CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) resolverá el miércoles 18 si reclasifica el tipo penal en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, como demanda la defensa de la joven cuyo cadáver fue encontrado en las instalaciones de Ciudad Universitaria el 3 de mayo, con el cable de un teléfono público atado al cuello. De las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) se desprendió la presunta responsabilidad de Jorge Luis González Hernández, un trabajador eventual de la UNAM, con quien Lesvy vivía en unión libre. Sin embargo, la fiscalía acusó a González Hernández del presunto delito de homicidio simple por omisión. Inconforme por dicho fallo, la defensa de Lesvy apeló. En el recurso interpuesto, argumentó que la autoridad ministerial no se apegó al protocolo de feminicidio y, más aún, se presentó un peritaje de un experto independiente que demostró que Lesvy no pudo atarse del cable telefónica por sí sola. En la audiencia de apelación al fallo celebrada esta tarde en la Quinta Sala Penal del TSJ-CDMX, la defensa legal de la familia –el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y como parte coadyuvante el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)— explicó que pusieron sobre la mesa los argumentos de por qué González Hernández debe ser juzgado por feminicidio, y no por homicidio simple doloso por comisión de omisión, como resolvió el 10 de julio el juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes. El Centro Fray Francisco de Vitoria refirió principalmente que Franco Reyes no juzgó con perspectiva de género, pese a que se cumplían con al menos tres puntos para clasificar el delito como feminicidio: la exposición del cuerpo de la víctima; antecedentes de violencia —que fueron declarados por al menos dos testigos cercanos a la pareja— y las marcas de violencia en el cuerpo”, explicó la defensa. Frente a los magistrados Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo García Salcedo, el Centro señaló además la falta de control de convencionalidad en que incurrió el juez. Es decir, que no se aplicaron los protocolos nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. También advirtieron la violación al derecho a la verdad y acceso a la justicia, y a la reparación integral del daño y a la garantía de no repetición. Por su parte, la defensa de González Hernández –dos de los tres abogados de oficio que le fueron asignados desde el inicio de las diligencias, en mayo pasado— respondió que insistir en la reclasificación del delito era “cambiar la naturaleza de los hechos”, pues “Jorge Luis no cometió feminicidio, sólo homicidio simple”. Por estos argumentos, en la audiencia oral los magistrados previnieron al menos en tres ocasiones a la defensa del imputado: ello era formular una argumentación nueva. En su participación, Jorge Luis dijo compartir la petición de la familia de justicia: “Pero yo no soy el culpable, no tengo que pagar por algo que yo no hice”; pese a que en los videos de las cámaras de seguridad que entregó la UNAM se registró cómo González Hernández empujó y golpeó a la joven. Luego de una hora, la audiencia terminó y el Tribunal Superior de Justicia resolvió que hasta el próximo miércoles daría a conocer su dictamen. Afuera del recinto, un grupo de al menos 50 representantes de organizaciones sociales esperaban a Araceli Osorio y Lesvy Berlín, padres de la joven, quienes en su intervención pidieron a los magistrados una resolución “histórica” y favorable por los derechos de las mujeres en la capital. “Una vinculación por feminicidio manifestaría a otras mujeres víctimas de feminicidio que el derecho a la justicia es posible y tangible”, expresaron. Los manifestantes entregaron 60 cartas de petición y mil 128 firmas para que el TSJ-CDMX vincule a proceso por feminicidio a Jorge Luis González.