MÉRIDA, Yuc. (apro).- Los familiares de Ema Gabriela Molina Canto dieron hoy marcha atrás en su aceptación para que sus asesinos materiales, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tovilla, fueran juzgados en un procedimiento abreviado que estaba programado para hoy. La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Oral de Mérida a solicitud de la víctima indirecta del crimen, sus asesores jurídicos y aceptada por las defensas de los imputados y los fiscales. Llegada la hora de la diligencia, el juez de Control, Luis Edwin Mugarte Guerrero, informó a las partes que previamente el juzgado de control recibió un escrito de uno de los asesores jurídicos de la víctima indirecta en el cual pidió la suspensión de la audiencia del procedimiento abreviado, debido a que el asesor se oponía porque no ha recibido el pago de la reparación del daño. Dada la situación, el juzgador abrió la audiencia para escuchar a la víctima indirecta, ya que en el escrito no se expresaba su voluntad de retractarse de la forma de terminación anticipada del proceso y también para escuchar a las defensas, imputados y los fiscales. En su oportunidad, la víctima indirecta se adhirió a la solicitud de suspender el procedimiento abreviado que realizó su asesor jurídico en su escrito. La defensa de uno de los imputados manifestó su postura de seguir con el procedimiento abreviado, pero con las manifestaciones de la víctima y del asesor, solicitó al juez resolver conforme a derecho. Por su parte, la defensa del otro imputado expresó que se le hizo extraño que la hoy víctima se retractara cuando en la audiencia anterior se le explicaron los alcances del procedimiento y ella manifestó su anuencia. Los fiscales que llevan el caso expresaron que realizaron las gestiones pertinentes para la realización del procedimiento, pero ante la oposición fundada de la víctima indirecta se adhirieron a la solicitud de no realizar el procedimiento abreviado. Con base en la información vertida en la audiencia, el juez Mugarte Guerrero analizó las manifestaciones y solicitudes realizadas y accedió a la petición conjunta de no dar trámite. Antes de concluir la audiencia, el juez informó a las partes que quedaron a salvo sus derechos de solicitar nuevamente el procedimiento abreviado cuando las condiciones expresadas en la ley estén cumplidas o, en su caso, continuar con el procedimiento ordinario. Los dos imputados son procesados por los delitos de homicidio calificado, contra la salud en su modalidad de posesión simple de cocaína en su presentación de crack y a uno de ellos, además, por posesión de armas e instrumentos prohibidos. En el juicio abreviado se les impondría hoy una condena tentativa de 18 años de prisión, que ya se había acordado entre las partes. Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas el pasado 27 de marzo en las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad. Los agresores fueron un par de sicarios tabasqueños que recibirían un pago de 60 mil pesos al consumar el “trabajo” para el que fueron “reclutados”, presuntamente por encargo de su exesposo Martín Alberto Medina Sonda. Medina Sonda es socio a su vez de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo, actualmente preso. El influyente exesposo de Ema Gabriela cayó en desgracia por el caso Granier. Como presunto asesor financiero, prestanombres y lavador de dinero del exmandatario, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde en abril pasado fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Presuntamente, desde la prisión planeó y ordenó el asesinato de su exesposa. Por este caso están en prisión los cinco presuntos involucrados. Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tovilla y el mexiquense Rogelio César Reyes Barrueta, alias Güero, son procesados por homicidio calificado; y Medina Sonda, por feminicidio. El quinto de ellos, identificado como El Cachorro, fue detenido apenas el pasado viernes en Tabasco y será hasta el jueves 19 cuando se resuelva su situación jurídica. Presuntamente, El Cachorro fue quien se encargó de contratar a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, a pedido de orden de Medina Sonda. En su audiencia de imputación, la Fiscalía General de Yucatán manejó como “reservada” la identidad de El Cachorro, pues ostenta cinco nombres: Manuel Escalante Barrada o Manuel Escalona Barrada o Juan Ramón Moreno Hernández o Ricardo González Monroy o Freddy García Ramírez.