Al interior del gobierno de Corral, crece la resistencia para impulsar programas de Derechos Humanos

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Los defensores de derechos humanos que en el sexenio de César Duarte arriesgaron su vida para hacer visibles las desapariciones y desplazamientos forzados, los casos de tortura, corrupción e impunidad, le apostaron al gobierno de Javier Corral, sin embargo, a un año de su gestión se vuelve cada vez más fuerte la resistencia de grupos de panistas para implementar políticas sociales con perspectiva de derechos humanos.

Activistas como Jaime García Chávez, que durante la campaña cerraron filas en torno a Corral a través de Alianza Ciudadana, supusieron que con su llegada al gobierno de Chihuahua se daría prioridad al tema de los derechos humanos, pero no ha sido así.

En entrevista con Apro, Isela González Díaz, Francisca Jiménez Barrientos, Rossina Uranga, Joaquín Solorio Urrutia, Imelda Marrufo y Diana Villalobos dijeron que en su momento aceptaron la invitación para conformar la Alianza Ciudadana porque la situación de corrupción e inseguridad era ya muy crítica en el estado, pero las cosas ahora no van muy bien.

Ejemplificaron que en el sexenio de Duarte fueron asesinados defensores de alto perfil, entre ellos Marisela Escobedo Ortiz, Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuela Solís Contreras, así como Alberto Almeida Fernández.

Como nunca antes, subrayaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgaron medidas cautelares ante las campañas de desprestigio que encabezó el gobierno del priista, acusado de desviar millones de pesos del erario.

Y ahora, a un año de gobierno, Javier Corral ya tiene retos fuertes, como el esclarecimiento de la periodista Miroslava Breach Velducea y la creciente inseguridad, añadieron.

Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), considera que ha habido apertura y voluntad para trabajar con las organizaciones por parte de titulares de dependencias de primer nivel, pero no de todos.

“En muchos casos nos siguen viendo como una amenaza u obstáculo. Somos conscientes de que en muchas ocasiones, aunque existe la voluntad de hacer, las condiciones económicas en las que se encuentra el estado complican mucho la capacidad de acción”.

Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, organización que atiende a comunidades indígenas en el municipio de Guadalupe y Calvo, asegura que hay presión de grupos que sólo persiguen intereses partidistas y con quienes el PAN teje la alianza electoral rumbo al 2018.

Luego de aplaudir la “acertada política social con enfoque en derechos humanos” de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas, dice que confía en que sus titulares “no abandonen este enfoque por presiones partidistas del PAN o del PRD, pues todo parece que conformarán una alianza electoral rumbo al 2018”.

A su vez, Rossina Uranga, psicóloga del Cedhem, destaca la necesidad de hacer cambios estructurales en la organización y operación de diversas dependencias y en la mentalidad de quienes ahí laboran.

Por su parte, Joaquín Solorio Urrutia, integrante de El Barzón, quien se integró al equipo de Corral, pero renunció meses después por una serie de actos de corrupción que denunció y no fueron atendidos, añade:

“Yo acepté ante la lucha en contra de la empresa minera Mag Silver, que pretendía establecerse en Benito Juárez, y por el problema de la sobreexplotación ilegal del agua en la Cuenta del Río del Carmen, que originó la muerte de mis familiares, Ismael Solorio y Manuelita Solís.

“El gobierno de César Duarte estaba sumamente implicado en los homicidios y en seguir sosteniendo esos conflictos. Continuar con el régimen del PRI en el Ejecutivo a través del entonces candidato, Enrique Serrano, sería continuar con la misma falta de solución a la problemática y brindar resultados en la investigación”, refiere.

El barzonista admite que no duda de la voluntad de Javier Corral para crear un buen gobierno, pero un gran obstáculo es que anteponen los intereses partidistas a un buen desempeño de la función pública.

“Mi experiencia como funcionario público en la actual administración fue de total desagrado, porque pude observar desde las entrañas del sistema gubernamental que las cosas, al menos en el departamento que me desempeñé (la Secretaría de Desarrollo Rural), se siguen haciendo absolutamente igual que en la administración que hoy está siendo investigada por las autoridades judiciales”, dijo.

El activista afirma que con el gobernador ha tenido una relación de acercamiento, pero hay algunos funcionarios que rechazan la Alianza Ciudadana.

“No creo que haya mucha voluntad de corregir, ya que para ellos Acción Nacional y la Alianza Ciudadana no debieron juntarse. Ahí estriba el problema para ellos. Siguen sin tener claro que en la elección, Alianza Ciudadana fue una parte fundamental, y tan no lo tienen claro que lo han externado, que para qué Corral se acercó con nosotros”.

