CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la creciente indignación ciudadana por el altísimo financiamiento público que reciben los partidos políticos, éstos proponen, en un acto eminentemente propagandístico, reformar la Constitución para eliminar dicho financiamiento y canalizar los recursos del mismo a la atención de la emergencia provocada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados. La propuesta refleja nuevamente la miopía de la clase política mexicana –que ve únicamente el cortísimo plazo, en este caso los siguientes nueve meses–, su propensión a dar respuestas mediáticas en lugar de resolver los problemas y su forma de anteponer nuevamente los intereses partidistas a los nacionales. Además muestra el nulo compromiso de los legisladores con la vigencia del estado de derecho, pues a pesar de la disposición establecida en el artículo 105 constitucional para no hacer “modificaciones legales fundamentales” a las reglas electorales 90 días antes del inicio del proceso, pretenden hacer un cambio determinante en el desarrollo de las campañas con ese proceso ya en marcha (inició el pasado 8 de septiembre), bajo el argumento de que una reforma constitucional por definición no puede ser inconstitucional. Primero, es importante señalar que sí es factible destinar recursos provenientes del financiamiento público a los partidos políticos, de este año y del próximo, para la atención de la emergencia, sin necesidad de una reforma constitucional ni legal. Simplemente debe mediar la voluntad expresa de los beneficiarios de dichas prerrogativas, pues precisamente por ser éstas un privilegio y no un derecho, son renunciables. Y que se sigan los cauces institucionales pertinentes: en el caso de los montos correspondientes a lo que resta del año, que los partidos regresen el dinero a la Tesorería de la Federación y ésta los canalice a la atención de la emergencia; y en el del correspondiente al 2018, también debe mediar la expresión de la voluntad de los partidos y a partir de eso redirigirlo en el presupuesto de egresos de la federación del próximo año. Se puede atender la emergencia sin necesidad de violar la ley ni hacer reformas improvisadas y aceleradas. Segundo, el sistema político mexicano (que incluye los subsistemas de partidos, electoral y de gobierno) requiere una reforma mayor, con visión de largo plazo y con plena conciencia de todos los impactos que la misma provocará en la vida nacional. En particular, es imperativa una cirugía mayor al sistema electoral para corregir las deformaciones causadas por las reformas de 2007 y 2014, surgidas precisamente a partir de respuestas inmediatistas e improvisadas de los dirigentes políticos mexicanos a partir de lo acontecido en el proceso electoral inmediato anterior (Proceso 1623, 1889, 1936 y 2125). Tercero, el financiamiento público para los partidos políticos no es una ocurrencia mexicana ni exclusivo de México; de hecho, lo excepcional es la ausencia del mismo. De los ocho países centroamericanos, únicamente Belice no tiene previsto el financiamiento público; mientras, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela son las excepciones de los 12 países de América del Sur, es decir, de los 20 países de Centro y Sur América, el 75% tiene previsto el financiamiento público para gastos ordinarios (tres países), para campañas (tres) o para ambos (nueve). Cuarto, sin duda el financiamiento público en México es excesivo. Un estudio de Juan Fernando Londoño y Daniel Zovatto indica que México es el país en el que el porcentaje que representa el financiamiento público del gasto total en las campañas presidenciales es el más alto en toda América Latina, con 95% en el caso de la elección de 2012. Le siguen Colombia, con 89% y Uruguay, con 80%. Sí es imperativo reducir el monto del mismo. Quinto, la existencia de financiamiento público no garantiza que en las campañas políticas no habrá dinero ilegal (del crimen organizado, de recursos desviados del erario, de empresas nacionales e internacionales, etcétera). Amigos de Fox y Pemexgate demuestran la presencia de dinero público y privado; y aunque hasta el momento no se ha detectado la del crimen organizado, nadie duda de su presencia. Sexto, lo que sí garantiza la ausencia de dinero público es que únicamente quienes tengan acceso a esos recursos (todos con intereses particulares y específicos muy bien definidos) tendrán alguna oportunidad de ganar elecciones, pues en México todavía no existe la cultura del donativo masivo individual. No es ninguna casualidad que la ausencia de una mayoría en el Congreso y la alternancia en los Ejecutivos, estatal (antes de eso el PRI únicamente había perdido cuatro gubernaturas) y federal, hayan llegado después de la reforma de 1996, que modificó el monto del financiamiento público. Séptimo, la eliminación del financiamiento público en la Constitución en estos momentos no garantiza que se destinen menos recursos públicos a las campañas electorales del próximo año, pues seguramente todos los gobiernos locales los desviarán ilegalmente y en montos mayores a los hoy presupuestados. Por lo tanto, lo sensato es utilizar la vía legal adecuada para donar el porcentaje de financiamiento público que cada partido político decida para atender la emergencia; y después de las elecciones del 1 de julio del próximo año, iniciar una profunda reflexión colectiva para reformar a fondo el sistema político mexicano, a fin de continuar la construcción de un régimen democrático, pues lo que hoy tenemos es simplemente una democracia electoral plagada de prácticas ilegales que claramente distorsionan la voluntad popular. Las propuestas surgidas en los últimos días, que llegaron al absurdo de incluir la eliminación del financiamiento público, son ya parte de la campaña electoral. De concretarse, provocarían más perjuicios que beneficios, pues en las condiciones actuales permitirían el desvío de recursos públicos en mayores cantidades de las que hoy se destinan por la vía legal y conducirían inevitablemente a la privatización de la política. Este análisis se publicó el 1 de octubre de 2017 en la edición 2135 de la revista Proceso.