MONTERREY, NL (apro).- La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) exigió al gobierno nuevoleonés que justifique el uso de armas de fuego durante el motín del lunes y martes pasados en el penal de Cadereyta, que dejó 16 internos muertos y 31 lesionados. El organismo presidido por la hermana Consuelo Morales manifestó en un comunicado su preocupación por las declaraciones del vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, quien afirmó que el empleo de la fuerza letal fue necesario porque tres custodios fueron secuestrados e iban a ser asesinados. Al respecto, CADHAC consideró que “el uso de la fuerza letal debe usarse únicamente en situación excepcionales de legítima defensa y bajo un análisis de proporcionalidad ante la circunstancia, según establece el artículo 21 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ésta debe ser proporcionada, regulada humana y estrictamente necesaria, siempre como último recurso, como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El organismo no gubernamental recordó que el vocero se refirió al artículo 17 del Código Penal de la entidad, relacionado al uso de fuerza letal contra personas privadas de su libertad, “de manera que es necesario que las autoridades acrediten que se encontraban en situación excepcional y el uso de la fuerza letal fue el único y último recurso”. Paralelamente, las representaciones en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) condenaron los hechos de sangre en la penitenciaría estatal e hicieron un llamado a las autoridades de Nuevo León a investigar la tragedia, esclarecer los hechos y proporcionar justicia a las víctimas y a sus familiares. “Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables”, señalaron ambas oficinas en un boletín difundido el miércoles 11. También pidieron que sean indagados hechos de violencia anteriores en esa misma prisión, así como en las de Apodaca y Topo Chico, que en los primeros dos años de la administración de Jaime Rodríguez suman ya más de 70 muertes. En la versión que difundió Fasci Zuazua, la fuerza policiaca que ingresó al penal la tarde del martes tuvo que disparar porque los internos amenazaron con arrojar a los celadores capturados desde la azotea de un ambulatorio. “Se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Estamos abiertos a que las organizaciones de derechos humanos y la Comisión Estatal, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos acompañen en todo este procedimiento”, dijo el también director del Centro de Información para la Seguridad del Estado (Cisec). Además, la procuraduría estatal designó a ocho agentes del Ministerio Público y a 30 agentes de la Policía Ministerial para que investiguen a 54 internos por su presunta participación en el motín. Según las autoridades, 11 de los fallecidos eran secuestradores y miembros de algún grupo del crimen organizado, mientras que cinco estaban bajo proceso por delitos graves con violencia.