“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

Cataluña y CPI: buenas noticias, represores

BRUSELAS (apro).- La Unión Europea (UE) y la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya están envueltas en controversias que afectan su autoridad moral en la defensa de los derechos humanos, y que llegaron de manera imprevista.

La UE está siendo fuertemente cuestionada por defensores de derechos humanos debido a la pasividad que asumió frente a las evidentes violaciones a las libertades fundamentales que cometió la policía española contra ciudadanos que pretendían votar en el referéndum independentista de Cataluña el pasado 1 de octubre.

Por su lado, la CPI intenta con mucha dificultad controlar los daños a su autoridad causados por las lamentables conductas cometidas por el abogado argentino Luis Moreno Ocampo cuando ocupó el cargo de fiscal de ese organismo, y que apenas fueron reveladas por la prensa europea.

Son situaciones negativas para la custodia de los derechos humanos en el mundo… pero tocan especialmente a los defensores de tales garantías en países como el nuestro, quienes desde hace años han fincado en esas instancias externas la esperanza de que ejerciendo presión sobre el gobierno mexicano –cada una con sus atribuciones–, éste se esforzará para cumplir con sus compromisos internacionales en la materia.

Derechos olvidados

En el caso del organismo comunitario, la embestida policiaca española contra personas indefensas motivó la condena de la Comisión Europea –el organismo que vigila el cumplimiento de los tratados comunitarios– que, sin embargo, jamás invocó la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, una ley básica que debe acatar España y los demás Estados miembros.

Y eso a pesar de que el propio Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “perturbado” por la violencia policiaca, exigió a Rajoy “el respeto de las libertades democráticas” y que aceptara “sin retraso una visita de especialistas de la ONU”.

Y a pesar de que cuatro relatores especiales de la ONU instaron a las autoridades españolas “a respetar totalmente los derechos fundamentales, incluidos los derechos de libertad de reunión y asociación pacífica; la participación de los asuntos públicos, y la libertad de expresión”, subrayando que “España tenía el deber de respetar y proteger el derecho a reunirse en paz”.

Y también a pesar de que Nils Muiznieks, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el organismo más antiguo de la integración europea, que promueve en la región los valores democráticos y el estado de derecho, pidió al gobierno de Madrid investigar de manera independiente las alegaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza el día del referéndum catalán.

Y eso a pesar de que la organización Human Rights Watch concluyó en un reporte publicado el pasado 12 de octubre que la Policía Nacional y la Guardia Civil de España incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza, “empleando toletes para golpear a manifestantes no peligrosos, causándoles múltiples lesiones”.

Para expertos como el reconocido exdiplomático británico y defensor de los derechos humanos Craig Murray, el gobierno de Mariano Rajoy habría pisoteado al menos cinco disposiciones contempladas en dicha legislación europea: el derecho a la dignidad humana (artículo 1); a la libertad y la seguridad (6); a la libertad de expresión y de información (11); a la libertad de reunión y de asociación (12), así como la prohibición del abuso de derecho (54).

Pero la UE no fue más allá de una tímida condena, y después incluso justificó cierto uso de la fuerza al tomar la defensa del presidente Rajoy.

El 3 de octubre, Murray escribió en su blog: “Aun cuando el gobierno español cometió la más indignante violación masiva de derechos humanos en muchos años dentro de la UE, en su respuesta la Comisión Europea decidió deliberadamente ignorar por completo sus obligaciones bajo la Carta de Derechos Fundamentales”.

A partir de tal comportamiento europeo, la interrogante que se proyecta en el caso mexicano gira en torno a una probabilidad real: ¿puede esperarse que la UE cambie su posición pasiva en materia de derechos humanos en México, dado que tras una escandalosa represión policiaca llevada a cabo dentro de un país miembro –y contra ciudadanos cuyas libertades civiles están entre las más protegidas del mundo– adoptó semejante actitud de complacencia?

Desde que en mayo de 2016 comenzó la renegociación del llamado acuerdo global entre México y la UE, las ONG están solicitando a los negociadores europeos que honren su palabra y refuercen la cláusula democrática de respeto a los derechos humanos –que hasta hoy ha resultado inútil–, de tal forma que la vuelvan realmente efectiva.

En una reunión que sostuvo apenas el pasado 11 de octubre con Fernando Ponz, funcionario del equipo europeo que negocia con México, el activista oaxaqueño Marcos Leyva, director de la organización Servicios para una Educación Alternativa, le insistió en la necesidad de crear dentro del acuerdo un mecanismo formal de quejas de violaciones a tales derechos, y otro desde el que expertos independientes garanticen que las libertades individuales no sean pisoteadas por los intereses comerciales.

