registrados en el municipio en lo que va del año, existen entre 100 y 150 desaparecidos en la zona, y las autoridades no muestran avances en ninguno de los casos a los que la organización da seguimiento.

En esa zona, la devastación no es producto de fenómenos naturales, sino de la pugna por el control de la carretera por la que grupos criminales trasiegan enervantes desde la zona de cultivo, en la Montaña, hacia la región Centro del estado. Junto con Zitlala y Tixtla, conforma el llamado “corredor de la muerte”.

La población se encuentra paralizada por la pobreza extrema, el aislamiento –muchas zonas no tienen acceso a la red celular– y el terror impuesto por los grupos criminales que operan de manera cada vez más violenta, en contubernio con autoridades políticas locales.

“Todo el estado de Guerrero en un tiempo fue productor de enervantes para la exportación, pero cuando (el expresidente) Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, los cárteles más grandes sufrieron descabezamientos y divisiones, quedaron pequeños grupos que se conforman en cartelitos”, analiza Manuel Olivares Hernández, fundador del centro José María Morelos y Pavón.

A partir de ahí, añade, “se convirtió en una actividad empresarial que requiere materia prima, mano de obra, mercado de consumo y zonas de producción, se extendió al cobro de piso, el secuestro, la extorsión, y algunos servicios públicos como el transporte. Prácticamente lo controlan todo, lo que era la lucha por el mercado se convirtió ahora en lucha por el territorio”.

El pasado martes 19, una misión de observación conformada por organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del país y algunos medios –entre ellos Apro– y coordinada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) acudió a Chilapa para documentar la situación que viven las comunidades y los activistas.

Aunque el terremoto frustró parte de la agenda de la misión –una reunión agendada con el gobernador priista Héctor Astudillo Flores para la mañana del miércoles 20 fue “pospuesta” hasta nuevo aviso–, los observadores denunciaron “la impunidad e indolencia de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia para víctimas y familiares”.

En un comunicado, sus integrantes se alarmaron ante “la normalización de la presencia militar en distintos municipios del estado de Guerrero”, la cual, añadieron, representa “una muestra del incorrecto enfoque de la presencia estatal que restringe derechos en lugar de garantizarlos”.

Al narrar sus historias, los pobladores se refieren a sus agresores como los “hombres armados”.

Se trata de integrantes de los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos, que desde hace más de tres años se disputan el control del corredor Acapulco-Cuernavaca con una violencia extrema y una penetración en los círculos de la política guerrerense de primer nivel, como lo documentó ampliamente Ezequiel Flores, el corresponsal de Proceso en Guerrero.

El grupo criminal de Los Ardillos está encabezado por Antonio Ortega Jiménez. Su hermano, el legislador perredista Bernardo Ortega, llegó a presidir el Congreso guerrerense. Ambos son hijos del extinto narcotraficante Celso Ortega Rosas, apodado “La Ardilla”.

El grupo de los Rojos fue fundado por Jesús Nava Romero “El Rojo”, el extinto lugarteniente del capo Arturo Beltrán Leyva, y estaría dirigido ahora por Zenén Nava Sánchez, apodado “El Chaparro”.

La descomposición en la zona quedó exhibida entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, cuando un grupo de hombres armados, presuntos integrantes del grupo criminal Los Ardillos, tomó el control del municipio, allanó casas y desapareció a entre 31 y 32 personas, aunque solamente 16 familias se atrevieron a denunciar.

Pese a la indignación y a las notas de prensa, la ocupación del pueblo se llevó a cabo en la indiferencia de los policías, militares y gendarmes presentes. Los casos de desaparición permanecen en la impunidad.

Los pasados 6 y 7 de junio, la región atrajo de nuevo la atención mediática cuando aparecieron mensajes que instaban a la población de varios poblados aledaños a abandonar sus casas so pena de morir. Por lo menos 800 personas huyeron en emergencia, dejando atrás pueblos “fantasma”.

Durante un recorrido realizado la semana pasada en Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, dos poblados de los que la población huyó, Apro observó que las víctimas de desplazamiento forzado regresaron a sus hogares y retornaron a sus labores de campo.

Estas dos comunidades olvidadas se volvieron estratégicas para los grupos criminales, ya que algunos caminos que los atraviesan desembocan en Zitlala y abren el paso hacia la autopista a México o a Puebla.

El 27 de enero de 2016, Astudillo anunció el despliegue de 3 mil 500 elementos federales en tres municipios de la entidad, pero el “Operativo Chilapa” –como fue bautizado– no rindió frutos, y la violencia continuó.

“¿Paró la violencia? ¿Pararon las desapariciones? ¿Pararon los homicidios? No, no han parado. Aquí la preocupación de nosotros: ¿Cómo es posible que, con tantos militares, con tanta policía municipal, con tanta estatal no se inhiba la violencia?”, lamenta Olivares.

En diciembre pasado, el gobernador priista y el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmaron que al cabo de 10 meses el municipio estaría dotado de un nuevo cuartel militar. Hasta la fecha la promesa sigue en el aire, según los defensores de derechos humanos que operan en la zona.

De acuerdo con el Coneval, la mitad de la población del municipio de Chilapa de Álvarez vivía en una situación de pobreza extrema en 2010 –no existen datos más recientes sobre la pobreza a nivel municipal–, cuatro de cada diez personas pasaban hambre y, de manera más general, el 82.2% de sus habitantes vivía en la pobreza moderada.

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