Jornaleros mexicanos: oportunidades… y desigualdad

Aunque Canadá requiere mano de obra agrícola del extranjero, que proveen sobre todo México y Guatemala, su legislación plantea a los jornaleros temporales algunos obstáculos legales para atender los accidentes de trabajo, contar con información suficiente sobre las reglas del país y tener pleno acceso a sus beneficios sociales.

MONTREAL (Proceso).- Muchas de las frutas y verduras disponibles en los supermercados canadienses se cultivan en este país, aunque en buena medida por manos mexicanas y guatemaltecas. El sinaloense Fernando Sandoval tiene 13 años viniendo a Canadá para laborar en una granja en Saint-Rémi (Quebec). “Uno trabaja fuerte para la familia. Venimos a echarle ganas”, comenta a Proceso. Tiene esposa en México, al igual que dos hijas; una se graduó como abogada y la otra estudia la preparatoria.

El sudor de Sandoval ha servido para mantener a los suyos, pagar estudios y adquirir unas tierras que han resultado muy fértiles. “Nunca he tenido problemas. Mi experiencia aquí ha sido muy buena, pero a lo mejor ya no vuelvo el próximo año. Quiero estar con mi familia y dedicarme a mis cultivos”, afirma.

Cerca de 85% de los trabajadores temporales agrícolas extranjeros regresan al año siguiente. Estas personas que laboran en los campos canadienses, sobre todo en Ontario, Quebec y la Columbia Británica, lo hacen principalmente por medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

El primero arrancó en 1966 por acuerdos entre Canadá y algunos países antillanos. México comenzó a participar en 1974. En 2016, 23 mil 893 mexicanos trabajaron en el PTAT. El PTET se inició en 1973 para contratos en sectores de alta calificación; en 2002 se agregó una categoría para facilitar el reclutamiento agrícola. El año pasado, cerca de 34 mil personas recibieron una visa para laborar en el campo con el PTET; la mayoría eran guatemaltecas, aunque también había procedentes de Honduras y México.

Los casos de trabajadores con experiencias exitosas son numerosos, aunque otros no han corrido con la misma suerte, principalmente por programas que no permiten el respaldo de sus países de origen y por ciertas condiciones que minan la protección laboral. “El trabajo agrícola es muy duro y poco valorado. Estamos en Canadá y los derechos para trabajadores canadienses y extranjeros deben ser los mismos”, señala Julio Lara, representante de la sección 501 del UFCW, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio.

Según un informe del UFCW Canadá publicado en 2015, existen problemas vinculados con accidentes laborales, información insuficiente para el trabajador y acceso incompleto a beneficios sociales, entre otros puntos.

Menor protección del PTET

“A diferencia del PTAT, el PTET es unilateral. En éste, la función del consulado queda limitada a la defensa del trabajador, dentro de lo que se pueda. Buscamos contactar al empleador, dar información, pero no es igual a lo que se puede hacer en el PTAT.

“El PTET es un contrato entre particulares. La Secretaría del Trabajo no hace el reclutamiento. Es importante subrayarlo. Si bien Canadá pone una serie de reglas adecuadas, no existe la representatividad de la contraparte que permite mejores prácticas en beneficio de todos”, comenta Alejandro Estivill, cónsul general de México en Montreal.

Agrega: “El PTAT es un programa donde la gente sabe cuánto tiempo viene, en el que el transporte es seguro, con normas definidas, en el que volverá al país y con líneas de contacto con su gobierno. Tener un programa administrado por gobiernos que le da certidumbre a empleador y trabajador es lo mejor en este escenario complejo que enfrenta actualmente la migración”.

El guatemalteco Noé Arteaga es voluntario en el Centro de Trabajadores Inmigrantes de Montreal. Llegó a Canadá en abril de 2008 con el PTET. Cuatro meses después organizó un paro laboral en la compañía quebequense Savoura porque un compañero no había recibido atención médica. Arteaga fue despedido y repatriado a Guatemala. Cinco años después un tribunal le dio la razón, anuló su repatriación y exigió una compensación por despido injustificado. Savoura alegó problemas financieros y luego fue adquirida por otra firma que no reconoce la deuda con Arteaga.

“Tengo claro que no voy a recibir el dinero, pero lucho para que otros tengan mejores condiciones. No todos los empleadores están en la misma canasta, pero el sistema permite ciertos abusos. Son pocas las ovejas negras como yo. La gente no se quiere exponer. Recibimos algo de información sobre nuestros derechos, pero luego los compañeros con más experiencia te aconsejan no quejarte”, comenta.

Tanto en el PTAT como en el PTET, una agencia en Canadá coloca a los trabajadores en función de la demanda. En Quebec, la mayor agencia es la Fundación de las Empresas en Reclutamiento de Mano de obra Agrícola Extranjera, conocida como Ferme, con alrededor de 900 granjas. Ferme también ofrece espacios en la industria láctea y en avicultura. Además de ganar el salario mínimo por hora (11.25 dólares canadienses en Quebec), los trabajadores reciben cobertura médica y hospedaje o parte del transporte aéreo, dependiendo de cada programa.

