CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El intenso cabildeo de las grandes corporaciones de tabaco y de bebidas azucaradas ha obstaculizado el aumento a los impuestos en esos productos, pese a ser una recomendación de política de salud pública para bajar su consumo y reducir la carga fiscal en el sistema de salud y las finanzas familiares. Así lo señalaron Érick Antonio Ochoa, director de Iniciativas en Salud Pública de la Fundación Interamericana del Corazón México, y Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. De igual manera, destacaron que en el contexto de emergencia nacional que vive México tras los sismos de septiembre, las propuestas para aumentar en 75% el impuesto al tabaco y en 20% las bebidas azucaradas, podrían discutirse en la Cámara de Diputados y el Senado de la República durante el debate del Paquete Económico 2018. Con la aprobación de los incrementos señalados, por concepto de recaudación se obtendrían al menos 25 mil millones de pesos adicionales, ello sin considerar la reducción de costos por ingresos hospitalarios. Dichos recursos se podrían destinar a la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, coincidieron los activistas. Las organizaciones civiles realizaron la propuesta considerando la necesidad de que el destino de esos recursos sea transparentado y monitoreado por representantes de la sociedad, como se propone con todos los recursos destinados a la reconstrucción. Los activistas recordaron que hay antecedentes de acciones similares. Una medida como la propuesta, añadieron, se tomó en esa dirección después del sismo de 1985, cuando el Congreso de la Unión aprobó aumentar los impuestos al tabaco como una acción contributiva a los fondos para la reconstrucción, por lo que no es una medida desconocida para el gobierno. En un comunicado, precisaron que el impuesto al tabaco es la medida más costo-efectiva para reducir su consumo, especialmente en países de ingresos bajos y medios. “Los impuestos al tabaco no han avanzado en todo el sexenio, a diferencia de lo sucedido en Brasil, Chile, Colombia o Argentina, que sí han mejorado su política fiscal en los últimos años para proteger la salud de sus poblaciones. Actualmente el impuesto representa el 67% del precio de venta, pero si se ajustara al 75% como lo exige la OMS (Organización Mundial de la Salud), el país aumentaría la recaudación en 10 mil millones de pesos y reduciría su consumo en 30%”, señaló Érick Antonio Ochoa. Por su parte, Alejandro Calvillo destacó que el impuesto a las bebidas azucaradas, que representan el 70% del consumo de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos, debe ser al menos de un 20%, según lo recomiendan diversos organismos internacionales como la OMS y nacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). “El impuesto actual es de 10%, y se considera un ‘impuesto a medias’. Si el impuesto aumenta a 2 pesos por litro, que sería el equivalente al 20% recomendado, ingresarían alrededor de 16 mil millones de pesos adicionales”. Esta medida, apuntó, correspondería a las declaratorias de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes decretadas por la Secretaría de Salud. “Con este aumento bajaría el consumo, proporcionalmente, en un 10% con un impacto importante en la reducción de sobrepeso, obesidad y diabetes”, dijo. Finalmente, señalaron que una vez pasada la etapa de reconstrucción y de recuperación de los medios de vida de cientos de miles de ciudadanos que los perdieron durante los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado, los recursos que se recaben por el aumento en los impuestos al tabaco y bebidas azucaradas podrían dirigirse a políticas de prevención de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son en México la principal causa de enfermedad y muerte y a las cuáles contribuye significativamente el consumo de tabaco y bebidas azucaradas, a lo que se suma el consumo creciente de alcohol.