CAMPECHE, Camp. (apro).- El exalcalde Carlos Rosado Ruelas --sobre quien el gobernador priista Alejandro Moreno Cárdenas insinuó hoy la posibilidad de que sea llevado a juicio-- sostuvo que no quebrantó al ayuntamiento y que, si lo hubiera hecho, el actual edil Edgar Hernández sería su cómplice, ya que aprobó sus cuentas públicas, primero como cabeza del Congreso y luego como munícipe. A Ruelas se le acusa de no haber reportado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto sobre la Renta (ISR) que le fue descontado a los trabajadores del ayuntamiento. Se trata del mismo caso por el que están siendo procesados penalmente el exsecretario estatal de Salud Alfonso Cobos Toledo, y Miguel Duarte Reyes, que fue el administrador de la dependencia, y quienes desviaron el dinero de ese impuesto al pago de nómina. El viernes 13, contraviniendo la nueva Ley de Disciplina Fiscal, que prohíbe a los gobiernos y ayuntamientos endeudarse para solventar pasivos, el cabildo, en una ríspida sesión, le aprobó a Hernández, por mayoría, la contratación de otro financiamiento por 50 millones de pesos para cubrir una deuda con el SAT. En su afán por justificar esa ilegalidad, el alcalde culpó de ese pasivo a la administración 2009-2012, que encabezaron los panistas Carlos Rosado Ruelas y su suplente Beatriz Sélem Trueba, que por “corruptelas”, “ineptitud” e “irresponsabilidad” dejaron una deuda con el SAT por 94 millones de pesos. Luego advirtió que, si el ayuntamiento no paga su deuda al SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le embargará sus participaciones federales, lo cual compromete la operatividad del gobierno municipal. En aquella ocasión, los regidores panistas exigieron al munícipe una explicación sobre el destino que daría a esos recursos crediticios, y su respuesta fue en estos términos: “Las renuncias de su partido los ponen nerviosos, muy nerviosos. Les explico, aunque dudo que comprendan. Ni siquiera entienden el asunto de las partidas presupuestarias”, les dijo y remató con una cita textual de una trillada frase del gobernador: “Han demostrado que están en contra de todo y a favor de nada”. Enseguida recordó que el crédito de 50 millones de pesos que solicitó en 2016 fue utilizado para cubrir el Paripasos, un programa en el que por cada peso para obras que ponga el gobierno federal, el estatal y el municipal deben poner otro. Y reveló: “Nos vimos en la necesidad de ocupar recursos para otra obligación que no teníamos contemplada, que es la exigencia del SAT de liquidar un crédito de 94 millones 394 mil 611 de pesos por retención del ISR en los ejercicios fiscales 2010, 11 y 12”. “Creo que está de más decir quiénes estuvieron en esa administración municipal y que, por su irresponsabilidad, incapacidad y corruptelas dejaron de entregar a Hacienda los recursos que le detuvieron a los trabajadores”, recalcó. Remató: “Por lo tanto, si a alguien le exigen explicación deberían pedírsela a quien estuvo al frente de esa administración y que casualmente es de extracción del mismo partido al que ustedes pertenecen”. Rosado Ruelas respondió de inmediato con un mensaje que escribió ese día en su cuenta de Facebook, en la que aludió el presunto alcoholismo de Hernández, del que desde hace tiempo se habla en las redes sociales, y le recordó que el ayuntamiento está imposibilitado legalmente para endeudarse para cubrir pasivos. “Lo que provoca el alcoholismo… se la jalaron con tremenda excusa, después de siete años y siguen fregando”, escribió y añadió: “El ayuntamiento tiene prohibido solicitar créditos para gasto corriente, sólo se aprobará deuda cuando se realicen obras públicas, de lo contrario la Auditoría Superior fincará responsabilidades”. Y pidió a los regidores de oposición “estar atentos sobre dónde parará ese dinero, o bien prevenir a la Auditoría Superior del mal uso del crédito solicitado. La embestida de Hernández contra Ruelas, quien renunció al PAN hace algunos años y abiertamente apoyó en las pasadas elecciones a Moreno Cárdenas, rebotó sobre las administraciones del PRI, que antecedieron y sucedieron a la panista, y sacó a flote sus irregularidades administrativas. En entrevista con esta corresponsal, el exalcalde dijo que le tomó por sorpresa la argumentación de Hernández