Y señala que el gobierno actual debería considerar su postura con los medios de comunicación, además de que, subraya, “tiene una deuda con ellos al no esclarecer el asesinato de Miroslava Breach. Personalmente me consta que secretarios de Estado tildan de ‘periodicuchos’ a algunos medios, cuando se ha corroborado la veracidad de la información”.

Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, explica: “Es interesante la postura en relación a no permitir la presión de los medios hacia el tema de recursos (publicidad oficial). Sin embargo, preocupa que eso raye en un gobierno sin autocrítica en el que los errores o falta de experiencia, así como la impunidad, o bien situaciones concretas, se resuelvan echándole la culpa a los medios”.

A su vez, el líder agricultor juarense, Javier Meléndez, subsecretario de Desarrollo Social en el gobierno estatal, manifiesta que las inercias y paradigmas son peores que la falta de presupuesto.

Y Francisca Jiménez Barrientos, actual directora de la asociación Red por la Participación Ciudadana, admite que otorgaron su apoyo a Javier Corral por su perfil.

“Ayudó a conjuntar a organizaciones de la sociedad civil (…) se vio la imagen de un líder honesto y un aliado de las organizaciones de defensoras de los derechos humanos”.

Basta de violencia

A la directora de la organización Consultoría Técnica Comunitaria, Diana Villalobos, le preocupa el aumento en los índices de violencia, porque no ve claramente la política de seguridad pública.

“A lo largo de los años hemos visto y vivido que los gobiernos y las fiscalías han hecho diversos tipos de operativos (…) pero los ciudadanos no conocemos si estas experiencias son evaluadas y si de eso aprenden.

“Lo que percibimos los ciudadanos es que no hay información suficiente y que no somos tomados en cuenta para la discusión del problema y para participar en su solución. La inseguridad es un problema que se les salió de las manos y en donde no se ve o percibe una estrategia definida para atacarlo, sin embargo, es muy encomiable que se den detenciones de policías corruptos o ligados al crimen organizado”, apunta.

Isela González dice que hay impunidad en los crímenes contra periodistas, especialmente “nos duele que a seis meses del asesinato de Miroslava Breach, los autores materiales e intelectuales no estén en la cárcel”.

Es evidente el repunte de la violencia en la entidad, “pero no olvidemos que lo que hoy sucede es el reflejo de lo que realmente ha sucedido desde la administración pasada; la diferencia es que en el gobierno anterior las cifras fueron maquilladas, llegando al extremo de disminuir artificialmente en un 50% las cifras. Queda claro que para enfrentar el problema se requiere más allá que la voluntad, y que también el contexto responde a una situación generalizada en el país”, añade Ruth Fierro.

Subraya: “En el tema de personas desaparecidas, nos complace que se haya aceptado nuestra propuesta de creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Derechos Humanos que deberá incorporar una nueva metodología de investigación para atender los casos; a pesar de esto, el desafío sigue estando en la falta de investigación efectiva y la búsqueda coordinada. En el tema de desplazados, reconocemos que Chihuahua sea el primer estado en el país en donde desde el gobierno se invita a discutir sobre el tema”.

Logros y errores

Los entrevistados destacan como un logro el castigo a exfuncionarios y empresarios ligados a César Duarte, entre ellos los exsecretarios de Hacienda y de Salud, Jaime Herrera Corral y Pedro Hernández Flores, respectivamente.

Todos coinciden en que este gobierno ha dado un enfoque en derechos humanos. Sin embargo, aún hay inconformidad entre la ciudadanía, porque los activistas no salen a las calles como antes, para exigir justicia por el incremento de homicidios en general, principalmente de mujeres.

Imelda Marrufo resalta como un logro de los defensores de derechos humanos el nombramiento de algunos de ellos como servidores públicos, pues “han aportado un buen trabajo”, como en el caso de Víctor Quintana, de quien reconoce su capacidad y sencillez para trabajar.

No obstante, puntualiza, hay casos de funcionarios aliancistas que han tenido que irse porque el gobierno no los ha apoyado, como en el caso de Leticia Chavira, quien llegó a la Secretaría de Salud después de liderar grupos ciudadanos y médicos en la peor época de violencia de Ciudad Juárez.

“Es lamentable la salida de la doctora Leticia Chavira, que llegó por la Alianza y no recibió el respaldo al interior del gobierno y fue removida de manera intempestiva”.

Isela González califica como un acierto el nombramiento de Irma Villanueva como titular de la Coordinación de Atención a Víctimas, porque tiene el conocimiento y sensibilidad probada para atender los casos y a las víctimas.

Pero Imelda Marrufo asegura que la Fiscalía Especializada de la Mujer y los Centros de Justicia para las Mujeres son los más abandonados en esta administración.

Para Lucha Castro, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, una de las asignaturas pendientes en el gobierno de Corral “es el tema de seguridad que sigue imparable”.

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