Radiografía laboral del edificio derrumbado en Bolívar 168

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del gobierno capitalino confirmó que en el edificio ubicado en la calle Bolívar 168 esquina con Chimalpopoca, colonia Obrera, que se derrumbó con el sismo del pasado 19 de septiembre, operaban al menos cinco empresas de manufactura de ropa y juguetes que empleaban a personas extranjeras, algunas de ellas con situación migratoria irregular.

En un informe elaborado y difundido por la dependencia que encabeza Amalia García -ante las especulaciones que privaron durante los días subsecuentes a la emergencia-, detalló que entre los empleados de esas empresas que fallecieron también había mexicanos, aunque laboraban sin seguridad social o con sueldos mínimos o basados en comisiones por venta.

De acuerdo con datos del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo), la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) y de Locatel, en ese edificio perdieron la vida 15 personas: 12 mujeres y tres hombres. Del total, ocho eran mexicanas, cuatro de Taiwán, uno de Taiwán nacionalizado paraguayo; uno de Corea y un israelita de nacionalidad argentina.

De las siete personas extranjeras, sólo dos estaban en situación irregular en México, aunque estaba en trámite su residencia permanente.

La STyFE aclara que, sin importar su situación migratoria, toda persona que trabaja en México “tiene derechos laborales que deben ser respetados por los empleadores y garantizados por las instituciones del Estado”, además están protegidos por la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal.

Testimonios recabados por la dependencia entre los trabajadores de las empresas afirman que, hasta el mediodía del martes 19 de septiembre, en el edificio presuntamente estaban 49 personas, pero sólo 34 sobrevivieron.

Según la Secretaría, la empresa “Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V.”, con domicilio fiscal en Paseo de Tamarindos Número 90, Torre II, piso 6, colonia Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, aparece desde 2015 como propietaria del edificio colapsado, con permiso de uso de suelo mixto, es decir, habitacional y comercial.

Las labores de rescate en ese inmueble fueron las que, minutos después de su derrumbe, atrajeron a más jóvenes y adultos voluntarios, brigadistas y rescatistas con el único fin de salvar vidas. Apenas la gente comenzaba a organizarse, ya surgían los comentarios de que en ese lugar trabajaban costureras de origen extranjero.

De inmediato, la memoria colectiva trajo a cuentas lo que hacía 32 años, en el sismo de 1985, ocurrió en una fábrica ubicada en la calle Belisario Domínguez, en el centro de la ciudad, donde murieron cientos de ellas.

Fue ahí también en Bolívar y Chimalpopoca donde días después del temblor hubo protestas de los voluntarios ante la presencia de maquinaria pesada que amenazaba con entrar a recoger cascajo cuando aún parecía haber signos de vida en el lugar.

Incluso, cuando el Ejército, la Marina y la Policía Federal ya habían limpiado la zona de escombros y declarado que no había sobrevivientes ni cadáveres, voluntarios siguieron excavando en lo que pensaban era un sótano, para asegurarse de que no hubiera gente ahí atrapada.

Las empresas

De acuerdo con el informe de la Secretaría del Trabajo capitalina, en la Planta Baja del inmueble de Bolívar 168 había un estacionamiento, una pequeña tienda de ropa y una bodega de telas de la empresa “M Hilo”, propiedad de Simón Askenazi o Moisés Askenazi. En ella también se almacenaban telas de la empresa “Línea Moda Joven”. Al momento del sismo, según la dependencia, no se encontraba persona alguna dentro de la bodega.

En el Primer Piso estaba la empresa “Línea Moda Joven, S.A. de C.V.”, con registro ante Canacope-Servytur de la Ciudad de México. Ahí se realizaba “el corte de tela de prendas de vestir para mujer que, de acuerdo con versiones de las trabajadoras, se maquilaba en otros puntos de la ciudad” y donde había una máquina cortadora manual.

La dependencia halló que, según el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están dadas de alta 33 personas trabajadoras de esta empresa, pero el martes 19 sólo estaban en el negocio 22 personas. De éstas, dos fallecieron: Irma Chávez Martínez, de 56 años, e Irma Sánchez Ramírez, de 50 años; ambas tenían número de seguridad social vigente.