para justificar su nuevo endeudamiento, pues “no esperaba que volviera a sonar mi nombre después de siete años fuera de la administración pública”. Igual reconoció que dejó deuda a su sucesora, Beatriz Selem, quien concluyó su trienio, como él la recibió de su antecesor, el priista Carlos Oznerol Pacheco, y éste a su vez del suyo, el exgobernador Fernando Ortega Bernés. “Es normal que se deje deuda porque los ayuntamientos hoy en día no tienen la capacidad económica para hacer frente a todos sus gastos, a todo lo que son servicios públicos, y pues tienes que agarrar de un lado, agarrar de otro, porque los ingresos, como el predial, no son suficientes”, aceptó. También dijo que él, lejos de quejarse, buscó como solventar los pasivos que recibió de su antecesor, uno de ellos por 50 millones de pesos por concepto de cuotas obrero-patronales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual pidió ayuda al gobierno del estado y la Secretaría de Finanzas cubrió la deuda. “Y cuando se nos preembarga la SCHP, de la misma manera resuelvo el asunto que nos deja Oznerol, pagándole a la SCHP con el dinero del aguinaldo de los trabajadores. ¿Qué tuve qué hacer para pagar aguinaldos? Pedí de nuevo ayuda al gobierno del estado, que dio un préstamo que me descontó durante los años que estuve al frente de la administración”, reveló. “Es normal que una administración u otra adquiera deuda, lo que sí no es normal es que por tratar de justificar una deuda que está totalmente prohibida, traten de echarme nuevamente la culpa”, resaltó. Sobre las acusaciones de que no entregó la administración a su sucesora, la priista Ana Martha Escalante Castillo, recordó que no lo hizo él porque la que estaba en funciones al momento de la transición era su suplente, Sélem Trueba. Además, dijo que su administración dejó una deuda por aproximadamente 150 millones de pesos, pero ningún endeudamiento financiero como los que contrajeron las administraciones de Escalante Castillo y de Edgar Hernández, que endeudaron al municipio por los próximos veinte años. Insistió que a él le tocó pagar la deuda que heredó de Oznerol Pacheco, y por ello la administración que él encabezó tuvo que heredar deuda a su relevo. Aclaró que, si bien dejó esa deuda del ISR, la SHCP permite hacer convenios de coordinación “que se supone que ya estaban solucionados, por eso me parece extraño que siete años después diga el alcalde que no lo está”. Incluso, destacó que las deudas son institucionales, no personales, e insistió en que no cometió fraude alguno ni peculado contra el ayuntamiento, y justificó que todos los ayuntamientos del país tienen que desviar recursos de alguna partida para solventar necesidades prioritarias de la operación municipal. Luego señaló que, de acuerdo con la ley, la administración que recibe tiene quince días para hacer observaciones o pedir aclaraciones a la que entrega, y en su caso no se hizo, y en ese sentido el que recibe se hace responsable. Insistió en que en su caso no hubo observaciones a su persona, “y la ley establece también que la documentación se debe resguardar siete años, y después de ese período los delitos prescriben”. También recalcó que ni la administración de Ana Martha Escalante ni la de Edgar Hernández, quien ya lleva dos años en el cargo, le fincó responsabilidades, por lo que resulta extraño que hasta ahora el alcalde pretenda hacerlo. Ruelas, quien ahora apoya al diputado panista Eliseo Fernández Montúfar, hasta ahora el más fuerte aspirante a la alcaldía, reiteró que, aunque en su momento se le trataron de atribuir responsabilidades administrativas, ninguna procedió porque ninguna le pudieron comprobar. Sostuvo que no cometió ningún quebranto contra el ayuntamiento, y si lo hubiera hecho, Ana Martha Escalante y Edgar Hernández, quien fungió como líder del Congreso en la pasada legislatura en la que se le aprobaron sus cuentas públicas, se convirtieron en sus cómplices por no haber procedido legalmente en su momento. No obstante, hoy, la Auditoría Superior del Estado anunció que abrió nueve procedimientos contra la administración que encabezaron los panistas, mientras el gobernador dijo en una entrevista que un juez resolverá el caso, con lo que deslizó la posibilidad de que sea llevado a juicio.