CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos organizaciones no gubernamentales enviaron una comunicación a Michel Forst, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en la que denunciaron la serie de abusos que el gobierno de Baja California Sur perpetró contra el activista ambientalista John Moreno Rutowski. En su carta, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) aseveraron que Moreno “ha sido criminalizado por parte del gobierno de Baja California Sur, por su labor de defensa ambiental y de derechos humanos” y que el gobierno estatal hizo “un mal uso deliberado del derecho penal y ha manipulado el poder punitivo para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho de defender los derechos humanos”. Pidieron al relator que emitiera un “llamamiento urgente al Estado mexicano y solicitarle información sobre las medidas adoptadas para atender de manera integral las agresiones a personas defensoras de derechos humanos como el señor John Moreno, así como información sobre la implementación de los megaproyectos en cuestión que han provocado conflictos socio-ambientales”. Desde hace varios años Moreno apoya a una cooperativa de pescadores del ejido Todos Santos en la lucha legal que emprendieron contra el proyecto urbano-turístico “Tres Santos”, desarrollado por la empresa Mira Companies, vinculada con Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, como lo reportó Apro en febrero de 2016. Las autoridades estatales detuvieron a Moreno el pasado 19 de mayo, por un caso de despojo --un delito considerado no grave-- ocurrido en 2014 y archivado por la Procuraduría local desde hace dos años. Lo hicieron a pesar de que Moreno es beneficiario del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Sus abogados y cercanos denunciaron que el arresto de Moreno fue producto de una estrategia del gobierno de Baja California Sur que, según ellos, multiplicó las señales de “espaldarazo” al proyecto “Tres Santos”. El pasado 23 de julio, esta agencia informativa señaló que la Procuraduría falsificó –de manera evidente-- una serie de documentos para encarcelar a Moreno, los cuales recibieron el visto bueno de Rosalía Cota Domínguez, jueza I de Primera Instancia del Ramo Penal del estado. Después de cerca de cuatro meses detrás de las rejas, el activista consiguió un amparo el pasado 9 de agosto, que le permitió salir de la cárcel bajo caución. Sigue actualmente su proceso judicial en libertad.