Fernando Borja, presidente de Ferme, responde a señalamientos de sindicatos y organismos comunitarios de que su institución sólo vela por los intereses de los empleadores: “No lo creo. Realizamos esfuerzos para que trabajadores y empresas cuenten con las mejores condiciones. A veces algunos empleadores se enojan con nosotros. Quiere decir que hacemos buen trabajo”.

En 2010, tras largos litigios, la Comisión de Relaciones de Trabajo de Quebec autorizó la sindicalización de trabajadores temporales extranjeros. La Suprema Corte canadiense confirmó la decisión en 2013. Sin embargo, el gobierno quebequense hizo una modificación en 2014 al código laboral: sólo las granjas con un mínimo de tres trabajadores permanentes y que abran todo el año podrían sindicalizarse.

“Dan la posibilidad de crear asociaciones, pero el empleador no tiene la obligación de responder a las peticiones de los trabajadores. Tampoco se puede participar en la negociación de contratos colectivos”, afirma Lara. Algunos trabajadores consultados para este reportaje señalaron que deberían tener derecho a sindicalizarse; otros no mostraron interés.

Binicio Leal, también sinaloense, tiene 12 años en el PTAT. Presenta un problema físico por sus actividades en el campo. “Estoy mal de la rodilla. Mi empleador dijo que era mejor que fuera a operarme a México y que después me harían el reembolso por la cirugía. No estuve de acuerdo. Me van a operar en Canadá en unas semanas. La empresa ya no me quiere dar trabajo y no tengo ingresos mientras me operan”, comenta.

Adriana Villarreal, encargada del PTAT en el Consulado de México en Montreal, hace algunas precisiones. Afirma que Leal tuvo la lesión hace dos años, pero no la señaló en su momento. Fue apenas hace unos meses cuando su condición empeoró y pidió que lo llevaran al médico. El problema fue que ya había concluido el periodo para reportar esta lesión como un accidente de trabajo, de acuerdo con la normativa de Quebec. La fecha para programar una cirugía en Canadá podría tardar muchos meses, de ahí la posibilidad de que se operara en México y solicitara el reembolso. Finalmente, la cirugía se realizará en octubre. Leal tiene derecho a percibir un porcentaje de su sueldo por un máximo de ocho semanas, pero el trámite debe realizarlo su empleador.

Inspección insuficiente

Existe un obstáculo para detectar prácticas deshonestas y malas condiciones: pocas verificaciones a los centros laborales por las autoridades. Service Canada, institución federal que depende del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social, no realiza visitas suficientes. Según un informe publicado en mayo por Michael Ferguson, verificador general de Canadá, sólo se llevaron a cabo 13 de las 173 visitas proyectadas por Service Canada, que además no incluyeron entrevistas con trabajadores.

En septiembre de 2016, un comité especial entregó al parlamento canadiense un informe con recomendaciones para mejorar el PTET. En el documento se destaca la necesidad de “aumentar la frecuencia de las inspecciones y procurar que éstas tengan lugar cuando los trabajadores temporales extranjeros estén presentes”, igual que “asegurarse de que, a través de inspecciones, las leyes y reglamentos de trabajo sean aplicados correctamente en el sitio donde operan los trabajadores extranjeros”.

El escenario es aún más complejo: las provincias canadienses son las encargadas de la supervisión de normas laborales, de seguridad y de salud. El caso quebequense es representativo. Desde enero de 2016, la Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad Social (CNESST) es la responsable de las verificaciones. Antes existía una comisión de normas de trabajo y otra de salud y seguridad: ahora todo está concentrado en un solo organismo que abarca demasiadas tareas.

Geneviève Trudel, portavoz de la CNESST, informó a Proceso que en promedio sus inspectores realizan cada año 370 visitas a empresas agrícolas, tengan o no trabajadores extranjeros. Hay cerca de 11 mil granjas inscritas en la CNESST, mientras que Quebec cuenta con alrededor de 30 mil. La CNESST tiene 300 inspectores para verificar todos los centros de trabajo, incluidos los agrícolas. Trudel precisó que la nacionalidad del trabajador no está incluida en la elaboración de sus estadísticas.

Tanto Ferme como el Consulado de México en Montreal realizan varias visitas. Sin embargo, queda de manifiesto que los organismos verificadores, tanto a nivel federal como provincial, no efectúan el número suficiente. “Por ejemplo, Ferme hace inspecciones del alojamiento de los trabajadores, algo que debería ser prioritario para la CNESST”, dice Julio Lara.

Añade: “Por supuesto que hay empleadores que respetan las normas. Los problemas se dan más en granjas lejanas. Las verificaciones por teléfono son una broma. También existen problemas en algunas de las grandes compañías agrícolas, donde
se presenta un trato despersonalizado, pero no hay sanciones a pesar de casos repetitivos”.

