El presupuesto también se cimbrará

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La discusión del presupuesto federal para 2018 se verá afectada por tres temas que seguramente incidirán en los eventuales cambios que la Cámara de Diputados le introduzca al proyecto del Ejecutivo: el compromiso de reducir el monto de la deuda pública en relación con el PIB, la elección presidencial del 1 de julio y los estragos que causaron los dos recientes terremotos en el territorio nacional.

La revisión del presupuesto del próximo año ya se veía complicada por los dos primeros temas, pero los recientes desastres naturales le añadieron complejidad, dado que los daños nuevamente son considerables. Federico Doring y Jesús Zambrano, vicecoordinadores del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, así como el diputado Vidal Llerenas, de Morena, ya expresaron que habrá que conocer la magnitud de los daños para determinar qué recursos se requieren y definir de cuáles partidas se obtendrán.

Hasta el momento los legisladores se han referido concretamente a los recursos necesarios para la reconstrucción, pero lo deseable es que empiecen a estudiar también las acciones preventivas que habrá que tomar para tratar de amortiguar los daños que ocasionan los cada día más frecuentes desastres naturales.

En lo que va de este milenio el país ha sufrido el embate de 13 fenómenos naturales que provocaron algún grado de devastación en el país; es decir que un meteoro o un sismo impactan a México cada 15 meses en promedio.

Simplemente, con ánimo enunciativo, el primero fue el 23 de enero de 2003, cuando el país registro un sismo de 7.6 grados Richter, con epicentro en Colima, que causó 29 muertos, 290 heridos y 30 mil damnificados. Dos años y medio después, en julio de 2005, el huracán Emily, el primero de la serie, azotó la isla de Cozumel y la península de Yucatán. En octubre de ese mismo año, Stan tocó tierra en Veracruz… y unas semanas después Wilma llegó a la costa de Quintana Roo y devastó Cancún.

Dos años después, en 2007, Tabasco sufrió inundaciones que dejaron a la entidad convertida prácticamente en una laguna y le provocaron incuantificables daños materiales. En abril de 2010 un sismo de 7.2 grados Richter causó la muerte de cuatro personas, más de 200 heridos y 25 mil damnificados en Baja California. Unos meses después, en agosto, la tormenta tropical Álex destruyó parte importante de la infraestructura urbana del área metropolitana de Monterrey. En marzo de 2012 un sismo de 7.4 grados Richter sacudió Guerrero y Oaxaca, cobró dos vidas y provocó cuantiosos daños materiales.

El 18 de abril de 2014 otro sismo de 7.4 grados Richter zarandeó nuevamente Guerrero, dejando otra vez numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. Cinco meses después los huracanes Ingrid y Manuel tocaron costas del mismo estado y dejaron a su paso más de un millón y medio de damnificados y varios centenares de desaparecidos; sus daños todavía no han sido reparados en su totalidad (Proceso 2133). Unos días después, Odile tocó tierra en Baja California Sur, dejando a su paso nuevamente muerte y destrucción. Y este año muchos huracanes han pasado cerca del territorio nacional, pero ninguno de los más devastadores lo ha tocado.

Pero en apenas 12 días dos terremotos –de 8.2 y 7.1 grados Richter– sacudieron el centro y el sur del país, con saldo de centenares de muertos, miles de damnificados y cuantiosos daños en la infraestructura.

De acuerdo con un análisis de la periodista Amanda Ruggeri, de BBC Mundo y difundido en el portal de Animal Político, un estudio realizado en Estados Unidos demostró que por cada dólar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias invirtió en la prevención de desastres, se ahorró 4 dólares en gastos de reparación tras el impacto de los fenómenos naturales.

Así que desde luego que se tiene que atender la emergencia y gastar en la reconstrucción, pero lo deseable es destinar recursos al diseño de políticas públicas de prevención de desastres ante los inevitables fenómenos naturales.

Es innegable que sobre todo en la Ciudad de México, a partir de la experiencia del terremoto de 1985, se generó una resiliencia que permitió sobrevivir al terremoto del pasado martes con daños menores a los que un fenómeno de esa magnitud hubiera provocado en otras circunstancias.

Lamentablemente también fue evidente que esta capacidad no está desarrollada en otras partes del territorio nacional ni se ha logrado para enfrentar a los huracanes que, de acuerdo con un estudio de la NASA, según la misma publicación ya comentada, “aumentan la potencia y velocidad de sus vientos y la fuerza de sus lluvias más rápido que hace 25 años”.

Los fenómenos naturales azotarán más frecuentemente y con mayor fuerza al país, por lo que no basta con dedicar recursos a reparar los daños; es imprescindible que se dedique un esfuerzo permanente, sistemático e integral a diseñar y aplicar políticas de prevención.

La amenaza de varios huracanes en los últimos días, aunque sólo uno haya llegado a costas mexicanas y con una fuerza menor a la esperada, y los dos terremotos son un llamado de atención sobre la importancia de priorizar el presupuesto para la prevención de desastres naturales.

Así que la discusión del proyecto de presupuesto federal de 2018 deberá conciliar dos prioridades enfrentadas: disminución de la deuda pública y aumento en el gasto de prevención de desastres naturales, cruzado por la inevitable distracción que significa la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy es cuando más falta hacen los estadistas, que no vean únicamente los intereses particulares y de corto plazo, sino que privilegien el bienestar nacional en el mediano y largo plazos.

Este análisis se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso.

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