CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el abogado Luis Manuel Pérez de Acha se convence de que muchas de las muertes del sismo del pasado 19 de septiembre ocurrieron como consecuencia de construcciones mal hechas, explota: ¡Debe haber responsables –tanto de autoridades como de constructoras e inmobiliarias que pueden ser acusadas por lo menos de homicidio culposo– y éstos tienen que ser llevados a la cárcel! La corrupción mata, afirma. Dos semanas después del terremoto de 7.1 grados, el reporte oficial destaca que hubo 228 muertes y al menos 18 mil edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 48 ya fueron demolidas. Al cierre de edición, el gobierno de la Ciudad de México estimó que al menos mil edificios más serán demolidos y previsiblemente otros mil 193 podrían tener el mismo destino si los peritos determinan la magnitud de sus daños estructurales. El abogado Pérez de Acha encabeza un grupo de escritores, arquitectos, académicos y activistas sociales que presentaron la primera denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) contra quien resulte responsable por los actos de corrupción que pudieran haber existido detrás de las construcciones siniestradas. En la denuncia de hechos, presentada el martes 3, los promotores piden a la procuraduría capitalina investigar a quienes pudieron haber cometido los delitos de homicidio doloso, fraude específico y uso ilegal de atribuciones en la emisión de licencias de uso de suelo y construcción. “Aquí hubo muertos por efectos de la corrupción. El edificio de Álvaro Obregón 286 es el emblema de la corrupción, aunque no es el único. Está también la escuela Enrique Rébsamen, donde los padres de familia nos pidieron apoyo; ellos están tristes y muy enojados”, comenta el abogado en entrevista. Según la querella, a raíz del sismo hubo lesiones, privación de la vida de cientos de personas y daños a la propiedad en cientos de edificios que tuvieron su origen en que “probablemente el empresario, contratista o constructor de los inmuebles empleó o realizó construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas”. La petición  El abogado Pérez de Acha y los denunciantes sostiene que los técnicos que ostentan la figura de Director Responsable de Obra (DRO) “autorizaron o permitieron el desarrollo de construcciones, de las que se otorgaron responsivas sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normativa vigente en la materia de desarrollo urbano”. De la misma manera, arguyen, los propietarios de inmuebles derrumbados o dañados, sus representantes legales o constructores, “teniendo conocimiento, permitieron la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normatividad vigente, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitida”. Y añaden: La autoridad, para dar licencias o permisos relacionados con la construcción, “actuó de manera contraria a la normatividad vigente”. Los denunciantes incluyen una lista de 48 inmuebles que se cayeron por el sismo en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y Xochimilco. Piden que se investigue la pluralidad de conductas y de resultados en cada inmueble dañado. “Esto –puntualizan– es así, ya que no es creíble que ante un movimiento telúrico como el que se ha descrito, algunos edificios se caigan y otros no. Este tipo de tragedias no suceden al azar”. E insisten: la autoridad ministerial debe determinar si existe probable responsabilidad por las lesiones, homicidios, fraudes y daños a las propiedades por la negligencia o la corrupción de autoridades, empresarios, contratistas, directores responsables de obra o inmobiliarias. “Lo que hemos estado viendo es que hay mucha gente que salió afectada por la corrupción y tiene que haber responsables penales. Pero lo que queremos es ayudar a que la tónica del desarrollo urbano no tiene que ser la corrupción”, comenta. Barrido de evidencias Pérez de Acha es experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo. Egresado de la Escuela Libre de Derecho y con un doctorado en derecho por la UNAM, litiga desde 1984. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en funciones hasta el año 2020, ha promovido juicios de amparo para que la Suprema Corte revise la inconstitucionalidad del gasto público federal que deriva en derroche, opacidad y corrupción. Obtuvo sentencias en tribunales federales en temas novedosos sobre interpretación de las leyes del ISR y del IVA, así como de los tratados fiscales internacionales, impulsó las candidaturas independientes a puestos de elección popular, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Federal Electoral, por la inclusión de requisitos desproporcionados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y ha participado en la promoción de acciones colectivas en materia ambiental, entre las que destaca la interpuesta en contra de Grupo México por la contaminación del río Sonora. Respecto a la denuncia de hechos en contra de quienes resulten responsables por las muertes y lesiones de las personas que habitaban los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre, Pérez de Acha señala que es un parteaguas en la impartición de justicia para que ya no exista la corrupción en las constructoras y en las autoridades. “Nosotros no queremos fabricar culpables, queremos identificar a los responsables en la comisión de los delitos; el más importante de todos, el homicidio culposo, porque ni las constructoras ni las autoridades cumplieron con las obligaciones que les impone la ley para el otorgamiento del uso del suelo, licencias de construcción, de supervisión de obras o avance de obras. O bien por haber otorgado licencias ilegales o haberse prestado para la falsificación de documentos”, señala. Y añade: “Hay un catálogo muy amplio de ilegalidades. Nosotros vamos a abarcar todo el paquete, autoridades y constructoras, quienes resulten responsables. No vamos a hacer una selección caprichosa de los inmuebles o de si los afectados tienen voz a través de los medios de comunicación. Lo que tratamos es de completar el cuadro de la propiedad inmobiliaria porque la información es escasa o está muy desordenada, asistemática y difícil de clasificar. Es posible que nos podamos equivocar o que esté incompleta, pero vamos a trabajar con lo que tenemos y la podemos completar con pruebas o los pedimentos que hicimos”. –¿Qué tanto futuro puede tener una demanda de este tipo, que es genérica y después se irá decantando en casos particulares? –El objetivo es ir particularizando para aquellos casos en los que tengamos elementos. Tenemos un buen número de inmuebles señalados; si nos quedamos con la mitad está bien, porque es mejor que nada. Por lo menos que quede el antecedente de acción legal, que las autoridades sepan que estamos atentos como sociedad. “Nosotros estamos en la tónica de que en el futuro se contemple la prevención. No nos sirve de nada tener a 100 funcionarios, constructores y empresarios encarcelados, porque no le van a regresar la vida a las personas. Tenemos que evitar la pérdida de vidas en la medida de lo posible.” Se le comenta que hubo casos en los que el retiro de escombros se realizó de manera muy apresurada, como si quisieran desaparecer el cuerpo del delito. Pérez de Acha responde: “Sí, las evidencias las quieren desaparecer. Nosotros en la denuncia penal hacemos una petición específica al Ministerio Público, de tomar medidas para salvaguardar las pruebas. Esto es fundamental porque si no hay pruebas no podemos demostrar el delito. Esto es parte del entramado hacia donde debemos dirigir las baterías, porque sin pruebas nos van a poner más obstáculos. Esto es así, sin lugar a duda. Hay que reconocerlo”. Esta entrevista se publicó el 8 de octubre de 2017 en la edición 2136 de la revista Proceso.