CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por violación a los derechos humanos de 2 mil 038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia generada por grupos criminales. La recomendación también va dirigida al fiscal general estatal, Juan José Ríos Estavillo, y a los alcaldes de los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente. En un comunicado, el organismo destacó que aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas. Con esa omisión, subrayó, vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazados forzadamente, entre otros. Para la CNDH quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia. Por su parte, las autoridades estatales y municipales competentes para garantizar el derecho a la asistencia humanitaria o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas, como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo, fueron omisas para otorgarles dichos satisfactores mínimos indispensables para una vida digna. De igual manera, se observó que el desplazamiento forzado interno generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes. Detalló que el 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (mil 475 personas) que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva, en tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa. Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos, sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos. En ese sentido, solicitó al gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva el cumplimiento de varios puntos recomendatorios, entre ellos, que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan reestablecer sus medios de subsistencia. De igual manera, que realicen un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, y en todo el estado, y diseñen e implementen dos campañas de información. Una de las campañas para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos que tengan contacto con ellas para sensibilizarlos sobre la obligación que tienen de garantizar y proteger tales derechos.