CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Josefina Mac Gregor, integrante de la asociación civil Suma Urbana, -que se ha dedicado a investigar la condición en que se encuentran los edificios construidos en la Ciudad de México-, manifestó que el Atlas de Riesgo que presentó recientemente el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no sirve porque es insuficiente. Luego de analizar el documento que la semana pasada dio a conocer el gobierno capitalino, considera que la información que proporciona “es una colección de capas o mapas con información de diferentes áreas, pero no lo vincula con otras capas de personas, bienes, infraestructura y medio ambiente, por lo que no pueden inferirse los riesgos”. Suma Urbana dio a conocer a principios de este año una investigación que denunciaba que al menos cuatro mil edificios habían sido construidos de manera ilegal, pues el permiso era de vivienda de interés social y fueron vendidos a un precio promedio de cuatro millones de pesos. También denunció que las autoridades capitalinas habían rechazado más de 100 solicitudes de información para que se diera a conocer el atlas de riesgo de la Ciudad de México. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, el gobierno de Miguel Mancera se vio obligado a presentar públicamente dicho atlas que, según Mac Gregor, no está completo porque le falta información clave para conocer el subsuelo sobre el qué se levantan miles de edificaciones. “Demos un ejemplo de cómo se estiman los peligros a partir de un Atlas de Riesgo. Si entramos a la página del Atlas de Riesgo de la CDMX que se acaba de hacer pública hay una opción que dice zonificación sísmica. Este mapa por sí solo no nos dice mucho porque no estamos asociando la condición del subsuelo con lo que se encuentra en la superficie”, explica. La líder ciudadana precisa que si existiera un mapa con la información de catastro indicando los usos de suelo y las construcciones que se pudiera superponer, se podría cruzar la información y ver dónde están en una zona de alta sismicidad los edificios (su antigüedad), casas, escuelas, gasolineras y hospitales, entre otras cosas. Esto permitiría, asegura, entender si los usos de suelo son los correctos, qué elementos vulnerables hay, qué vías de emergencia pueden usarse, cuáles son las escuelas en caso de algún evento, dónde están y cuál es su aforo. “Así, sabiendo dónde están las personas, infraestructura y bienes y relacionándolos con posibles vulnerabilidades como sismos e inundaciones, se estima el riesgo que corren y se elaboran políticas púbicas y protocolos de emergencia. De ahí deben partir leyes como los Programas de Desarrollo Urbano”, sostiene. Josefina Mac Gregor analizó la información que presentó el gobierno de Mancera Espinosa y asegura que son mapas que ya existían y que en algunos lo que han hecho es colocar puntos de información como los sitios de derrumbes en el terremoto reciente. “Esta información que pusieron en la capa adicional del sismo de 2017 es deficiente ya que no contiene datos necesarios e importantes como la fecha de construcción, de remodelación, número de víctimas, etcétera. Si existiera este tipo de información podría iniciarse una investigación, tanto para efectos de estudiar el comportamiento de las construcciones en un tipo específico de subsuelo, como para deslindar responsabilidades en casos claros de irregularidades”, afirma. Según su opinión, el Atlas de Riesgo podría hacerse de mejor manera con la disponibilidad de fuentes de información y tecnología que ya existen. El documento actual, añade, “no es una herramienta útil para efectos de manejo de riesgos en cuanto a política pública y protocolos de emergencia al no vincular las capas con información central como población, bienes e infraestructura”. Tampoco, concluye, es producto de una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.