Según el documento, los empleados que no estaban en el lugar cuando ocurrió el temblor, se dedican a las ventas por catálogo en distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría aclaró que días antes de la emergencia personal a su cargo realizó una visita oficial de Constatación de Datos para verificar la condición laboral de los empleados. Agregó que éstos están afiliados a la Organización Sindical de Empleados y Trabajadores del Comercio en General, Empresas Particulares y Similares del Distrito Federal, según el Contrato Colectivo de Trabajo fechado el 2 de Julio de 2012.

Éste fue depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, según el Expediente 11108/2012, firmado por Antonio Hinojosa Vázquez, secretario general del Sindicato, Sofía Duek Askenazi, apoderada legal de la empresa. Los salarios diarios de cotización de dicha empresa, registrados ante el IMSS van desde 84.99 pesos hasta 313.56 pesos.

Tras los rumores que comenzaban a correr en torno a la situación de las trabajadoras de la empresa “Línea Moda Joven”, el 29 de septiembre, personal de la STyFE realizó una visita de inspección en la calle Bolívar 209-Bis segundo piso, donde los empleados trabajaban provisionalmente y aseguraron que hasta entonces estaban recibiendo su salario y prestaciones.

Según la Secretaría, Duek Askenazi dijo que “además de la indemnización que conforme a derecho corresponde a los deudos de las trabajadoras fallecidas de acuerdo con la normatividad del IMSS, la empresa entregará una cantidad extraordinaria a las familias de las víctimas”.

Irregularidades

De acuerdo con el informe mencionado, en el Segundo Piso de Bolívar 168 estaba la empresa “ABC Toys Company S.A. de C.V.” con registro ante Canacope-Servytur CDMX, dedicada a la importación y venta de juegos y juguetes.

En ese piso murieron cinco mujeres: cuatro de origen taiwanés. Una de ellas, identificada como Hsien Yu Huang o Amy, de 23 años, era una de las propietarias; además de su madre Pei Ju Chin, de 52 años, dada de alta en el IMSS con número vigente. Además, falleció Wang Chia Yu, de 35 años, quien no tenía seguridad social. La STyFE destacó que las tres tenían condición migratoria de residencia permanente en México.

Sin embargo, la cuarta trabajadora de origen taiwanés, Lai Ying Xia, de 25 años, no tenía seguridad social “y su condición migratoria en el país era irregular, pero estaba en trámite su residencia permanente”. La quinta víctima mortal era Silvia Migueles Quintanar, mexicana de 61 años, quien sí estaba asegurada por el IMSS.

La STyFE dice que, antes del sismo del 19, personal a su cargo hizo una inspección extraordinaria de trabajo, primero a la empresa “Asia Jenny Importaciones S.A. de C.V”, domiciliada en Bolívar 168; y otra cuando cambió de razón social a “ABC Toys Company S.A. de C.V.”.

Incluso, afirma que se realizó una inspección ordinaria en otro domicilio de la misma empresa en la calle Vaqueros en la delegación Iztapalapa “con el propósito de garantizar el reparto de utilidades”. Luego del sismo, la dependencia regresó al sitio, “donde se constató que está la bodega de la empresa y se encontró ahí a los trabajadores de la misma”.

Dicha compañía cuenta con 26 personas que cotizan en el IMSS y la Secretaría no halló registro de que los trabajadores estén afiliados a alguna agrupación o asociación sindical.

El documento menciona que en el Tercer Piso de Bolívar 168, estaba la empresa “SEO Young Internacional S.A. de C.V.”, dedicada a la habilitación de bisutería.

Ahí murieron seis personas, cinco de ellas mexicanas: Ana Ramos González, de 23 años; Sonia Rico Montoya, de 43 años; y María Teresa Lira Infante, de 70 años. Las tres estuvieron afiliadas al IMSS, pero al momento del siniestro estaban dadas de baja; pese a ello, laboraban por temporadas en dicha empresa por 200 pesos al día, según sus familiares.

