MADRID (apro).— El presidente catalán, Carles Puigdemont, solicitó este viernes al Parlament comparecer para el martes 10 en la tarde para explicar la actual situación política en Cataluña. La solicitud de Puigdemont se presenta un día después que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar el pleno anunciado para el lunes y en el que se preveía que la mayoría independentista proclamara la independencia de manera unilateral. Esta petición se suma a la que también formuló la formación Catalunya Sí que es Pot (Cataluña, sí que es posible, en catalán) para que ofrezca explicaciones sobre el referéndum celebrado el domingo 1. Catalunya Sí que es Pot es una formación independentista que defiende la idea de un referéndum pactado con el gobierno central para que sea vinculante y homologable con los procesos electorales a nivel internacional. Discrepan, en este sentido, del referéndum del 1-O. La Mesa del parlament catalán decidirá sobre la petición de Puigdemont esta misma tarde. El formato elegido para la comparecencia podría ser modificado si el pleno lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios. Aunque es posible que en esta sesión se busque la declaratoria de independencia, en el entorno independentista existen distintas voces, muchas de las cuales buscan un espacio perentorio para poder llevara cabo negociaciones con el gobierno central. En este sentido, existen varias iniciativas que buscan una mediación internacional con el fin de que no haya una ruptura irreparable entre Cataluña y España. Por otro lado, hoy compareció en la Audiencia Nacional, en Madrid, el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional catalana, Jordi Sánchez y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigados por el delito de sedición por los hechos que se produjeron el 20 de septiembre, durante la acción judicial de la Guardia Civil contra el proceso soberanista. En la operación Anubis, los guardias civiles detuvieron a 14 miembros de alto rango del gobierno catalán, además incautaron boletas y sobres electorales y listados del censo electoral. Tras estos hechos, se produjo una concentración alrededor de la Consellería de Hacienda del gobierno catalán que impedía la salida de la comisión judicial y el destrozo de tres vehículos de la Guardia Civil. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una causa por estos sucesos que pretendían impedir la detención de altos cargos del gobierno regional responsables de la organización del referéndum. En la causa se señala que los Mossos no ofrecieron apoyo a la comisión judicial mientras que los líderes de ANC y Òmnium Cultural llamaron a la movilización permanente para impedir las actuaciones judiciales. De los cuatro citados por la Audiencia Nacional, solo el mayor Trapero contestó a las preguntas para rebatir los informes de la Guardia Civil, en el que se le acusa de no hacer lo necesario para proteger a la comitiva judicial. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, solo respondió a las preguntas de su abogado y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural se negó a declarar alegando que este tribunal no es competente para juzgarles. Los cuatro salieron sin medidas cautelares. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia nacional presentó nueva documentación sobre los hechos del 20 y 21 de septiembre para ampliar las acusaciones por sedición contra los cuatro inculpados. tm