Manon Vinet tiene una granja en Saint-Rémi. Recurre a trabajadores extranjeros desde hace 19 años. Piensa que la gente debería reconocer más todo lo que aportan a la sociedad. Ofrece a este reportero un recorrido por sus instalaciones. Todo se ve en buen estado. “En las granjas pequeñas hay vínculos muy fuertes que desarrollamos con los trabajadores. Es muy raro que alguno no vuelva el año siguiente”, afirma Vinet. Relata que ha asistido a bodas de varios de ellos en México y Guatemala. “El problema se da a veces en grandes compañías. A quienes hacemos bien las cosas nos molesta esta situación porque mancha la reputación de todos”, comenta.

A su vez el presidente de Ferme dice que cuando detectan que una granja no respeta los reglamentos, el consejo de administración actúa. El empleador queda apartado de su red y se informa a Service Canada. “Hace tiempo nos percatamos que un empleador utilizaba a trabajadores para que laboraran en otros lugares. Ya no trabaja con nosotros y dimos parte al gobierno canadiense. El punto es que siguió recibiendo a trabajadores a través de otra agencia. El gobierno no lo suspendió”, afirma.

En el PTAT, los trabajadores mexicanos reciben información sobre sus derechos antes de viajar a Canadá por parte de la Secretaría del Trabajo. En el PTET, son las agencias privadas las encargadas de hacerlo. De acuerdo con entrevistas para este reportaje, varios trabajadores desconocen las prestaciones que pagan por ley, su acceso o no a las mismas –como el desempleo, el seguro por paternidad y la jubilación– o su respectivo reembolso. Además, el caso de Binicio Leal ejemplifica el limitado conocimiento sobre la forma de notificar accidentes laborales. El informe presentado al parlamento recomienda que los trabajadores estén mejor informados de sus derechos al llegar a Canadá. Otro aspecto destacable es la barrera lingüística: si bien existen folletos en español, la línea directa de contacto de Service Canada no cuenta con indicaciones en esta lengua.

Dalia Gesualdi-Fecteau, experta en derecho laboral en la Universidad de Quebec en Montreal, narra una forma de atropello que sufren trabajadores guatemaltecos del PTET: “Algunas personas en su país les piden dinero de forma ilegal para inscribirlos en el programa. El gobierno guatemalteco no participa en estos reclutamientos”.

Marie-Jeanne Vandoorne, coordinadora del centro de apoyo de la Alianza de Trabajadores Agrícolas, dice que esto pone a las personas en situación de vulnerabilidad, ya que las deudas se vuelven una prioridad antes de señalar cualquier abuso. Vandoorne cita el caso de un grupo de hondureños con deudas de 3 mil dólares. Asimismo, medios mexicanos han informado de estafas por parte de ciertas agencias que prometían trabajo en suelo canadiense.

La charla de Vandoorne con Proceso es interrumpida de pronto por un trabajador. Dice que debe insistir mucho a sus empleadores cada vez que hay un problema, pero que al final ceden. El último inconveniente se dio por un uniforme en mal estado que ponía en riesgo su seguridad.

El año pasado 15 guatemaltecos fueron estafados por una agencia en Canadá. Les pidieron dinero para encontrarles sitio en otra granja. Esta movilidad está prohibida por los lineamientos del PTET, por lo que fueron detenidos (luego obtuvieron su libertad). El informe entregado al Parlamento canadiense recomienda crear un sistema de acreditación para los reclutadores. El caso de los guatemaltecos ejemplifica una petición hecha por distintos actores, incluido el comité especial: permitir que los trabajadores no dependan de un solo empleador.

En el PTAT, esta relocalización puede darse, aunque no es frecuente. En cambio, en el PTET resulta muy compleja. Así, si un trabajador tiene la mala suerte de contar con un empleador que no respete los reglamentos, las posibilidades de optar por el silencio aumentan. El temor a una repatriación o a no ser contratado el próximo año abona el terreno para callar por violación de derechos.

El gobierno de Justin Trudeau ya modificó algunos lineamientos del PTET para facilitar la recontratación de trabajadores. Ante la lista de recomendaciones del comité especial, los liberales han manifestado que este año intervendrán. Julia Sullivan, portavoz del Ministerio Federal de Empleo y Desarrollo Social, informó en julio al diario La Presse que el gobierno reconoce la necesidad de actuar en cuanto al PTET. Sobre las reformas esperadas, comentó: “Los cambios incluyen mayores visitas, un mejor intercambio de información, sanciones administrativas y la suspensión a los empleadores que infrinjan las condiciones del programa”.

El cónsul general de México en Montreal afirma: “Las opiniones a raíz de la experiencia de los trabajadores son recopiladas por la Secretaría del Trabajo y por los consulados. Esto se usa después en las negociaciones entre ambos gobiernos y, posteriormente, cuando se contacta a los empleadores”. Subraya de nueva cuenta que esta es una ventaja del PTAT, a diferencia del PTET, y agrega: “Los trabajadores adquieren una serie de habilidades por su experiencia. Si fueran reconocidas, podrían venir a un trabajo mejor remunerado. Hay trabajadores que se vuelven muy valiosos a lo largo de los años, incluso hasta con capacidades de supervisión, por ejemplo”.

Este reportaje se publicó el 1 de octubre de 2017 en la edición 2135 de la revista Proceso.

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