También perdieron la vida Maricruz Lucía Rosas Hernández, de 42 años, y María Elena Sánchez Lira, de 55 años; ellas sí eran derechohabientes.

En el lugar pereció también Kyong Jea Lee, de origen coreano, de 40 años, conocido también como Esteban Choo, ejecutivo en la empresa. La Secretaría tampoco halló registro de que las trabajadoras de SEO Young estuvieran afiliadas a alguna agrupación o asociación sindical.

Sobre el Cuarto Piso del edificio operaban dos empresas. Una era “New Fashion”, dedicada al diseño y elaboración de muestras de prendas de vestir. Cuatro de sus trabajadores sobrevivieron, no así el propietario Jaime Achequenaze Asquenazí, de 79 años, de origen israelita-argentino, quien tenía residencia permanente en México.

Según testimonios recogidos por la dependencia, en el lugar había una computadora para diseño y dos cortadoras manuales de tela. De los cuatro trabajadores sobrevivientes ninguno estaba dado de alta ante el IMSS. Tres de ellos ganaban 900 pesos semanales más comisión por ventas y, el cuarto – vendedor foráneo- ganaba dos mil 500 pesos semanales más comisión.

La segunda compañía que ahí operaba era “Dashcam System S.A. de C.V.”, de origen alemán, registrada ante Canacope-Servytur CDMX y dedicada a la venta de autopartes, específicamente cámaras de seguridad para vehículos.

Su propietario en México era Lin Chia Cin o Pepe Lin de 40 años, de origen taiwanés nacionalizado paraguayo. Él falleció en el lugar y se encontró que su situación migratoria en México era irregular, aunque estaba en trámite su residencia permanente. La secretaria y un ingeniero que laboraban en el lugar lograron sobrevivir, aunque sólo uno de ellos tiene registro en el IMSS.

Investigación abierta

El informe de la STyFE asegura que, por los testimonios recabados con empleadas del edificio, en éste había unas seis máquinas de coser individuales para la elaboración de muestras de prendas de vestir y bordados; tres cortadoras manuales; mesas para habilitación y reparación de bisutería para ropa, así como algunas computadoras para diseño.

La secretaría encabezada por Amalia García informó que 15 días después del sismo, no tiene reporte de ninguna solicitud de personas que busquen familiares, trabajadores o empresarios que presuntamente hubieran estado en el edificio de Bolívar y Chimalpopoca y que no hayan sido encontrados e identificados. No obstante, comentó que, si las hubiera, puede coadyuvar a su localización.

Respecto a personas lesionadas por el temblor en el lugar, la dependencia sólo tiene conocimiento de Jaime Uribe Rosales, velador y vigilante del edificio, y su esposa Marcela Guadalupe Arredondo Ávila, quienes habitaban en un cuarto en la zotea del mismo. Ambos son atendidos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS Villa Coapa. Uribe Rosales fue contratado por la empresa “Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V.”, propietaria del edificio colapsado.

En su informe, la STyFE enfatiza que mantiene abierta la recopilación de datos que ratifiquen o amplíen dicha información y que posibilite la mejor defensa de los derechos de las personas trabajadoras de Bolívar 168 y Chimalpopoca.

La PGJ capitalina -añade- mantiene asegurado el predio y con elementos “indispensables para llevar a cabo las indagatorias y peritajes pertinentes que permitan fincar responsabilidades respecto a las condiciones del inmueble colapsado”.

Y asegura que ésta y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo “velarán porque el IMSS indemnice a la mayor brevedad, a las o los beneficiarios de las personas trabajadoras fallecidas, que estaban dadas de alta en esa institución; y porque las empresas también otorguen indemnizaciones a los deudos de quienes no tenían seguro social, sin importar su calidad migratoria”.

Por último, la Secretaría anuncia que, en el caso de los trabajadores que hayan perdido su empleo o sufran alguna presión, condicionando sus derechos laborales, la dependencia -mediante su área de inspección- y la Procuraduría respectiva atenderán “cualquier denuncia al respecto”.

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