Justicia debilitada

Por otro lado, quien ha puesto a la CPI en una situación comprometedora es el abogado que fue su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien llegó ahí gracias a una buena reputación internacional por su trabajo en el juicio contra miembros de la junta militar en su país y su lucha anticorrupción.

Y es que la red europea de periodistas de investigación reveló el pasado 29 de septiembre que, durante su mandato en la corte (2002-2013), Moreno Ocampo fue propietario de compañías off shore en paraísos fiscales como Panamá, Belice o las Islas Vírgenes británicas; algo que no niega, e incluso justifica en el supuesto hecho de que no tenía un salario “lo suficientemente elevado” como fiscal (150 mil euros netos al año).

En ese momento, su labor se regía por los estatutos de la corte, los cuales establecen que el fiscal no debe estar involucrado “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar la confianza en su independencia”.

Hay más: cuando dejó la CPI, el abogado se fue a trabajar como consultor del magnate petrolero libio Hassan Tatanaki, a quien, a través de su red de contactos, ayudó a acercarse a una de las partes del conflicto que azota a dicho país: el general Khalifah Haftar, líder del ejército nacional libio.

La investigación periodística señala que el exfiscal recibió de Hassan Tatanaki al menos 3 millones de euros, en tres años, por tales servicios de consultoría, lo que alimenta las sospechas sobre la ética e integridad de Moreno Ocampo.

Sucede que en 2014 Haftar puso en marcha la Operación Dignidad para combatir al Estado Islámico, aunque en realidad sirvió para atacar a sus enemigos políticos y derivó en violaciones a los derechos humanos, por lo que la sucesora de Moreno Ocampo, la abogada africana Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre su preocupación de lo que estaba ocurriendo con el militar libio.

La investigación europea denuncia un hecho muy grave: en 2015, una funcionaria de la CPI envió un correo a la asistente legal de Moreno Ocampo –quien había trabajado para él en la CPI– para comunicarle que Haftar podía llegar a ser imputado por incitación a crímenes de odio, ya que habría proferido amenazas de muerte a quien no colaborara con la operación en curso… a través de un canal de televisión propiedad de Tatanaki.

El exfiscal respondió a ese correo diciendo que se necesitaba poner en marcha “una estrategia para aislar” de cualquier acción legal a Tatanaki, su cliente, a cuyo asistente el mismo Moreno Ocampo previno de ese peligro que podía surgir al interior de la fiscalía de la CPI.

Tardó en fijar una posición pública al respecto, pero al hacerlo, el pasado 5 de octubre, la fiscal Bensouda fue muy dura con Moreno Ocampo, afirmando en un comunicado que le solicitó “abstenerse de cualquier pronunciamiento o actividad pública que pueda percibirse como una interferencia en las actividades de la fiscalía o perjudicar su reputación”.

Bensouda aseguró también que sus registros de información, de cuya seguridad depende que las víctimas de genocidios y crímenes de lesa humanidad testifiquen, no habían sido penetrados, y advirtió que el mecanismo independiente de supervisión de la CPI decidió abrir una investigación contra dos miembros del personal implicados en el reportaje.

Aun así, el tono del mensaje de Bensouda deja ver que la honra de la CPI quedó lastimada. Y como dice la revista gala Jeune Afrique, la más leída en Europa sobre esa región, el escándalo de Moreno Ocampo “lleva agua al molino de los desertores de la jurisdicción de La Haya”, en este caso de los africanos, algunos de los cuales han retirado a sus países de la CPI, ya que se ha convertido, según ellos, en un “instrumento de presión y desestabilización contra los países pobres”.

Pero no sólo a los dictadores africanos les conviene una justicia internacional debilitada: durante años, activistas, abogados y víctimas mexicanas de violaciones a los derechos humanos han estado entregando a la fiscalía de la CPI “acusaciones” (comunicaciones, en el argot de la corte) por crímenes de lesa humanidad en contra de figuras de la vida política del país, desde los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y máximos miembros de seguridad de sus gabinetes, hasta exgobernadores como el de Coahuila, Humberto Moreira, y el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, lo mismo que narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Y habría quizás que sumar a otros personajes de la política mexicana que pudieran aparecer en denuncias que no se han hecho públicas.

Buenas noticias…represores.

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